Juan Cruz Varela
Mauro moría en Gualeguaychú con 17 años.
Eran las 5.30 de la madrugada del domingo 13 de mayo de 2012, en calle Los Álamos, una zona no muy alejada del centro de la ciudad, cuando Mauro fue atacado inesperadamente por Marcos Raúl Lencina, de 59 años, quien le asestó una puñalada en la ingle.
Mauro hizo unos pasos hacia atrás y cayó desmayado.
Ni su hermano, que estaba con él en ese momento, alcanzó a entender lo que pasaba. No había sangre en las ropas de Mauro. La extracción rápida del cuchillo provocó heridas internas letales. No hubo nada que pudieran hacer los médicos.
Mauro murió cuatro horas después en una cama de hospital. Tenía 17 años.
Como le pasó a Mauro, un alto número de muertes –la mayoría de personas jóvenes– ocurridas en Entre Ríos en la última década son atribuibles al consumo de drogas. La droga mata. En ese escenario, los narcos ganan las calles y dirimen su poder territorial en forma violenta. Disputas, crímenes, excesos de droga y alcohol, y la mezcla de ambos, constituyen un combo letal en los barrios pobres de las principales ciudades entrerrianas.
Pero el crimen de Mauro Jesús Etcheverry puso al descubierto algo que muchos en Gualeguaychú comentaban por lo bajo desde hacía tiempo: “Es importante que todo el mundo conozca la verdad del tremendo asesinato que le provocaron a Mauro: al asesino lo dejaban trabajar tranquilo, tenía libertad para vender drogas en la ciudad, seguramente con la complicidad de algunos”, denunció uno de sus hermanos.
Las acusaciones vertidas públicamente por la familia del adolescente también fueron volcadas en el expediente y el juez que tramitaba la causa por el homicidio remitió las declaraciones al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
Decían los testimonios que en calle Los Alerces, a la vuelta de donde fue asesinado Mauro, funcionaba un kiosco de venta de drogas regenteado por Víctor Horacio Sosa y que este hombre, al que llamaban Tucho, tenía como socia en el negocio a su hermana, Olga, que vivía al lado. Las transas eran constantes, a toda hora: los kiosquitos comercializaban cocaína, ya sea mediante pasamanos en la calle o directamente en la casa. Algunas personas ingresaban, permanecían unos minutos y luego se retiraban. Si Tucho no tenía, cruzaba a lo de su hermana o mandaba directamente a los clientes a golpear la puerta.
Y después los jóvenes se iban como habían llegado, caminando, en moto o en auto, a veces pasándose la bolsita y consumiendo en plena calle, a la vista de todos.
La investigación que se inició a partir del crimen de Mauro Etcheverry permitió reconstruir el trasfondo de una importante organización dedicada al tráfico de cocaína en Gualeguaychú en la que Tucho Sosa era uno de los últimos eslabones.
El funcionamiento y los movimientos de la organización quedaron develados por las tareas de inteligencia, vigilancia, filmaciones, fotografías, seguimientos y escuchas telefónicas que realizó Gendarmería durante seis meses. Se pudo determinar que Pablo Martín Ludueña, que vivía en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, estaba en la punta de la pirámide. Era quien recibía el dinero en pesos, lo cambiaba por dólares, compraba la droga a una organización peruana que producía cocaína en una villa porteña y la enviaba a Gualeguaychú a través de otra persona en colectivo. En un escalón inferior aparecían Miguel Ángel Braun, su hijo Miguel Exequiel, alias Pata, y la abogada Elena Cecilia Gómez, que compraban la droga y la revendían al menudeo. Se presume que le compraban a Ludueña entre tres y cuatro kilos de cocaína por semana. La droga abastecía a distintas bocas de expendio, una de ellas regenteada por Olga Gladys Sosa, la madre de Exequiel y ex pareja de Miguel Ángel. El último eslabón de esta cadena era Diego Maximiliano Barreto, la mula, que trasladaba la droga en colectivo.
Todos ellos fueron condenados el 20 de agosto pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
Tucho Sosa, en cambio, salió indemne de la investigación, esquivó la acusación y ni siquiera llegó a ser enjuiciado.
La droga en colectivo
Ahora bien, lo que surgió tras el crimen de Mauro Etcheverry, las denuncias de sus familiares, luego se fue robusteciendo a partir de tareas de inteligencia.
“Ludueña era quien lideraba la organización”, aseguró el fiscal general ante el tribunal oral, José Ignacio Candioti. “Primero se contactaba por teléfono con los Braun y con Cecilia Gómez, establecían cuál era el precio del estupefaciente y después hacía que viajaran a Buenos Aires para que le entregaran el efectivo que previamente habían convenido. Luego de que recibía el dinero, conseguía el estupefaciente, se comunicaba con Barreto para que lo trasladara y monitoreaba el traslado”, explicó.
(Más información en la edición gráfica número 1027 de la revista ANALISIS del 27 de agosto de 2015)
