Silvio Méndez
Las recientes declaraciones radiales de una concejal y la protesta que desde hace dos semanas llevaban adelante trabajadores precarizados del municipio, vuelven a poner el foco sobre los obscuros senderos por los cuales se otorgan asignaciones de fondos a los ediles para la contratación del personal en el Honorable Concejo Deliberante de Paraná.
En el primer caso, con la desvergüenza que la caracteriza, la concejal Adriana Josefina Torner (UCR), en una entrevista realizada en LT 14, admitió públicamente que continúa teniendo en su equipo de trabajo como contratados a sus padres y a su hermano. Y que si bien sus progenitores, Arón y Fania Vainstein, no necesitan de los ingresos que perciben por estar afectados al cuerpo deliberativo, lo hace porque supuestamente utiliza esos dineros para “donaciones”, de cuya circulación no se tienen registros administrativos. En el caso de su hermano, Marcos Benito, si bien ante la pregunta en un primer momento negó tenerlo dentro de su staff, luego ante la insistencia admitió que la “ayuda” en algunas cuestiones como asesor, obviamente en calidad de contratado.
En el segundo caso, se expuso un circuito de distribución turbia de fondos, que asomó a partir del reclamo de cinco contratados de la concejal María Rosana Núñez de Blanco (FpV). Los trabajadores, que instalaron una carpa con carteles sobre calle Corrientes, en la Plaza de la Confederación, solicitaban su regularización laboral al presidente del Concejo, Gastón Grand. El pedido iba dirigido al titular del HCD porque, así como los familiares de Torner, ellos eran contratados por Núñez con dineros provenientes de los denominados “módulos”: una suma de dinero que reciben los ediles por mes para tomar personal. El caso de estos precarizados es por demás irregular, porque si bien deberían prestar sus servicios en el ámbito del cuerpo deliberativo, en realidad trabajaban de hecho en organismos del Departamento Ejecutivo. Además, por las tareas que llevan adelante, percibían ingreso por “adicionales” –que reciben generalmente los empleados municipales–, cuyos montos hasta el momento no se sabe al presupuesto de qué organismo es imputado, según se confirmó oficialmente a ANÁLISIS.
En ninguno de estos casos, al igual que todos los empleados de los concejales que perciben sus haberes a través de los módulos, los trabajadores realizan aportes previsionales, ni siquiera como monotributistas, ya no revisten calidad de tales. En los recibos que genera la Dirección de Liquidación de Haberes de la Municipalidad para acreditar el dinero en las cuentas sueldos, sólo figura el monto de dinero que el concejal determina que sea percibido por el colaborador que ha propuesto en su lista, nada más.
(Más información en la edición gráfica número 1000 de ANALISIS del día 11 de abril de 2014)
