Hugo Remedi

Tanto el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, como su enemigo, el actual presidente del bloque de Diputados de Entre Ríos, Jorge Busti, continúan chocando con problemas a la hora de cerrar las candidaturas, y el tiempo apremia. En efecto, al primero porque le sobran candidatos, en cambio, al legislador provincial porque le faltan.

En la ciudad de Victoria emerge precisamente esta ecuación. Es así que Jorge Busti, sin demasiado margen de maniobra y a instancias del actual diputado provincial y presidente de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Juan Carlos Almada, decidió postular como candidato a la Intendencia de la ciudad en las próximas elecciones de octubre al abogado Roque Ferrari.

El peronismo oficialista, preocupado por sus propios problemas intestinos, dejó pasar el anuncio pero ya tienen en Paraná dando vueltas un poder para que, apenas se oficialice la candidatura de Ferrari, los apoderados embistan contra la retaguardia bustista. Así aducirán que, producto de lo que establece la nueva Constitución provincial aprobada en el 2008, quienes hayan ocupado cargos públicos de jerarquía en gobiernos de facto no pueden volver a ocupar cargos públicos electivos. Y allí encuadrarán a Ferrari. Así de clara y taxativa es la norma.

Ferrari, el candidato en cuestión, es un trabajador de planta del municipio de Victoria que en los dos últimos años del gobierno militar que entregó el poder al presidente ungido por las urnas en aquel 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín, ocupó el cargo de presidente municipal de Victoria.

Obediencia debida

No obstante, Ferrari ya tiene preparada su defensa porque bien sabe lo que se viene en su contra. Aducirá entonces que él no fue intendente en el sentido pleno de la palabra, sino que estuvo “a cargo” de la firma en su carácter de secretario de Gobierno de la comuna.

¿Será acaso su situación un problema de acepción? Difícil. Primero porque de uno u otro modo desempeñó un cargo que la actual Constitución contempla como funcional o cómplice de un gobierno dictatorial. Segundo porque, si el mismo Ferrari admite que fue llamado a ocupar la Intendencia porque era secretario de Gobierno, le será difícil obviar que de todos modos estuvo en un cargo, aunque de menor jerarquía, considerado a todas luces político.

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