Privilegios políticos

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El negocio de los procuradores fiscales de la DGR: designados a dedo, con asignación arbitraria de causas y honorarios garantizados

D.E.

El caso es emblemático, pero pinta de cuerpo entero la situación. La empresa Sattler de Paraná (que cerrara en los ’90), tenía una abultada deuda con la Dirección General de Rentas de la provincia. Uno de los procuradores fiscales de la DGR inició el expediente administrativo de cobro, por 2.704.499,62 pesos, pero cuando lo hizo, la deuda ya había prescripto. El Estado nunca le cobró la deuda a Sattler, pero la justicia dispuso que a los abogados/procuradores, se les pague los honorarios del juicio: un total de 689.263 pesos que, obviamente, deberá salir de las arcas públicas.

El manejo de los procuradores fiscales en la provincia es un punto oscuro que ningún gobierno quiere esclarecer. Todos aplicaron el mismo criterio: designación firmada por el gobernador de turno, vía decreto -en función de intereses personales, amistosos o familiares- y reparto de causas, según los montos adeudados, también con ese mismo criterio arbitrario. Lo hizo Sergio Montiel, Mario Moine, Jorge Busti y no lo cambió Sergio Urribarri. “Son quienes se apoderan de los deudores y hacen negocios con ellos. Hay gente que es deudora compulsiva; cada tanto se mete en una moratoria, hace un acuerdo, pero antes le debe pagar los honorarios al procurador. Se cae ese convenio, hace otro, pero antes tendrá que pagar nuevamente los honorarios del procurador”, contó a ANALISIS un entendido en el tema. Lo más grave del caso es que, muchas veces, la DGR nunca se enteró del pago de honorarios -porque ello se concreta en un determinado estudio jurídico o contable- y por ende, las causas, terminan cayéndose en los juzgados. Y en la mayoría de los casos, los procuradores terminaron cobrando honorarios equivalentes al importe adeudado, pese a que lo normal debería ser que perciban entre el 10 o el 12 por ciento de la deuda.

¿Por qué no se revierte tal situación?: nadie lo sabe responder o, mejor dicho, nadie quiere variarlo. Se deja así, todos siguen disfrutando del negocio, aunque se resienta la recaudación de un organismo provincial que está para eso. ¿A ningún legislador del oficialismo o la oposición se le ocurrió redactar un proyecto de ley que revierta esta situación de arbitrariedad, donde los deudores terminan siendo rehenes de los procuradores fiscales?

En los últimos años, la DGR perdió importantes sumas, que siempre vendrían bien para la reparación de escuelas o el equipamiento de centros de salud con serios problemas para la atención de la gente. En el Juzgado Civil y Comercial Número 1 de Paraná, por ejemplo, hay 36 expedientes de juicios con caducidades declaradas de oficio, por unos 145.000 pesos. Otros 77 casos, por casi 450.000 pesos, están “paralizados” o en situación de “caducidad”. Un tercer lote, donde aparecen conocidas empresas (Supermercado Norte, Serrol SA, Transporte Automotor SRL, Schuster SRL, Sociedad Médica de Resonancia Magnética SA, etcétera, con los mayores montos adeudados), entre 53 expedientes iniciados, que llegan a 582.000 pesos, también se encuentran en “situación de caducidad”. Un cuarto grupo, que comprende a unos 70 deudores, fueron desestimadas por falta de acción de parte de los procuradores y en consecuencia terminaron en el archivo.

La falta de control

“No puede ser que nosotros no sepamos nada de lo que hacen los procuradores, porque nadie nos informa”, dicen que dijo malhumorado, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, porque nunca pudo incluir en su informe anual en qué situación se encontraban los juicios iniciados por la DGR. Por eso fue incluso que ordenó un rastrillaje por cada uno de los juzgados civiles y comerciales de Paraná, incluyendo el número 10, que es el último creado y donde en los últimos dos años se concentraron las nuevas presentaciones, firmadas por procuradores jóvenes, nombrado por Urribarri y el ministro de Economía Diego Valiero, quien controla personalmente tal cuestión. No obstante, resulta imposible acceder a la nómina completa de los procuradores actuales, pese a que debería ser pública. En verdad resulta inadmisible que se trate a tales profesionales, designados políticamente, como una cuestión de “secreto de Estado”.

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