Pablo Russo

“El Lomas II” es lasíntesis con la que se conoce la barriada del Lomas del Mirador II, entre las calles Celia Torrá, Andrés Longo, Quinquela Martín y Cesáreo Quirós, en la zona este de Paraná. Se trata de un complejo de edificios que el IAPV terminó de construir en 1979, separado por la calle Quirós de su homónimo, el Lomas I, cuando esa zona cercana a Churruaruín y Gobernador Crespoera un área de grandes terrenos y algunas quintas que en la actualidad dejaron paso al avance de la ciudad en pequeños lotes. Más de 200 familias se establecieron en aquel entonces en esas viviendas, pero diez años después fueron relocalizadas por defectos en la construcción. El barrio quedó abandonado y cercado. Se corrió la voz entre los que necesitaban un techo y las casas fueron ocupadas a principios de los `90. Algunas pasaron de mano en mano, a veces con llaves habilitadas por sus antiguos propietarios, y otras fueron intrusadas sin más.

Extorsiones con un patrón común

Allí viven, desde hace un par de décadas, Mónica Olivera y Ana Escobar, integrantes fundadoras de la Asociación Civil Mujeres Luchadoras Positivas, agrupación que nace como una resistencia territorial ante los intentos de expulsarlas del lugar por parte de delincuentes organizados. “Nosotras, en realidad, primero fuimos víctimas. Hace poco más de un año, malhechores del barrio nos quisieron quitar nuestras casas. Ya lo habían hecho otras veces y lo lograron con otra gente, que se fue por miedo. En ese momento éramos cuatro mujeres en la misma situación, una de nosotras se fue: le habían cortado el agua, la luz… estaba literalmente sitiada”, explica Mónica, que a sus 43 años preside esta entidad. “Son gente del barrio, punteros políticos, delincuentes que estuvieron a cargo de la Comisión Vecinal y que nadie se atrevía a hacerles frente. Pero hace como cinco años, un grupo de mujeres en su mayoría, le ganamos la elección por más de 100 votos. El año pasado iba a haber renovación aunque se suspendieron las elecciones por toda la escalada de violencia que tenían contra nosotras, ya que estaban queriendo recuperar la vecinal”, agrega Ana, de 44 años, vicepresidenta de la asociación. “Somos poseedores precarios de la vivienda, no tenemos título de propiedad, entonces te apretaban para que vos te desesperes y vendas por menos de nada, a cualquiera, que siempre era alguien mandado con algún tongo con ellos. Cuando a mí me prenden fuego la casa, me llama una mujer y me dice: `mirá Moni, yo escuché lo que te iban a hacer, y a mí me están haciendo lo mismo y a Ana también´, entonces me hizo un click en la cabeza, teníamos un patrón en común: mujeres solas, con hijos a cargo. Buscaban el mismo perfil de personas para apretar”, relata Olivera.

Comenzaron entonces a peregrinar y a sufrir por los pasillos de Tribunales. “¡Éramos cuatro locas que teníamos un estrés! Nunca habíamos estado en Tribunales, amas de casa a las que nos pasaba esto, que nos amenazaban hasta con armas. Adán Bahl nunca nos recibió, Blanca Osuna tampoco. Nadie nos escuchaba. En un momento, la jueza Marina Barbagelata nos prestó atención y dictó una medida de restricción contra Francisco “Pancho” Pereyera. Fue la primera que nos atendió. Mi palabra clave fue decir que si mataban a una de nosotras íbamos a llevar al muerto a la Casa de Gobierno. Realmente creíamos que nos iban a matar, era tanta nuestra desesperación. Lo hicimos mediático porque así no iba a pasar nada, pero fue una vez hecha la denuncia. Todo lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Después, me rompieron la puerta de mi casa a patadas, porque al denunciar te convertís en la enemiga número 1”, rememora Mónica. “Pero tuvieron que parar, porque al hacerte visible es imposible que te toquen, si nos llega a pasar algo todo el mundo sabe que son ellos. Tienen restricciones severísimas, no se pueden acercar a nosotras, donde estemos se tienen que retirar”, añade. “Yo había hecho denuncias porque me molestaban al nene de 12 años: le llegaron a poner una pistola 9 milímetros en la cabeza. Esta gente del grupo que nos querían sacar la casa, sabían que yo estaba sola y me buscaban problemas”, comenta Ana, madre de Emanuel Vázquez, muerto de un disparoa los 16 años,en agosto de 2013. Hace pocos días, la Cámara del Crimen condenó a Miguel Ángel Abasto y a Gustavo Olivera a 18 y 14 años de prisión respectivamente, por considerarlos autor y coautor de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, por el ataque a tiros contra un grupo de jóvenes del que resultó víctima fatal Emanuel.

(Más información en la edición gráfica número 1027 de la revista ANALISIS del 27 de agosto de 2015)