El ex funcionario bustista Oscar Mori; la ex concejal paranaense Liliana Morard de Castoldi (PJ) y el ex tesorero de la fundación Aciser Gabriel Sola, fueron condenados a penas de prisión condicional por la desaparición de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de dólares que fueron desviados para la campaña de 1997 del Partido Justicialista a través de esa fundación.
Tanto Morard como Mori solicitaron la rehabilitación en los términos del artículo 20 del Código Penal, en virtud de haber transcurrido “… más de cinco años desde que le fuera impuesta la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos…”, como pena accesoria, por la sentencia aplicada el 27 de febrero de 2006, por el tribunal conformado por Jorge García (actual procurador general del Superior Tribunal), Raúl Herzovich (ya fallecido) y Hugo Perotti, actual camarista.
En el caso de Oscar Mori, ésta fue la segunda vez que hizo un mismo planteo de rehabilitación. De acuerdo al dictamen de Castagno, tras examinar las constancias obrantes en la Justicia de los condenados, consideró que tanto Mori como Morard “se han comportado correctamente desde la fecha de imposición de la condena”. No obstante, acotó: “Es dable advertir, en relación a la condenada Morard, que no existe constancia alguna de haber cumplido con la reparación del daño, sobre lo que no se ha manifestado su defensa en la presentación, ni ha aportado ningún elemento que acredite tal extremo. En efecto, de acuerdo a lo que surge de las constancias de la causa, se aprecia que la condenada no ha evidenciado la más mínima voluntad de resarcir, ni siquiera a través de algún aporte mínimo a alguna entidad de bien público. Es importante aclarar –agregó- que aunque el perjuicio es a la Administración Pública, se afecta asimismo a los intereses globales de toda la sociedad, por lo que la reparación debe ser hecha al menos a una institución de bien público”.
Respecto de la situación de Mori, Castagno afirmó que “si bien detalla numerosas contribuciones que ha realizado a la comunidad, de las cuales acompaña constancias”, del estudio realizado “fácilmente se advierte, tal como el propio condenado lo destaca, que hacen referencia a un período de casi veinte años de su vida -desde el año 1994- que claramente en su mayoría son previos a la condena que data del año 2006”.
(Más información en la edición gráfica número 1027 de la revista ANALISIS del 27 de agosto de 2015)
