La delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ya contabiliza tres casos de penitenciarios que en los últimos años han realizado una presentación formal ante ese organismo. Las denuncias han sido ingresadas contra el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), más precisamente para que se investigue la conducta de su director General, Horacio Ernesto Pascual. Los casos, en términos generales, apuntan a un trato discriminatorio y a prácticas persecutorias en el marco de la actividad laboral de los agentes.
Aunque el número parezca menor, en rigor el dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que no son usuales este tipo de planteamientos en el seno de una institución de seguridad, cuya estructura es verticalista y de rígida jerarquía disciplinaria. O quizás por esto, los cuestionamientos no suelen divulgarse extra muros.
Si bien en el Inadi Entre Ríos no trascendieron detalles de los casos en los que toman intervención, sí se confirmó su actuación, que igualmente se encuentra circunscripta a una faz de intermediación. Sus resoluciones pueden resultar, en todo caso, antecedentes si algunas de las partes decidieran trasladarla a la esfera judicial. Precisamente sobre algunas de estas recomendaciones se basa el desistimiento de las denuncias por parte del Servicio Penitenciario.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 6 de Junio de 2013)
