Jorge Riani
Como aquel repulsivo ser mitológico policéfalo, el caso de los acueductos chinos tiene varias cabezas y cada una ellas tan espantosa como las restantes. Para matar a esta versión china de Hiedra de Lerna, un grupo de referentes sociales entrerrianos apuntó entonces al cuerpo, no a las cabezas de la maldita criatura. Y el arma que encontraron es el pedido de inconstitucionalidad de la 10.352 presentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Hablamos de una ley aprobada entre gallos y medianoche, sin discusión, sin debates porque ya se sabe que cuanto más escandaloso es el asunto menos hay que exponerlo. Se trata de una ley por medio de la cual se autoriza al gobernador Sergio Urribarri a formular una negociación con el Estado chino para la construcción de dos acueductos.
Los actores sociales no dudaron en calificar el acuerdo como el más lesivo de todos los que se tenga memoria institucional. “Es el caso de corrupción más alevoso que haya protagonizado la clase política entrerriana”, aseguraron algunos de los que hablaron con ANÁLISIS.
El caso de los acueductos chinos ruborizaría tanto a Roca como a Runcimanm, aquellos protagonistas del vergonzante pacto de entreguismo del patrimonio argentino a la corona británica. Solo que aquel, de 1933, fue perpetrado por los conservadores que asolaron la Argentina durante la Década Infame, mientras que este otro es llevado adelante por un gobierno al que le gusta llenar los medios de comunicación que maneja –diarios, revistas, radios, programas de televisión, sitios digitales– con discursos progresistas.
No se les cae de la boca los nombres de Jauretche ni el de Scalabrini Ortiz pero están postrando a la provincia de Entre Ríos en callejón complicado: endeudamiento brutal, dependencia del imperio creciente como simple proveedor de granos para que sus chanchos coman, compra de productos manufacturados, pago de intereses leoninos, destrucción del monte nativo, ocultamiento de negociaciones. Cada hecho se yergue como la cabeza de la Hiedra, como uvas envenenadas que confluyen en un racimo tóxico.
Y como el monto a pagar no se pude esconder, en la ley aprobada se admite que el costo de la operación será de 430 millones de dólares. Concretamente 430.387.551 de dólares para los acueductos en el norte de la provincia: uno en la zona de La Paz-Estacas (costa del Paraná) y el otro en Mandisoví Chino (costa del Uruguay, cerca de Salto Grande)
Los más de 430 millones de dólares son solo a modo de capital. A eso hay que sumarle los intereses, los gastos por intermediación, los costos de administración. Para la redacción del contrato se destinan 500 mil dólares, por ejemplo. Pero también hay viáticos, primas y muchos más conceptos para aplicar la sangría.
¿Es un pago razonable los 430 millones de dólares? El Estado entrerriano (el mismísimo Estado entrerriano) ha dicho que no.
Porque en el año 1999 la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos hizo un proyecto pormenorizado –técnico y económico– que determinó que esa obra costaría unos 90 millones de dólares. Había estudios ahí, como no los hay ahora, según denuncian todo el espectro político de la oposición provincial, más las ONG que participan de la demanda.
También el Prosap, que es el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, avaló aquellos costos, y no éstos que ahora fueron traídos sin debate social.
(Más información en la edición gráfica número 1018 de ANALISIS del 9 de abril de 2015)
