Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)
En su afán por controlar que todos los magistrados y funcionarios cumplan con su obligación legal de presentar las correspondientes declaraciones juradas patrimoniales, el Poder Judicial de Entre Ríos anunció el desarrollo de un software “que permita contar con una base de datos de ágil y oportuno recupero”. Con la medida se persigue un estricto cumplimiento de lo previsto en la Ley 3.886, que sirvió para crear en 1953 el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la provincia.
Pese a no contar con esa herramienta propia de la era del gobierno electrónico, “no se ha detectado omisión alguna por parte magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos”. De todas maneras, según se informó, “se ha recomendado la fiel observancia de esta ley (por la 3.886) conforme los plazos previstos y se está ejerciendo un ajustado control sobre el particular”.
Las explicaciones del caso se difundieron a través de un comunicado que el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia incluyó entre los títulos de portada de su blog, que fue presentado y habilitado oficialmente hace una semana, durante un acto realizado en el salón de audiencias del segundo piso de los Tribunales de Paraná.
Tras advertir sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3.886, el comunicado destacó en otro de sus párrafos: “De todos modos, y atento al reiterado requerimiento de precisión y detalle informativo que sobre este particular ha recepcionado el Tribunal, la actual gestión de la Presidencia del alto cuerpo encomendó la creación de un nuevo software que ya se encuentra en proceso de estructuración, a fin de poder contar con una base de datos de ágil y oportuno recupero”.
Los pedidos de información sobre los que no brindó detalles el comunicado oficial fueron presentados por ANALISIS: dos durante la presidencia de Daniel Carubia y el restante ante la presidenta Leonor Pañeda. La primera petición fue formulada el 8 de mayo de 2008, la segunda el 2 de febrero de 2009 y la última el 1 de febrero de 2010.
En todos los casos se expresó “el interés en acceder al listado de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos que hayan presentado su declaración jurada patrimonial conforme lo establece la Ley 3.886”. También se pidió conocer “la fecha de cumplimiento de esa obligación en cada caso; detalle de la identificación o clave alfanumérica de los sobres que contienen las respectivas declaraciones juradas; copias de notas enviadas a magistrados o funcionarios incumplidores; y si existiera, nómina de incumplidores a los que se aplica retención de haberes, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley 3.886”.
Se trató de un pedido semejante a los que se hiciera en diferentes oportunidades ante la Contaduría General de la provincia, el organismo que tiene bajo control y custodia las declaraciones juradas patrimonales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La diferencia fue que ese organismo no sólo brindó una nota como formal respuesta, sino que en cada caso también entregó planillas que contenían la información requerida.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
