Daniel Tirso Fiorotto
(Especial para ANÁLISIS)

En junio de 2009 el gobierno provincial informaba que un grupo inversor estaba interesado en recuperar la fábrica aceitera de Lucas González. Seis meses después, el gobernador Sergio Urribarri recorría la planta, y no se guardaba elogios para los empresarios.

No pasó medio año: este 4 de junio la justicia allanó la empresa con 34 inspectores y gendarmes, por un presunto fraude multimillonario.

La causa por Green Lake en Lucas González, que dejó al gobierno provincial en una posición harto incómoda, resultó casi calcada de la causa por Agrenco y el Puerto Del Guazú, asociadas con América Latina Logística –ALL- que administra el tren de cargas. El ex gobernador Jorge Busti recorrió en persona las instalaciones en el sur entrerriano, y destacó la “confianza” de los inversores en su gestión. Pocos meses después una gruesa investigación judicial llevó a la cárcel, en Brasil, a los principales gerentes de la firma y a políticos de aquel país por presuntas coimas.

Las maniobras de grandes multinacionales y de empresarios locales sin escrúpulos, que hacen de la evasión una norma, con firmas fantasmas y operaciones fraudulentas, fueron puestas en la mira de los inspectores y ya formaron una megacausa que promete escándalo, por las sumas millonarias que involucra.

Récord de granos y negociados

Entre Ríos acaba de batir un nuevo récord sojero con 3,5 millones de toneladas en 1,3 millones de hectáreas. Algo nunca visto.

Defensores de la salud siguen reclamando sin eco los necesarios estudios de impacto acumulativo sobre la salud de las personas y los animales, y sobre la calidad del ambiente, dado el uso masivo de herbicidas e insecticidas. A la vez, algunos economistas y dirigentes gremiales plantean la necesidad de revisar el impacto de este modelo en el trabajo, por la escasa mano de obra directa que genera y la tendencia al monocultivo y a la concentración de la tenencia en pocos propietarios, y el uso de la tierra en pooles y fideicomisos. Es decir, con escasas oportunidades para el genuino pequeño productor, en algunos casos convertido en rentista, y en otros, desplazado definitivamente.

Al malestar que generan estos interrogantes, y que empañan la noticia de los récords que se repiten año a año, se sumó este año la confirmación de los fraudes al erario público realizado por empresarios de la llamada Región Centro, que terminan dañando incluso la credibilidad de muchos de sus pares que trabajan con normalidad.

Green Lake en la mira

El caso de Green Lake puede ser un botón de muestra. En junio de 2009 el gobierno provincial informó que un grupo de capitalistas de Buenos Aires iba a invertir en la aceitera Green Lake de Lucas González, que estaba parada.

“Los empresarios interesados anticiparon que piensan hacer inversiones, pero tomarían menos empleados de los que originalmente tenía la fábrica. Por eso nos reunimos para buscar alternativas de solución. Una de esas opciones es la que ofrece la Secretaría de la Producción: la de encarar micro emprendimientos productivos destinados a quienes queden fuera de la planta”, dijo entonces la intendenta Zunilda Gobo, junto a funcionarios provinciales.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)