Antonio Tardelli
Pese a que la norma fue sancionada por la mayoría de los entonces legisladores provinciales, no hay actualmente una sola voz que defienda de manera encendida la Ley 9.659. Tal vez la excepción sea su promotor, Emilio Haroldo Castrillón, entusiasta jurista del peronismo que tras impulsar el régimen fue premiado con un cargo en el Superior Tribunal de Justicia, desde donde recurrentemente amenaza con regresar a la política para someterse a su criatura. La vigencia de un sistema mayoritariamente repudiado marca el fracaso de la política entrerriana y particularmente la responsabilidad del dividido justicialismo gobernante, cuya fractura torna imposible la construcción de consensos tendientes a modificar el sistema.
La pulverización de los partidos políticos no puede ser adjudicada a legislación alguna pero en todo caso la llamada Ley Castrillón no ayudó a reparar nada. Desde su vigencia, el partido gobernante experimentó sucesivas divisiones y su oferta electoral se diversificó, lo que significa que la institución partido político fue incapaz de resolver eficazmente el problema de las candidaturas. En 2007 Sergio Urribarri y Julio Solanas convirtieron la interna en externa y lo propio harán este año el propio Urribarri y su mentor Jorge Busti. El justicialismo no tendrá disputa real porque la postulación de Gerardo González, empleado del gobernador, apenas si cumple una indisimulada función legitimadora. González está ahí, participando del simulacro, para que el oficialismo pueda enrostrarle a Busti un impecable funcionamiento de la instancia partidaria. Ni falta que hace: Busti juega por afuera del PJ por una elemental cuestión de relación de fuerzas y no por la mentada falta de garantías.
Nadie desecha un escenario favorable espantado por un riesgo apenas razonable. Así, la interna abierta peronista del 14 de agosto es un trámite cuya seriedad está en línea con las atrapantes alternativas que rodearon la candidatura concordiense del Payaso Chuculengo.
Urribarri, el mejor posicionado si uno cree en las encuestas que difunde el gobierno, es el único de los candidatos a gobernador que todavía no lo es: será precandidato hasta tanto supere la instancia de agosto, a la que no están sometidos Atilio Benedetti, Jorge Busti ni Armando Saliva. Resulta evidente que se trata de un acotado proceso de selección, regulado además por una normativa que alienta la trampa. Bustistas y radicales, sin nada provincial que resolver en las primarias, podrían incrementar artificialmente el caudal de González al solo efecto de mellar la imagen del gobernador. Peronistas temerosos de las posibilidades del radical Sergio Varisco, precandidato a intendente de Paraná, podrían operar para sus adversarios internos. No se trata de una abstracción: el temor a intervenciones extrañas fue un elemento que contribuyó decisivamente para que en la UCR se sellaran acuerdos polémicos. El régimen electoral, que se muestra impotente para revertir el desinterés mayoritario y generar oleadas de participación espontánea, habilita sí la materialización de prácticas distorsivas de la voluntad popular. La enfermedad no era tan mala como el remedio escogido.
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