Federico Malvasio

Una causa por secuestro y tormentos cometidos durante el gobierno provincial de Enrique Tomás Cresto fue reabierta a pedido de la Justicia Federal. El caso tensó el debate sobre los derechos humanos y la responsabilidad del Estado y el peronismo en Entre Ríos. La viuda de la víctima está dispuesta a avanzar. En el expediente figuran personas y entidades gremiales como responsables del secuestro de Marcelo Fischer, dirigente de Concordia. Un documental sobre el caso despertó la ira del ex diputado provincial y nieto del ex mandatario. ANALISIS reconstruyó la historia y consultó sobre la viabilidad de la causa.

La reapertura de causas vinculadas a los derechos humanos, en las que el Estado puso sus estructuras para secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas, deja de ser políticamente correcta cuando se corre, para atrás, la aguja que indica 24 de marzo de 1976. Los delitos cometidos en la última parte del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón es tema en que la Justicia y la política han decidido no avanzar o, en todo caso, hacerlo a cuentagotas.

En Entre Ríos, en pleno apogeo de la Triple A de José López Rega, funcionó como grupo parapolicial lo que se denominó Comando Paraná. Una causa por un hecho sucedido en 1975, con Enrique Tomás Cresto al frente del Poder Ejecutivo provincial, se reabrió a pedido de la Justicia Federal.

“Señor fiscal solicita desarchivación de la causa…”, empieza diciendo la solicitud de la jueza Miriam Galizzi, a cargo del fuero penal en el Juzgado Federal de Primera Instancia.

Se trata de una citación para Marcelo Fischer, secuestrado y torturado por la Policía provincial el 5 de diciembre en Concordia. La víctima, fallecida en 2007, hizo su primera presentación judicial a los 19 días de haber asumido Raúl Alfonsín la Presidencia de la Nación. La Justicia rechazó la viabilidad del caso por entender que los hechos denunciados ya habían prescripto. Luego de la tipificación de los delitos cometidos por el aparato del Estado como imprescriptibles, la viuda de la víctima, Mónica Pérez, dijo estar dispuesta a avanzar. Lo que en esta capital se denominó Comando Paraná y que en Concordia se conocía como “los Cadeneros de Cresto” abre la puerta a una discusión jurídica y política que incomoda al partido gobernante.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)