L.D.
Que un violador en plena condena fuera señalado como responsable del crimen de la estudiante uruguayense Micaela García, ocurrido el sábado 1 de abril en Gualeguay, fue el dato que acrecentó el horror e hizo estallar la indignación. ¿Por qué estaba libre y no en la cárcel un hombre penado por un delito aberrante, manejando su auto en aquella madrugada trágica en la que decidió volver a atacar?
Parte de la explicación está en la ley nacional número 24.660, a la que oportunamente adhirió Entre Ríos, que establece pautas para la ejecución de la pena privativa de libertad. El artículo 12 indica que, cualquiera sea la pena impuesta a un condenado, el régimen penitenciario que se le aplicará comenzará con un período de observación, le seguirá uno de tratamiento, luego un tercero de prueba y, finalmente, un cuarto período: el de la libertad condicional.
Según datos oficiales a los que pudo acceder ANÁLISIS, en esa última etapa se encuentran 88 personas condenadas en los tribunales de la costa del Paraná y 97, en la costa del Uruguay. En la capital provincial y zona, 25 están condenados por delitos contra la integridad sexual y la proporción se repite en la otra parte de la provincia. Son unos 50 agresores sexuales libres, igual que Sebastián Wagner.
No todos son violadores, pero sí cometieron horrores varios: explotación, trata, abuso, pornografía infantil, tocamientos y estupro son algunos de los términos que cortan la respiración al ser asociados con personas a las que es posible cruzarse por la calle. Hay una sola mujer en la lista y es de Paraná. Su condena es por corrupción de menores.
(Más información en la edición gráfica número 1056 de la revista ANALISIS del día miércoles 12 de abril de 2017)
