Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)
El Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de Entre Ríos está asentado en una planilla compuesta por 17 folios y su última actualización se efectuó el 11 de marzo pasado. Figuran ahí los nombres y apellidos de 1.469 funcionarios y empleados fuera de escalafón dependientes del Poder Ejecutivo, de los cuales 181 omitieron informar sobre la conformación de sus respectivos patrimonios.
Así se desprende de la respuesta brindada por la Contaduría General de la provincia ante un pedido de acceso a información pública efectuado por ANALISIS. Los espacios en blanco en la columna reservada al recibo oficial, como pueden verse en el facsímil que acompaña a estas líneas, dan cuenta de los funcionarios que no entregaron su declaración.
Para hacerlo contaban con un plazo de 30 días hábiles tras la asunción en sus cargos, conforme lo establece la Ley 3.886, por la que se creó en 1953 el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Vencido ese plazo la Contaduría está habilitada para solicitar que a los funcionarios incumplidores se les retengan sus haberes hasta tanto no informen sobre la conformación de sus patrimonios.
Claro que no siempre se cumple con lo dispuesto en el artículo 15º de la norma antes mencionada. La única vez que se aplicó esa sanción fue en el 2008, cuando la Dirección General del Servicio Administrativo y Contable de la Gobernación le retuvo su sueldo al secretario de Interacción Municipal, Héctor Alanis, tal como informó este semanario en su edición 837.
De la documentación brindada a fines de marzo pasado por la Contaduría General también surgieron otros dos datos importantes. No hubo intimaciones para que los infractores regularizaran su situación y tampoco existieron pedidos para que se les impidiera cobrar sus sueldos.
Tras advertirlo este semanario acudió a la oficina de Bienes y Acreencias, que reúne y sistematiza la información con la que se elabora el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales. En esa dependencia se explicó que una vez concluida la cuenta del ejercicio 2010, que debe ser remitida en plazo perentorio a la Legislatura, se enviarán notas para que los funcionarios incumplidores depongan su actitud.
Trabajo silencioso
Según la información oficial, la base de datos durante la gestión Urribarri se incrementó en forma notoria: el primer relevamiento, efectuado el 10 de abril de 2008, incluyó a 671 funcionarios, de los cuales sólo 421 habían presentado su declaración jurada dentro del plazo legal. En cambio en marzo pasado, de acuerdo a lo informado por la titular de la Contaduría General, Adriana Noé, el listado se conformó “con 1.529 cargos entre funcionarios y personal fuera de escalafón bajo la órbita de esta Contaduría General”.
La lista incluyó a más personas de las que correspondían. Entre ellos a 34 ex convencionales constituyentes y a 26 legisladores y funcionarios de la Cámara de Diputados, que cuenta con su propio Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales.
Noé explicó que “actualmente este organismo se encuentra realizando nuevamente los controles pertinentes, considerando las adecuaciones que se están produciendo, motivadas por la nueva estructura orgánica funcional aprobada por la Ley 9.958 y el decreto 1.349 MEHyF”.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
