Antonio Tardelli

Varias razones, que en última instancia remiten a las características por las cuales el justicialismo se las ingenia para gobernar con menores niveles de conflictividad que sus adversarios, explican la relativa calma con que la administración de la intendenta Blanca Osuna deja en la calle a más de 1.000 contratados sin que por ello Paraná se convierta en un polvorín.

La drástica decisión del gobierno municipal cuenta con dos componentes insoslayables que funcionan como aliados. El primero es la sensación generalizada de que la administración de José Carlos Halle se excedió groseramente en la contratación de personal, determinación que sin embargo no le permitió alcanzar aceptables niveles de eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

El segundo elemento que habilita a Osuna para despedir municipales sin sacrificar su caudal político es el desprestigio galopante del adversario que naturalmente sale a resistir el reordenamiento. De hecho, en cuanto a la presentación social del conflicto, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) y su controvertido secretario general, el diputado provincial Hugo Vázquez, del Frente Entrerriano Federal, resultan a su pesar los mejores propagandistas del ajuste. En tanto opositores al gobierno, el SUOYEM y Vázquez, con sus prácticas burocráticas y poco transparentes, les ofrendan a las autoridades la posibilidad de presentar como un hecho razonable una razzia de semejante envergadura.
Sólo el peronismo puede despedir un millar de trabajadores y proseguir sin trastornos significativos su andar por el poder.

Ello, sin embargo, no oculta una situación que, en un plano no masivo pero sí influyente para las caracterizaciones posteriores, daña sin remedio al gobierno. Como sea, Osuna inaugura su mandato dejando sin empleo a muchos paranaenses y el Frente para la Victoria termina escogiendo para un problema estructural una solución semejante a la que hubieran recurrido sus antecesores de los años 90.

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Descontando los recursos del Fondo Federal Solidario y otras partidas de asignación específica, el pago de remuneraciones consume una cifra cercana al 75 por ciento del presupuesto municipal. El destino de tres de cada cuatro pesos de la administración local convierte a la discusión en torno del personal en un asunto que excede ampliamente la relación entre el Estado patrón y sus asalariados.

Como en otros asuntos, no existe un pronunciamiento específico de la ciudadanía respecto de si esa relación –inconveniente según los funcionarios, tolerable según los sindicatos– es la más adecuada. La discrecionalidad de los funcionarios públicos, el amplio margen de maniobra del que disponen, está en la raíz del problema de los contratados, que finalmente (salvo que el Poder Judicial dictamine la ilegalidad de tal o cual nombramiento) se resuelve exclusivamente por el periódico pronunciamiento electoral de la ciudadanía.

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