Federico Malvasio
(Especial para ANÁLISIS)
Ignorancia absoluta. Esa es la impresión que trasmiten magistrados y funcionarios con despachos en Casa de Gobierno que tienen relación con el Poder Judicial, cuando se los consulta sobre una posible reforma judicial. La “democratización” de la Justicia, que intentó replicar el gobernador Sergio Urribarri para seguir la línea de la Presidenta, fue sólo un gesto de alineación política, con la mirada puesta en Buenos Aires. Así lo entienden todos. Los disparos recibidos por cuatro inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Villa Elisa y el posterior coro de dirigentes y funcionarios pidiendo ¿un juicio político? al fiscal que entiende en la causa es un ejemplo más de la necesidad de no salirse del relato.
La iniciativa de que sea “el pueblo” quien elija a los integrantes del Consejo de la Magistratura no mereció la reacción de ninguno de los sectores involucrados. Sólo la inquietud del periodismo puso de relieve las opiniones de jueces, fiscales, camaristas, entidades que representan a profesionales del Derecho, ex convencionales y docentes. En algunas redacciones tuvieron que guardar informes que indicaban que el proceso de selección de magistrados funciona bien. No se podía vaciar de fundamentos la consigna del jefe. El lunes por la noche, la jefa de Estado ratificó sus intenciones de reformar el organismo que evalúa y selecciona magistrados.
Quienes se expresaron públicamente y en off de record se manifestaron en contra de cualquier reforma, con la excepción del Senado que, a 48 horas del anuncio del mandatario, emitió un comunicado en el que informaba que iba a trabajar en una “democratización” judicial. “Que el poder resida exclusiva y excluyentemente en el pueblo”, manifestaron el presidente del único bloque peronista, Enrique Tomás Cresto, y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Aldo Ballestena. Pero se quedaron con esa premisa. Adelantaron que impulsarán “otras reformas que respondan en favor de los sectores de los que menos tienen”. En el último párrafo enviaron un mensaje a los magistrados: “Es necesario también que los jueces y funcionarios judiciales muestren sin ningún reparo y obligados por la ley sus respectivos patrimonios a plena luz del día, que todos sepamos a ciencia cierta el contenido de los mismos”. ¿Y por casa? La guerra entre el Ejecutivo y la Justicia que se ve en el gobierno nacional no es trasladable a Entre Ríos. Muy simple: no hay fallos del Poder Judicial entrerriano que hayan puesto en apuros a la Casa de Gobierno.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 11 de abril de 2013)
