Silvio Méndez
Una vez más, la administración municipal se doblegó ante los pedidos de los empresarios del transporte urbano de pasajeros para aumentar los costos de los boletos de ómnibus. El servicio, notoriamente malo, en distintas ocasiones ha despertado innumerables compromisos para su mejora a cambio de prolongar el usufructo de las prestatarias o incrementar sus tarifas. Compromisos que, sistemáticamente, han ido incumplidos. Frecuencias azarosas, unidades en falta de condiciones, recorridos sin planificación, sustracción de dinero porque las tikeadoras no dan vuelto, son algunos de los déficit que se siguen repitiendo. Como es lógico, las razones que se esgrimieron para modificar la escala tarifaria fue el alza en los insumos. La promesa de contraprestación para el saneamiento fue, esta vez, la incorporación de 18 unidades antes de abril de 2009 e instalar una tecnología para el “monitoreo satelital” (sic) de los colectivos. Esta semana la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) iba a terminar el primer informe sobre la evaluación del tránsito en Paraná, pero el municipio no esperó para el decreto con el que se autorizó el tarifazo.
Desde el sábado rige en Paraná un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros. Tal como se venía anticipando desde hacía un tiempo, la Municipalidad autorizó el alza del boleto en un promedio que trepó al 28 por ciento, siendo el pasaje para secundarios y universitarios el mayor peso en los incrementos. Y tal como se viene sucediendo en anteriores ajustes, se pautaron supuestas exigencias para la mejora del servicio para justificar la suba. En agosto de 2007, el ex intendente Julio Solanas aprobó el encarecimiento del orden del 15,90 por ciento al tiempo que renovó la concesión del servicio hasta 2011 a la Asociación de Transporte Urbano de Pasajeros (ATUP), que integran las firmas La Victoria y Mariano Moreno.
Esta decisión no fue revisada por el entonces intendente electo, José Carlos Halle, pese a que se tomó antes de que venciera el plazo de vencimiento de operación de la prestataria (en noviembre 2007) y que sobre el sistema se alzaran una catarata de críticas. Incluso, como antecedente obra una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad donde le recuerda al Consejo Deliberante y a la comuna que debía garantizar la prestación y control del servicio público de pasajeros. Por ese tiempo, también se prometió que la frecuencia en los recorridos iba a mejorar, que se iban a reparar las garitas e, incluso, que se iba a unificar el sistema de colores de las distintas líneas para una mejor identificación. Nada de esto sucedió.
Finalmente, una vez en el poder, Halle sostuvo el privilegio de los empresarios y, como salida, anticipó que iba a lanzar un “plan maestro de transporte y tránsito”. La idea se materializó entonces en la constitución de una Mesa de Transporte municipal, donde todos los actores involucrados discutirían sobre la problemática en forma integral. Entre otras tareas, se encargó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que realizara un diagnóstico sobre el tráfico vehicular en Paraná para poder tomar decisiones sobre la base de un estudio concreto.
Con la investigación se pensaba poder avanzar en un reordenamiento vehicular general, para lo cual era previsible que no se debatiera una suba de tarifas sin una base sólida y una verdadera convocatoria amplia para la discusión de la problemática.
Pero los tiempos de los empresarios parecen ser otros. Avanzado un planteo para la reactualización tarifaria, la comuna finalmente cedió al incremento de tarifas que ahora se encuentra en vigencia. Con el decreto Nº 1.296 con el cual el municipio estableció los nuevos precios, también se plantearon una serie de exigencias para la mejora del servicio. Entre ellas se figura la incorporación de 18 nuevas unidades antes de abril de 2009 financiadas con la creación de un Fondo de Ahorro para la Adquisición de Unidades.
Asimismo, se dispuso que las empresas implementen un “sistema de control satelital que permite el monitoreo permanente de unidades” en un plazo perentorio. La idea hasta parece fantástica, pero ¿qué tipo de beneficios aportaría para los vecinos de Paraná un seguimiento satelital de los colectivos si la comuna nunca sancionó a las firmas a cargo del servicio por el incumplimiento de las frecuencias? El interrogante estará abierto. Además, en los requerimientos, nada se habla de que los ómnibus tengan expendedoras de boletos que den el vuelto en monedas o una modalidad que no permita la sustracción de la diferencia en dinero ante la imposibilidad del pago justo.
Frente a esta situación que se presenta como uno de los principales reclamos de los usuarios, el titular de la ATUP, Marcelo Lischet, impunemente declaró a la prensa: “No es problema mío”.
Éste, como otros aspectos, no está siquiera en la imaginación de los funcionarios. Ni hablar de incorporar coches equipados para que personas con discapacidades motrices puedan hacer uso de este tipo de movilidad, planificar los recorridos, unificar los criterios de identificación de las líneas, garitas que protejan a los usuarios y no haya temor a que alguna se desplome sobre ellos en la eternas esperas, así como tantas mejoras que se le deben a los vecinos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
