Daniel Enz

Un funcionario que puede definir cuestiones de la obra pública en determinado lugar, tiene a su vez una empresa de construcción. Otro, puede disponer de una librería o una imprenta por donde pasan demasiados negocios del Estado. Un tercero figura al frente de una agencia de publicidad o de contenidos, es uno de los predilectos del gobernador y hace buenos acuerdos de propaganda política o en temas agrícolas. Un cuarto funcionario ocupa un lugar preponderante en el gabinete y dispone de una envidiable variedad de negocios, algunos de los cuales también facturan para el Estado que debería cuidar meticulosamente.

Para muchos consultados, “se ha perdido el límite. Es como que todo vale y todo está justificado”. La realidad es cruel y preocupante, pero no lo debaten ni el oficialismo ni la oposición. Y menos el partido gobernante, conducido por Sergio Urribarri, candidato a senador nacional suplente, pero también en una reducida grilla de posibles referentes del justicialismo, para integrar una futura fórmula presidencial en el 2015. Ese mismo gobernador nunca quiso avanzar en la sanción de una ley de ética pública para el Estado entrerriano, que quizás hubiera puesto coto a tanta irregularidad.

De hecho, si uno asocia en internet el nombre de Urribarri con la palabra transparencia, se dará cuenta que no aparece archivo alguno que pueda hablar sobre el tema. Precisamente, porque no está en el diccionario del urribarrismo.

Varios de los colaboradores más cercanos del gobernador no tienen problemas a la hora de desarrollar negocios con el Estado. Saben perfectamente que no existe ninguna ley que marque esa incompatibilidad y tampoco habrá quién o quienes acudan a Tribunales a realizar una denuncia por negocios incompatibles con la función pública. El artículo 265 del Código Penal establece claramente que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo".

Uno de los familiares directos del gobernador, como el caso de Juan Pablo Aguilera, es el secretario coordinador de la Vicegobernación de Entre Ríos, ubicado allí precisamente por Urribarri. A su vez, es uno de los hombres que en los últimos tiempos manejó buena parte de los fondos de campaña del PJ. El hermano de la esposa del primer mandatario logró una porción de poder en el manejo de fondos públicos del Senado, con inserción también en Diputados, pero, a su vez, dispone de un importante margen de maniobra para desarrollar otros negocios con el Estado. Por un lado, dispone de una imprenta que antes se denominaba 5tipos, con sede en calle Cura Alvarez, pero hace más de un año que se denominan Formato Urbano y se encuentran en calle Racedo 415, donde disponen de un galpón inmenso, de 15 metros de frente y 40 metros de fondo, con importante tecnología para desarrollar productos que otras firmas parecidas de la región no disponen. Por ejemplo, se puede citar las inmensas gigantografías que en diferentes fechas se pusieron en el frente del Consejo General de Educación u otros organismos públicos, para recordar determinadas fechas históricas o relacionadas a reivindicaciones por los derechos humanos. “Algunas de ellas llegaron a costar hasta un 200 y un 300 por ciento más que el año pasado”, se indicó desde un lugar de la Administración Pública, por donde se pudo observar el expediente con las facturas. Pero no es todo: la familia del funcionario del Senado también dispone de una coqueta y completa librería ubicada en la esquina de Monte Caseros y Gualeguaychú, que tiene un intenso movimiento de papelería con el Estado provincial y donde se desempeñan numerosas personas. El nivel de facturación es alto; no todo se declara ante la Administración Federal de Impuestos (AFIP), que siempre persigue a los pequeños, pero nunca se mete con aquellos ligados al oficialismo. No mira sus negociados ni tampoco quiere saber nada con las casas o las quintas fastuosas donde viven ni con el alto nivel de vida que tienen desde hace no más de cinco años.

Amigos son los amigos

Los amigos del poder o del propio gobernador también hacen buenos negocios, a partir de decisiones. Un caso paradigmático es el del empresario teatral y futbolístico Daniel Comba, oriundo de Córdoba. Siempre hubo una firme afinidad con Urribarri a partir de los negocios del fútbol y más de una vez se comentó de la posibilidad de acuerdos económicos por determinados jugadores del mercado argentino y en el exterior. Este verano, Urribarri y Comba fueron los que montaron todo el esquema de teatro de revistas en Colón, Gualeguaychú, Concordia y Villaguay. En Colón hubo que armar todo un teatro, con las correspondientes refacciones y comodidades. Hay quienes señalaron que desde el gobierno le exigieron a los empresarios de la constructora Pietrobboni, de Concepción del Uruguay -que siempre se ha visto beneficiada en buena parte de los gobiernos peronistas- que se hicieran cargo de toda la realización, sin licitación alguna y que el dinero saldría del Estado. Los Pietrobboni tuvieron que hacer todo en tiempo récord, a cambio de adjudicaciones de otras obras posteriores, tal como viene sucediendo. Ah, claro, también le impusieron algunas exigencias, como por ejemplo, hacerse cargo del pago de los últimos sueldos que cobraron los empleados de la empresa trucha de confección de cosechadoras que nunca se vendieron en Angola -pese al crédito de 5 millones que le dio el gobierno- y de esa manera no sacrificar públicamente a los empresarios de la firma.

