Los Arenales amarrados

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El fiscal de Estado trabó el juicio para recuperar un espacio público

Como ha sucedido en los últimos años, Paraná carece de playas públicas que puedan ser disfrutadas en el verano. Como todas las temporadas estivales, vuelven entonces las preguntas por los obstáculos que impiden la utilización del complejo Los Arenales. El predio, a salvo de la contaminación y las variantes del río, se encuentra hoy en manos de un privado, tras un largo e irregular proceso en que las sucesivas administraciones comunales y provinciales han protegido los intereses de un empresario local por encima del bien común. Los terrenos fueron entregados por el ex intendente Sergio Varisco (UCR) en 2000, por lo cual se interpuso un recurso para recuperar el predio para la provincia. Pero en 2005 el ex gobernador Jorge Busti (PJ) desistió de la disputa, lo que derivó en una presentación por inconstitucionalidad de la medida. Tras la apertura de pruebas para este juicio, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, pidió la nulidad, en el último capítulo que prolonga el apaño de negocios inmobiliarios.

Anticipando el Día de los Inocentes, el viernes pasado la Municipalidad de Paraná inhabilitó la única playa de acceso público que existía en la ciudad. La apertura del Thompson, con corte de cintas incluido, no duró ni 20 días y, finalmente, debido a los peligros que suscita la notoria bajante del río, se retiró el boyado que permitía bañarse. Entonces, como ya parece ser costumbre en la ciudad al borde por uno de cursos de agua más caudalosos del planeta, este verano no contará con un lugar apto para la inmersión. Y la pregunta, como todos los períodos estivales, también se repite: ¿qué impide disfrutar de Los Arenales, el único sitio público a salvo de la contaminación y las bruscas variantes de la corriente? Como se recordará también, la misma directora de Espacios Ambientales Turísticos de la comuna, Amalia Ferreira, había anunciado a principios del corriente que con recuperación y acondicionamiento Los Arenales podría ser usado casi prescindiendo de las oscilaciones naturales del Paraná.

Pero el caso es que la posibilidad de recuperación de estos terrenos se encuentra estancada en los estrados. El último capítulo de la causa judicial mediante la cual se pretende restituir para la administración provincial el camping en cuestión lo tiene como protagonista al actual fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El funcionario, a mediados de este mes, presentó un recurso ante la Justicia que frena la iniciativa legal que tiene como fin que Los Arenales pase a dominio público.

El camino por el cual este balneario que alguna vez fue del Estado pasó a manos privadas es intricando y complejo. Lo cierto es que en el prolongado proceso, los invariables han sido cómo sucesivas administraciones comunales y provinciales sólo han favorecido el usufructo del predio en manos de un privado. Como resumen para comprender cómo se llega a esta situación, se puede mencionar que la apetencia por el lugar se retrotrae al momento que el mismo, de ser bañados y anegadizos, se transformó en una inigualable playa. Producto del refulado de arena por la obra de construcción del Túnel Subfluvial en 1957, este sector inundable se convirtió en un paraíso para los veraneantes a pocos minutos del casco urbano. Muchos vecinos alcanzaron a disfrutar de este borde costero, recordado por sus amplias extensiones y corrientes cristalinas, hasta principios de los 90.

Reconocida en un principio entonces la jurisdicción para la administración a la provincia, en una extraña maniobra, en 1965 por un artilugio del intendente Maximino Aldasoro el terreno pasó a ser propiedad del Banco Municipal de Paraná. Este origen adulterado derivó más recientemente en que, en el año 2000, el entonces intendente Sergio Varisco (UCR), en una impugnada decisión, otorgara a Sergio Gregorio Lifschitz el permiso para construir un barrio privado en Los Arenales, el denominado Amarras del Sol. La autorización se realizó a pesar de que la Comisión de Código Urbano se expidió en contra de otorgar tal consentimiento e informes técnicos advirtieron que las obras del country fluvial proyectado por el empresario ponían en riesgo el funcionamiento e infraestructura del Túnel Uranga-Sylvestre Begnis. La edificación del Amarras del Sol siguió adelante aunque, en 2003, el ex fiscal de Estado de la provincia, Sergio Avero (UCR), promovió un juicio de nulidad y reivindicación de título junto con una medida cautelar de prohibición de no innovar y contratar para que la provincia recuperara la potestad sobre Los Arenales. La presentación recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de Paraná, Secretaría Nº 4. En estos interines, las labores y comercio de lotes nunca se paralizaron. Luego, en el anterior período de gobierno, el ex intendente Julio Solanas (PJ), el ex primer mandatario entrerriano Jorge Busti (PJ), el anterior el secretario de Turismo Municipal, Carlos Monti, junto al ex subsecretario de Planificación de la comuna, Gastón Grand, motorizaron gestiones para llegar a un absurdo acuerdo extrajudicial entre los dueños de Amarras del Sol con el fin de que el municipio pudiera utilizar parte de un acceso al frente fluvial del balneario. El acercamiento contó incluso con la anuencia del propio Busti, pero el engendro mediante el cual se pretendía pedir un permiso para el uso público de la playa y a su vez “mantener el emprendimiento residencial, conservando las inversiones en el sector” –afirmó en su momento Grand–, cayó por impresentable.

(Más información en la edición gráfica del semanario ANALISIS)

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