Por Daiana Pérez Gomiero (Especial para ANALISIS)
La nueva Constitución provincial estableció diferentes principios y se ocupó de materias pendientes. Así fue que entre los artículos 83, 84 y 85 se introdujeron nuevas categorías y conceptos que evidenciaron un avance en materia ambiental.
El artículo 83 nombra principios que el Estado debe garantizar: sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad; principios que, se comprende, hablan de esta estrecha relación entre el hombre y la naturaleza, relación que de ahora en más deberá ser analizada.
El artículo 84 es el que se encarga de crear un ente que regule todo lo relacionado al medio ambiente: “Un ente tendrá a su cargo el diseño y la aplicación de la política ambiental”, señala parte del texto. El artículo 85 habla sobre los recursos naturales disponibles de la provincia y, por supuesto, de la necesidad de reglamentar su uso racional, sustentable y atender los intereses locales.
La Constitución, de esta manera, se encargó de velar por el derecho ambiental de los entrerrianos. Ahora son ellos quienes deberán reglamentar ese derecho.
El Código Ambiental Único de la Provincia de Entre Ríos será el instrumento que se encargue de semejante tarea.
Jorge Kerz es diputado por el Frente Peronista Federal y hoy tiene el trabajo de presidir la comisión que la Legislatura creó para el tratamiento del Código Ambiental. “Hace nueve meses que venimos trabajando y somos 19 los diputados que integramos esta comisión”, manifiesta Kerz. Tan ardua labor tuvo conflictos desde el comienzo.
“La Cámara de Diputados nos obligó a que trabajemos con un código. Esto trae dificultades lógicas. En principio, por la estructura rígida de un código y además por la magnitud que tiene que poseer. Toda área social, toda actividad humana está relacionada a la naturaleza y al ambiente de alguna u otra manera. Por otro lado, hay normas que adaptar, precisarlas, crearlas porque no existen. Entonces, esto se convierte en un proceso enorme de aprendizaje y adaptación. Podés pasarte cinco años trabajando en un código, lo terminaste y tenés que comenzar de nuevo, porque la sociedad va cambiando. Nosotros mismos vamos transformando nuestra manera de ver las cosas y nuestras exigencias”, opina y agrega: “El presidente de la Corte Suprema también desaconseja trabajar codificando la temática de ambiente. Ésa era nuestra cuestión, si avanzábamos totalmente sobre el código o empezábamos a explorar la posibilidad de generar una ley general de ambiente, una de impacto ambiental y después acoplar un montón de leyes especiales a esa general”.
No obstante, ésta no sería la única dificultad ni la más importante. Hablar de materia ambiental es hablar de una relación paradójica, que muy pocas veces es posible conciliar. Porque hay entre el hombre y la naturaleza una relación tan intrínseca como contradictoria. “Realizar esto es un trabajo que conlleva un alto proceso de aprendizaje. No sólo del diputado, sino social y comunitario sobre nuestra relación con el ambiente y los resultados de nuestras actividades”, subraya Kerz.
Así fue que de estas reflexiones, primeros interrogantes que la comisión se planteó, surgió otra forma de legislar. “Si la Constitución crea muchos institutos de participación ciudadana, vamos a hacer que esta ley sea trabajada lo más abierta posible a la conversación pública”.
De esta manera, la comisión se abocó al trabajo de realizar el código, un “código borrador”. Una vez terminado se lo colgó en la página web de la Cámara de Diputados y se lo distribuyó a la sociedad. El fin es que cada ciudadano tome conocimiento sobre la materia, que no sólo lea el código sino que pueda aportar su opinión.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
