Federico Malvasio
El dirigente radical Rubén Villaverde dejó de tener fueros el sábado pasado cuando juró la nueva Constitución. Es así que ya no cuenta con protección de ningún tipo para prestar declaración ante la Justicia por las dos causas que tiene en proceso y que datan de la época en que era funcionario. En ambas está involucrado también el ex gobernador Sergio Montiel. Una sanción de su propio partido complicó cualquier estrategia dilatoria. Hay historia de fueros y desafueros que no prosperaron. En la mayoría de los casos hubo connivencia entre dirigentes de diferentes partidos.
No será el radicalismo el lugar donde se pueda refugiar Rubén Villaverde en caso de que la Justicia lo llame a prestar declaración. El dirigente de Paraná fue sancionado por el Comité Provincial de la UCR y no podrá ocupar cargos por dos años. Pero fueron tantas las contradicciones que se dieron en el marco en que se aplicó la pena, que en cualquier momento Villaverde puede llegar a aparecer como candidato, con el visto bueno, claro, de un congreso. De todos modos, quien debe tomar nota, en este punto, es la Justicia. No sería la primera vez que se le escape.
Lo cierto es que el histórico dirigente de la Seccional Octava de Paraná tiene dos causas judiciales. En una de ellas se lo involucra por un supuesto delito de Fraude a la Administración Pública y Abuso de Autoridad por haber recibido colectivos de la empresa San José como parte de pago de la deuda tributaria que la firma de transporte tenía con el Estado. El proceso, en manos del Juzgado de Instrucción Número 2 a cargo en su momento de Jorge Barbagelata, se inició en 2003 con una denuncia de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Oscar Rovira.
La otra causa trata de la supuesta firma de un decreto antedatado para la designación de personal en planta permanente de 13 trabajadores en el Ministerio de Salud en la última gestión de Sergio Montiel, de la que era funcionario. Ésta se inició en tiempos del gobierno radical a raíz de una denuncia de Jorge Busti, que por entonces era senador nacional. De los imputados, el único que prestó declaración indagatoria fue Enrique Carbó, ex ministro de Gobierno. El testimonio lo proporcionó el 13 de mayo de 2005 en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ricardo González, que hoy suple Patricia Yedro. La situación de Villaverde es la misma que en el caso anterior: se amparó en los fueros. En el proceso hubo pericias contables y pedidos de informes al Ministerio de Acción Social (en donde se dieron los nombramientos) y a la Tesorería de la provincia. En un principio, la denuncia recayó en el Juzgado de Toloy, pero la defensa pidió la recusación por sospechas de imparcialidad y la Sala I de la Cámara del Crimen integrada por Felipe Celli, Juan Ascúa y Ricardo González se la otorgó. Al recusar al juez, éste perdió la causa y como estaba en el Juzgado Número 6 pasó al Número 1.
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