Silvio Méndez
Tres familias de pequeños productores del departamento Victoria fueron embargadas en sus bienes y la Justicia ordenó el desalojo de las tierras que arriendan, ya que por consejo de la Secretaría de la Producción de la provincia no se presentaron a un confuso concurso para renovar sus contratos de alquiler. Los terrenos en cuestión pertenecen al campo La Atalaya, cuyo antiguo propietario legó a la Municipalidad de Gualeguay, el Hospital San Antonio y el Hogar de Menores San José de esta misma localidad para que por su usufructo se realizara beneficencia. La mayoría de la comisión administradora del inmueble, que integran las entidades oficiales favorecidas por la renta, pretende expulsar a los labriegos a favor de grandes grupos de siembra. En un conflicto que no es nuevo, se ocultan turbios intereses y manejos discrecionales de quienes disponen de fondos millonarios por las utilidades.
Nuevamente pequeños productores del campo La Atalaya –distrito Pajonal en el departamento Victoria– están al borde de ser expulsados del predio que ancestralmente arriendan. Esta vez meced a un juicio de desalojo que fue trabado por los administradores del predio cuyo antiguo propietario legó para que, por su usufructo, se realizaran obras filantrópicas. En rigor, los campesinos alquilan pequeñas fracciones del predio total que alcanza las 3.240 hectáreas de superficie y se halla ubicado sobre la ruta provincial Nº 11, en el distrito Pajonal, departamento Victoria. Los beneficiarios y regentes de la donación que hiciera Bartolomé Vasallo –propietario original– son el Hospital provincial San Antonio, en un 50 por ciento; el Hogar de Menores San José y la Municipalidad de Gualeguay, en un 25 por ciento respectivamente; en esta proporción entonces se dividen el producto de la renta. Por el Estado provincial, también es representante de sus intereses un delegado de la Secretaría de la Producción.
Los terrenos de La Atalaya pertenecen a una de las zonas más privilegiadas de Entre Ríos, ya que su suelo es muy rico para la producción agrícola. Se calcula que su valor podría ascender a más de 100 millones de pesos si se pudiese liquidar. Atávicamente el predio fue arrendado y, consecuentemente, ha generado altas utilidades para las entidades sin fines de lucro que hoy lo explotan. El conflicto por la extracción de dinero por el arrendamiento no es nuevo, ya que se ha intentado anteriormente desplazar a los productores que alquilan pequeñas fracciones a favor de grandes agricultores. En 2005, 10 familias estuvieron en una situación similar a partir de una situación por la que se pretendió incrementar los costos del canon. De hecho, junto con los viejos minifundistas que actualmente suman ocho, también participa Sagemüller SA en unas 500 hectáreas (que ha sumado fracciones que antes poseían ocho minifundistas que han cedido su predio) y se ha mencionado a Benito Torres, que representaría a otro gran grupo económico (que ha tomado lo que antiguamente ocupaban 10 familias).
En el caso reciente, Hugo Enrique Strauch (80 hectáreas), César Raúl Heinze (84 hectáreas) y Norma Griselda Riffel, junto a su hermana Paulina (35 hectáreas), se ven en peligro de perder la posibilidad de trabajar la tierra y su único sustento, a partir de un pedido de desalojo que pesa sobre ellos. La disposición deriva de la apertura de un proceso mediante el cual la administración de La Atalaya, comandada por el secretario designado por las partes, Albérico Carboni, llamó a un concurso de ofertas por los lotes de Strauch, Heinze y Riffel, cuyos contratos vencían en junio de 2008. Tal suceso llamó la atención de los labriegos, ya que desconoció su tenencia histórica, de pagadores cumplidores –que se remonta a la década del 50–, así como la pretensión de hacerlos competir en desigualdad de condiciones frente a grandes oferentes, lo que hacía casi imposible equiparar propuestas de los poderosos capitales.
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