Por Jorge Campos (*)
Yo tengo una posición tomada desde que fui fiscal de Estado, entre 1983 a 1987, después que se recuperó la democracia. En esa oportunidad se eliminaron los gastos reservados por una decisión del Poder Ejecutivo, y en lo personal, tanto en aquella oportunidad como ahora, soy totalmente contrario a que existan: todo aquello que eroga la autoridad administrativa, es decir, todo gasto en la administración pública, tiene que tener como fundamento básico un control, una autorización y una rendición.
En el supuesto de que se utilizaran los gastos reservados, deberían estar destinados exclusivamente a situaciones de extrema necesidad –como ciertos temas de salud, higiene o seguridad– para resolver cuestiones absolutamente puntuales que tienen mucha urgencia y que, a veces, los mecanismos normales de la administración los transforman en demorosos e ineficaces.
La inexistencia de controles, precisamente, favorece la posibilidad de que aparezcan hechos de corrupción. Por eso creo que en la administración pública los controles tienen que ser extremos y absolutos. Me refiero a todos los mecanismos establecidos a través de las viejas pautas instauradas en las constituciones, como el acceso a la información pública, la declaración jurada de funcionarios, o la presencia de organizaciones no gubernamentales en el control del comportamiento público de esos funcionarios. Son medidas necesarias y positivas porque aventar el mal uso de los fondos públicos, en los cuales la autoridad no es otra cosa que un administrador.
(*) Ex fiscal de Estado durante la primera gestión de Sergio Montiel y senador provincial por el radicalismo entre 1999 y 2003.
