Daniel Enz
Ya nadie duda que es el caso más escandaloso de los últimos tiempos. Quizás no se pueda o no se lo quiera dimensionar aún -previendo algún efecto boomerang-, en medio de un Mundial de fútbol, como el de Brasil, que acapara buena parte de la atención de la opinión pública. Pero está claro que a medida que pasan los días, la defraudación en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se va agravando. Ya hubo dos presentaciones penales de parte de su titular, Marcelo Casaretto, por lo cual suman casi 40 millones de pesos desviados entre 2008 y mayo de 2014, que pasarían a ser casi el doble con multas e intereses. O sea, 80 millones de pesos. Pero en los próximos días se conocerá el nuevo informe de los auditores de ATER, que por años nunca vieron, desde la vieja DGR, los elefantes que les pasaban por sus narices o, en todo caso, no quisieron ver, que comprende el período 2004/2008; es decir, la última gestión de Jorge Busti, que arrancara en diciembre de 2003.
Según pudo saber ANÁLISIS, serían las mismas empresas las involucradas y el monto volvería a rondar los 20 millones de pesos. Es decir, ya se estaría en 60 millones de pesos, que se transformarían en 120 millones. Lo saliente de toda esta historia es que en el medio están empresas, empresarios, contadores, empleados infieles y funcionarios que nunca se enteraron, miraron para otro lado o participaron directa o indirectamente de un negocio que desvió dinero del principal organismo recaudador de la provincia.
Un relevamiento realizado por esta revista, del primer y segundo listado de denunciados -donde aparecieron algunas empresas que no estaban en el primero-, muestra a varios empresarios amigos del poder político, que se sumaron a las denuncias y que tendrán que acudir calladitos al Juzgado de Instrucción de la jueza Marina Barbagelata, a dar explicaciones. Entre ellos, se destacan los dueños de la constructora Lemiro Pietroboni, quien después de ser un humilde camionero en la década del ’80, en Concepción del Uruguay, con el apoyo de los gobiernos de Jorge Busti y de las administraciones de Sergio Urribarri, se transformó en una de las empresas de mayor facturación con obras públicas en Entre Ríos. Quien más incidió en su desarrollo fue el ex ministro de Economía, Eduardo Macri, oriundo de Concepción del Uruguay. En acuerdo con el ex vicegobernador y nuevamente elegido intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, en 1992 consiguió, por ejemplo, una contratación directa de la obra de la costanera de esa ciudad, que costó dos millones de dólares. También logró en esos tiempos otro contrato de ribetes: el acceso sur de la ciudad de Concordia, una obra cuyo valor era de doce millones de dólares. Si bien se paralizó por un tiempo, se reactivó años después e incluso logró que el municipio le pagara 741 mil dólares de gastos improductivos.
Hoy por hoy Pietroboni es uno de los preferidos de Urribarri, con quien se manejan en estrecha confianza, dentro del marco de los constructores de “buenos negocios”, con o sin licitación previa y el acuerdo con la entidad que los nuclea, que lidera Néstor Juan Szczech, amigo personal del gobernador desde su asunción, en diciembre de 2007, quien incluso hasta participa de las asambleas partidarias del PJ en Paraná. La firma Pietroboni, liderada por el empresario Víctor Pietroboni, hace lo que le ordenan, como la realización del teatro de Colón para los grupos revisteriles que llegaron en el verano de la mano del empresario amigo del gobernador, Daniel Comba o la tarea de asistencia económica a los empleados de la frustrada fábrica de cosechadoras, ante la desaparición de sus dueños.
(más información en la edición gráfica número 1005 de ANALISIS publicada el 3 de julio de 2014, en un extenso informe de cuatro páginas, que incluye a los deudores denunciados y quién es quién)
