Daniel Tirso Fiorotto
Especial para ANÁLISIS

“Los crecientes operativos de fuerzas federales y provinciales realizados desde 2006 a la fecha en varios puntos del río Uruguay revelaron que esta región es cada vez más utilizada para ‘pasar’ drogas. El transporte se hace tanto por tierra (a través de puentes) como por agua y aire. Esto convirtió a los pasos entrerriano-orientales en una nueva frontera caliente del narcotráfico, que triangula envíos de Argentina a Uruguay y a Europa como destino final”.

La información está fechada en diciembre de 2011 por Clarín.
Con rutas de altísimo tránsito de mercaderías como las 12, 14 y 127, y otras rutas fluviales de enorme significación para el comercio del cono sur americano como son los ríos Uruguay y Paraná, Entre Ríos está expuesta al comercio internacional y sus presiones, y eso marca la menos conocida de las agendas públicas.

Pero si en los discursos se reiteran las promesas de reactivación, en los hechos lo que se ve es un internismo en el partido oficial, tanto en Concepción del Uruguay como en Islas del Ibicuy, y en los papeles lo que sobresale es el desembarco de firmas privadas con fondos multimillonarios en dólares, para captar (con la venia oficial) los espacios abandonados por el Estado.

Con promesas incumplidas por los gobiernos nacional y provincial sobre la reactivación de los puertos, con una historia de corrupción e impunidad que asombra y en el que las palabras Performar y Pacayut son ya símbolos; y cuando se cumple un año del derrumbe del principal puerto de aguas profundas de la provincia sin que se haya refaccionado un solo metro de los muelles destruidos, la provincia está en deuda con un tema central para la actividad económica de la economía granaría, forestal, fluvial de la región. Lo que brilla es la ausencia de información precisa, la connivencia entre políticos y empresarios, y la alta injerencia de intereses de multinacionales como Dreyfus y Cargill.

Los reclamos y pedidos de informes de legisladores como Atilio Benedetti y Rosario Romero no han recibido respuestas.

El enroque

Héctor Rodríguez, de deslucida gestión al frente del Instituto Portuario, fue reemplazado por Carlos Scelzi, que había sido expulsado de la asesoría del puerto de Concepción del Uruguay “por ñoqui” (cobrar sin trabajar), según los funcionarios que tomaron la medida, y que luego acordara con el gobernador Sergio Urribarri una indemnización millonaria por ese caso, antes de que la Justicia fallara.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS del 19 de julio de 2012)