D. E.
El abogado no puede con su genio. A mediados del 2012 quizás pueda empezar a gozar de libertad condicional, en la condena que tiene sobre sus espaldas, por el intento de apropiarse (aunque se robó buena parte) de la herencia del hacendado José Alberto Reggiardo, fallecido en julio de 1998, pero no está todo dicho. Sucede que recientemente, el Juzgado Federal de Paraná le inició una causa por la falsificación de documento público. O sea, algo así como su objetivo de vida en los últimos 15 años.
Sucede que Martínez -quien actualmente está cumpliendo pena de prisión en la cárcel de Victoria, históricamente destinada a menores que llegan allí por diferentes delitos- presentó ante la Cámara del Crimen de Gualeguay -la que lo condenó en el 2008- supuestas copias autenticadas, por una escribana de Nogoyá, referidas a un dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la causa por la cual se encuentra condenado, después de presentarse un recurso judicial, con el patrocinio del letrado paranaense Marciano Martínez.
Mediante ese ardid, el condenado Martínez pretendía obtener su inmediata libertad, argumentando que el fallo de la Corte Suprema lo disponía de esa manera. De hecho, en el escrito presentado exigía la “inmediata libertad ambulatoria”; que debía dictarse “una nueva sentencia” e incluso recusó a fiscales y jueces que actuaron en diferentes instancias relacionadas a la causa.
Incluso, la maniobra del recluso llevó a su abogado a que así lo informara públicamente en diferentes medios de comunicación de la provincia, pese a que era erróneo. Por eso fue que la justicia gualeya -con Esteban Elal como presidente y Arturo Dumón como vocal-rechazó la excarcelación del preso, al interpretar correctamente que la Corte Suprema había confirmado la condena y solamente modificaba lo resuelto en primera instancia en relación a uno de los delitos cometidos. Pero, a su vez, envió la documentación fraguada de Walter Martínez al procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge García, quien dispuso que sea derivado a la Justicia Federal, para iniciar una acción penal.
Según se pudo saber, el fiscal actuante, José Ignacio Candioti hizo lugar al planteo de García, lo que no solamente comprendería a Walter Martínez, sino también a la escribana María Josefina Lobbosco, de Nogoyá, quien declaró “haber tenido a la vista, en fecha 4/10/2011, los originales de los expedientes cuyas copias se adjuntaron, lo cual resulta imposible, según surge de las propias constancias”. Es decir: la Corte Suprema nunca entregó copias de su resolución sobre el caso Martínez.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
