Antonio Tardelli
Con la sinceridad estimulada por el juicio político promovido en su contra, el juez Carlos Chiara Díaz describió de manera dramática el funcionamiento de las instituciones de Entre Ríos. Afirmó que los entrerrianos padecen el Poder Judicial menos independiente del país y que las normas de la Constitución operan aquí de manera más deficiente que en Formosa oen Santa Cruz.
La declaración de Chiara Díaz es tardía y no por sudelicada situación personal. Lo es porque viene a corroborar, desde el corazón de los tribunales, lo que los críticos del sistema plantean en soledad desde hace tiempo. La ligazón de la Justicia con los otros poderes, sobre todo el Ejecutivo, constituye un obstáculo insalvable para el propósito de acabar con la corrupción y los abusos del poder administrador.
Las aseveraciones del vocal –en rigor, una suerte de confesión– confirman las culpas del Poder Judicial. Desde hace décadas se convive en Entre Ríos con la sospecha de que sus dirigentes se enriquecen de manera ilegal. Pero la impunidad no se edifica en un día. Es producto de un proceso del que, en diferente medida, son responsables todos los sectores políticos que han tenido responsabilidades de gobierno.
(Más información en la edición gráfica número 1052 de la revista ANALISIS del jueves 8 de diciembre de 2016)
