D. E.
“Esto no lo pienso dejar pasar”, dijo la magistrada el año pasado. Leonor Pañeda, vocal y actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) no ocultaba su bronca cada vez que leía, escuchaba o veía al ex senador nacional Héctor Maya (PJ-Entre Ríos) apuntándole al centro del pecho, en respuesta a decisiones adoptadas por el Tribunal Electoral de la provincia, que ella misma presidía, tras quedar fuera de juego en las elecciones general del año pasado el partido que presidía. Ya por esos días de 2011 -cuando Maya arremetió contra su figura, vinculándola fundamentalmente con la última dictadura, por haber ingresado a una dependencia oficial en 1978, a escasos años de haberse recibido como abogada- la alta funcionaria acudió al estudio de Noemí Berros y le pidió que la defendiera.
La reconocida letrada, ahora vocal del Tribunal Oral Federal de Paraná, confeccionó las primeras cartas documento que se le enviaron a Maya y buena parte del escrito que este año fue presentado en el Juzgado Civil y Comercial número 4 de esta capital, a cargo de Eduardo Federico Planas, oriundo de Villaguay, por “injurias y calumnias”. Después, ante el nombramiento de Berros, el camino legal en torno a la estrategia de Pañeda lo siguió el abogado Ladislao Fermín Uzín Olleros.
En el extenso escrito, al que tuvo acceso ANALISIS, Pañeda recordó primero sus datos personales (casada a los 18 años con Mariano Coll Moritán –ya fallecido-, incluso con alguna reseña de su hija y sus estudios universitarios); que siempre vivió en Paraná (a excepción de 1971 y 1972, en que residió en España) y que obtuvo el título de abogada a los 23. Que ejerció la profesión durante 17 años y que a los 26 ingresó como empleada de la Administración Pública provincial “con la categoría 17 (entonces -dice- la más baja del tramo técnico-profesional del escalafón)” en el “Departamento Legislativo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de la provincia, en el que me desempeñé desde 1978 hasta 1992”, en que ingresó al Poder Judicial de la provincia. Pasó a ocupar el cargo de agente fiscal número 2, cuando Mario Moine era el gobernador y Darío Quiroga el ministro de Gobierno y Justicia.
(Más información en la edición 970 de la revista ANALISIS)
