Natalia Buiatti
En noviembre de 2015, Alberto Moyano se presentó por primera vez en la redacción de ANÁLISIS. Llegó preocupado con una serie de papeles impresos con leyes, decretos, listados y otro tipo de documentos. Estaban encarpetados y según decía en ese momento, eran la prueba de una acusación errónea en su contra.
Sucede que Moyano fue uno de los más de 30 acusados, en principio, por cometer defraudaciones con las liquidaciones de salarios familiares que se hacían entre 2007 y 2008, en el Consejo General de Educación. Hasta el día de hoy, el ex empleado estatal sostiene que a él y los otros tres, sobre los que avanzó la investigación judicial por Peculado, les hackearon las claves informáticas que habilitaban el sistema de liquidaciones.
La acusación indica que la mecánica aplicada para lograrlo, era asignar salarios familiares o por hijos diferenciados a personas que cobraban como empleados del Consejo o en algún centro educativo de la capital entrerriana, aunque ese beneficio no correspondiera y de ello no hubiera constancias documentales. Es decir, Moyano y otros tres liquidadores fueron acusados de ingresar con sus claves al sistema informático y asignar una serie de códigos que abultarían el sueldo de distintas personas de Paraná. En cada caso, los montos de dinero variaron entre los 2.000 y 2.600 pesos. Para que lo lograran, siempre según la imputación fiscal, contaron con la participación necesaria de otros 16 empleados del CGE.
La trampa fue advertida en el área de Liquidaciones, en un caso particular. Según Moyano, cuando saltó esa primera irregularidad y no encontraron el legajo que respaldara la percepción de salario familiar por parte de una persona soltera, comenzaron a controlar otros sueldos y el contraste de archivos permitió detectar varios casos más.
Inició entonces una investigación interna en el Consejo de Educación que fue tema de conversación central en los pasillos del edificio. Hubo volanteadas, comentarios y chanzas hasta en los baños y ascensores del lugar. Los trabajadores acusados del sector de Liquidaciones en Primaria fueron sumariados ycesanteados.
El expediente se instruyó en la Fiscalía de Estado y luego cruzó la calle hasta los Tribunales, donde se encaró la investigación penal. Allí pasó de un juzgado a otro, hasta que finalmente en 2016 la causa fue elevada a juicio y enviada a la OGA para que se le asignara una fecha al debate. Pasaron casi nueve años desde que todo comenzó. En principio se implicó a más de 30 personas. Pero algunos devolvieron el dinero que habían percibido en forma irregular e inmediatamente quedaron desvinculados de la causa. Luego, el correr de las actuaciones permitió que solo cuatro quedaran procesados por peculado y 16 como partícipes necesarios.
La carátula es “Medina Sergio y otros/ Peculado”. La imputación es por presunta violación a los artículos 260 y 261 del Código Penal -que prevé una pena que va de 1 mes a 3 años de prisión en el caso de que el funcionario público diere a los caudales una aplicación diferente de aquella a que están destinados, o prevé una pena que va de los 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que sustrajese efectos cuya administración le haya sido confiada-.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS del jueves 22 de junio de 2017)
