Por Ayelen Waigandt
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Marisa Paira llegó a la presidencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) el 19 de abril de 2016 y a partir de allí encaró un trabajo “marcado por la necesidad de plantear un proceso de descentralización y de profundizar el trabajo territorial, en toda la provincia”. “En cada temática es necesario plantear la interdisciplinariedad y la descentralización territorial, porque en lo que hace a las políticas de niñez y adolescencia el principio de inmediatez para la atención es fundamental. Por eso hay que garantizar la misma accesibilidad de derechos de un chico de Feliciano, de Hernandarias, de Paraná o de Ibicuy”, explicó a ANÁLISIS.
Esta semana se pondrán en funcionamiento las Coordinaciones de los departamentos Tala y San Salvador, con lo cual se terminará de cubrir a toda la provincia. Así, cada cabecera departamental tiene una Coordinación, lo que implica recursos del organismo, con profesionales y un equipo de trabajo. Pero además, se trabaja en gestión asociada, con las áreas de niñez municipal y de Juntas de Gobierno. “Aproximadamente el 72 por ciento de los municipios de la provincia tienen área de niñez y en las juntas de Gobierno sólo el 35 por ciento”, afirma Paira quien rescata a su vez que en Paraná hay cincoservicios de protección de derechos, otros cinco en Concordia y dos en Victoria, que trabajan en el territorio y se encargan del primer nivel de atención,de las situaciones propias de cada lugar.
Residencias socioeducativas: un lugar para vivir y recibir cuidados
Actualmente, en Entre Ríos hay aproximadamente 420 niños y adolescentes que viven en las 34 residencias socioeducativas,algunas de gestión asociada y otras públicas, diseminadas en el territorio provincial, aunque su distribución no es pareja en la provincia. Por ejemplo, Gualeguay tiene seis residencias de gestión privada mientras que Diamante e Islas no tienen ninguna. La franja etaria preponderante en las residencias son niños y adolescentes menores de 16 años.
La categoría de residencias socioeducativas que plantea la ley está en análisis, porque en la realidad se prefiere hablar de espacios de cuidado, espacios de crianza de niños y adolescentes. En ese marco, se trabajó con Unicef –organismo líder a nivel mundial en la protección de la infancia- en una guía de estándares de cuidados que deberían atravesar el trabajo en las residencias.
“Fue una experiencia muy interesante, donde se trabajó una guía de estándares de cuidado, que están en correlato con las directrices de Naciones Unidas para los derechos del niño y el adolescente, y que marca las pautas que tiene que haber en las residencias desde lo edilicio, el personal y todo lo que hace a la vida institucional de los chicos. Así se llegó a un documento final que implica un proceso de autoevaluación que nos resultó muy enriquecedor para poder revisar la dinámica de las residencias, de los proyectos institucionales de cada una, para evaluar la necesidad de modificar el perfil de algunas, de cambiar la población que tiene o de modificar los modos de intervención”, explica Paira.
Los chicos llegan a las residencias ante lo que se denomina “una medida de protección excepcional” que plantea el organismo cuando se evalúa que dentro del grupo familiar no hay condiciones para ejercer el cuidado o hay un riesgo para la integridad psicofísica del menor. En este caso, el Copnaf requiere que sea retirado de su espacio familiar mediante una medida de protección excepcional.
(Más información en la edición gráfica número 1081 de la revista ANALISIS del jueves 5 de julio de 2018)