Otro de los beneficiados con los negocios es el subsecretario de Tecnología para la Gestión y Asuntos Regionales, Sergio Fabián Gómez. Desde el 2005 a esta parte, junto a Ignacio La Barba y Pedro Báez fueron los hacedores del discurso y márketing de Urribarri. El único que aceptó ser funcionario en el primer gobierno de Urribarri fue Báez, pero el resto no quiso serlo. La Barba fue nombrado en el Senado de la Nación, pero Gómez armó un esquema publicitario. En los registros de la AFIP figura en tres categorías: --Producción de filmes y videocintas; --Servicios de agencias de noticias y servicios de información (Incluye el suministro de material informativo, fotográfico y periodístico a medios de difusión); --Servicios de publicidad. Cada uno de ellos sigue vigente y se entiende que facturan como siempre, pese a que ahora es funcionario público. Desde el 2007 a esta parte han hecho negocios millonarios con diferentes agencias de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe especialmente, a partir de decretos firmados por Báez, muchos de los cuales fueron denunciados penalmente ante el Procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, por el presidente del Comité Provincial de la UCR, Jorge D’ Agostino, al entender que existió “emisión de Decretos por fuera de las facultades legales, los cuales han ocasionado perjuicios económicos a la Provincia por haberse producido sin las previas autorizaciones a la realización de los mismos”.

Uno de los más beneficiados fue el empresario televisivo Ramiro Nieto –con nula experiencia en medios gráficos-, quien con el tiempo se convirtió en el “dueño” del diario La Calle de Concepción del Uruguay, en primera instancia y El Diario de Paraná, posteriormente. Siempre quedó claro que el dinero para las operaciones de compra llegaron desde lugares del Poder Ejecutivo entrerriano. Hay que tener en cuenta que en agosto del 2010, el empresario Walter Grenón, titular de Red Mutual de Santa Fe, había comprado la mayoría accionaria del viejo diario de los Etchevehere, en una cifra millonaria, supuestamente aportada también desde arcas públicas. Grenón es un antiguo amigo de Urribarri, a quien siempre favoreció en la última administración de Jorge Busti, como así también en las siguientes del actual mandatario.

Sergio Gómez fue el mentor del encuentro de la Presidenta Cristina Fernández, en su última visita a Paraná, a fines de junio, con los empresarios de la firma Pampa Riego Sociedad Anónima, en el propio aeródromo militar de la Segunda Brigada Aérea. El hecho, con varias fotos, fue reflejado por el organismo de Prensa y Difusión del gobierno y tuvo su repercusión en los diferentes medios periodísticos. “La jefa de estado, junto al gobernador Sergio Urribarri, observó las estructuras para riego por aspersión ubicadas en la II Brigada Aérea, y dialogó con el titular de la firma, Andrés Butta y su socio, Melitón Díaz de Vivar, quienes le explicaron las características de los equipos, único de producción nacional.

Pampa Riego SA es una compañía entrerriana radicada en la ciudad de Paraná dedicada a la fabricación de equipos de riego mecanizado en formato pívot. Fue fundada en el año 2011 en respuesta a la idea de aplicar masivamente agua a la producción de alimentos en un país con enormes recursos hídricos altamente renovables”, decía la nota enviada a los medios. Y agregaba: “Los empresarios indicaron que Argentina es el único de los grandes productores de alimentos que aun no riega sus campos extensivos y remarcaron que hacerlo “implicaría un gran incremento de la producción y la estabilización de la economía de miles de explotaciones que en todo el país cíclicamente sufren la falta de lluvias y con ello el deterioro o la pérdida de sus fuentes de sustento”. Pero en ningún momento se dijo que Gómez es socio de la empresa, desde su formación, el 8 de junio de 2011 (tal como saliera publicado en el Boletín Oficial del 13 de julio de ese año) e incluso ostenta el cargo de director de la firma, que, además de la Presidenta, ya tuvo un encuentro con la ministro Débora Giorgio, a quien le solicitaron que se activen algunas operaciones comerciales e incluso se concretaron varios acuerdos. Es decir, cero transparencia. O mejor dicho: de los dos lados del mostrador, como si no ocurriera nada. Algo así como el vale todo de esta historia.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 26 de septiembre de 2013)