El incremento tarifario del servicio de gas natural disparó el número de consultas en la Defensoría del Pueblo de Paraná para asesorarse en cómo reclamar por la inconstitucionalidad del aumento. Pero además de orientar en esta protesta, en el organismo se asiste también a los ciudadanos que no tienen acceso a la red domiciliaria para que puedan obtener una rebaja en el costo de la energía eléctrica. Esta excepción está contemplada en una normativa del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, pero sugestivamente no ha tenido difusión pública. Asimismo, según estadísticas del primer semestre de 2009 sobre el tipo de trámites que se demanda, el 49 por ciento se debe a la vulneración de derechos económicos y sociales; aquí se destacó el problema con los DNI. En tanto, un 29 por ciento se debe a los servicios municipales y un 13 por ciento a atribuciones civiles y políticas.

Silvio Méndez

La defensora del Pueblo de Paraná a cargo, Martha Benedetto, participaba por estos días junto a sus pares de todo el país de una serie de reuniones en Capital Federal para abordar las distintas perspectivas en torno a las presentaciones que estos organismos han promovido contra el aumento del gas natural. De acuerdo a lo informado desde la Defensoría, la idea era entablar reuniones con legisladores nacionales que están tratando la problemática. En la agenda figuraba también la posibilidad de una entrevista con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, con la propuesta de sondear la viabilidad de dejar sin efecto el decreto por el cual se fundaron los incrementos y que ha sido objetado como inconstitucional. Finalmente, ayer se tomó la decisión de retrotraer las disposiciones que habían desencadenado la escalada en los importes.

La posibilidad de presentar impugnaciones al tarifazo por parte de los usuarios disparó la cantidad de consultas en la oficina de la Defensoría del Pueblo de Paraná, que asesora y provee del texto con los argumentos para la presentación a la empresa distribuidora del combustible. A principios de semana se contabilizaba una cifra aproximada a 500 las actuaciones canalizadas en la sede de esta dependencia y otro tanto los pedidos del contenido de nota distribuidos incluso a distintos punto del interior de la provincia. Pero las quejas por las facturas del gas forman parte de un sinnúmero de otras gestiones de intervención de la Defensoría que abarcan distintas temáticas pero sobre todo sobresalen derechos que deben ser garantizados por el Estado.

La carta

En diálogo con ANALISIS, Benedetto, en primer término explicó que el fundamento de la inconstitucionalidad del decreto Nº 2.067/08 por el cual se justificó el aumento del gas, se sostiene fundamentalmente en que se trata de un impuesto que no tiene “reserva de ley” y, por lo tanto, no puede ser aplicado sin la aprobación del Congreso de la Nación. “Por otra parte, hay otras cuestiones con la imprevisibilidad del aumento. El aumento excesivo. Esto derechos ciudadanos también están protegidos por la Ley de Defensa del Consumidor.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)