El Estado entrerriano se encuentra en una situación muy compleja en lo económico-financiero, aunque pocos –o nadie– lo quiera reconocer en el oficialismo y la inexistente oposición siga mirando otra película. Hay un déficit de unos 400 millones de pesos, se depende de la Nación o de anticipos de coparticipación de los bancos para pagar sueldos, a los proveedores se les abona en cuentagotas, bajó la recaudación y se están utilizando fondos de diferentes organismos para cubrir baches. Como contrapartida, siguen creciendo los gastos de viáticos y no hay previsión a partir del 30 de junio. De hecho, Entre Ríos pasó a ser una de las provincias donde el panorama futuro es desalentador.
El retorno de un bono provincial aparece como la única vía, aunque hasta el propio ministro Diego Valiero no quiere que se lo mencionen.
D. E.
El cuadro es crítico, por no decir grave, y no hay que echarle la culpa a la crisis internacional. La realidad económica del Estado entrerriano, a partir del 30 de junio, aparece como lo más similar a los días previos a que el radical Sergio Montiel decidiera la emisión de bonos federales para paliar la crisis y que puso a la provincia en una situación aún peor, allá por el año 2001. Lo peor del caso es que Entre Ríos es de los casos más preocupantes en el escenario nacional porque no están sucediendo situaciones similares en otros territorios.
Hay datos concretos que marcan el cuadro. El año pasado, el cronograma de pagos se iniciaba sobre los últimos días del mes, y terminaba los días 3 ó 4 del mes siguiente. Con el correr de los meses el gobierno debió incurrir en atrasos de días hasta llegar al pago de los haberes del mes de febrero entre el 3 y el 12 de marzo, lo que representa el mayor atraso en los pagos de sueldos y jubilaciones desde tiempos de Montiel, a quien el oficialismo le dedicó buena parte de la anterior gestión bustista, como eje de las críticas por el caos provincial.
Ahora, los haberes de marzo se anunciaron que se pagan entre el 30 de marzo y el 8 de abril, marcando una reducción del atraso por el ingresos de mayores recursos de coparticipación y porque el gobernador Sergio Urribarri firmó la semana pasada un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por el déficit previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos correspondiente al año 2009 por 180 millones de pesos.
Esta semana, el ministro de Economía, Diego Valiero –que viene en ese cargo desde el inicio de la última administración de Jorge Busti–, tuvo que reconocer un déficit de unos 30 millones de pesos mensuales para el pago de salarios de los trabajadores estatales. “Se requieren alrededor de 300 millones de pesos, mientras que sólo se recaudan 270 millones. Este año arranca con déficit. En el corto plazo se pretende reencasillar en lo que se pueda el cronograma y no producir ningún tipo de atraso en los otros pagos que tiene que hacer el Estado”, dijo en declaraciones periodísticas.
El déficit de las cuentas públicas es un problema, pero se agrava aún más porque no existen fuentes de financiamiento. En el caso de Entre Ríos, desde hace un buen tiempo –en esta gestión– el gobierno provincial comenzó a atrasar el pago a proveedores y contratistas, como así también el envío de las remesas a organismos. Pero, a su vez, empezó a tomar fondos propios de los organismos en forma directa mediante transferencias o a través de la utilización de los saldos de sus cuentas por medio del mecanismo de aumentar el uso del Fondo Unificado en el Nuevo Banco de Entre Ríos (BERSA). “Durante los últimos meses la provincia tomó fondos de otros organismo en forma transitoria, pero cada vez se le hace más difícil devolverlos, por lo que varios organismos van quedando sin recursos para el cumplimiento de sus funciones”, indicó una fuente cercana al Ministerio de Economía que conduce Valiero, a quien se viene observando con sentido crítico.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
