Trabajadores y profesionales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) reclaman un Régimen Especial de Niñez que contemple un reconocimiento remunerativo acorde a la responsabilidad de su tarea, un sistema de licencias y una jubilación especiales que tengan en cuenta el desgaste psicofísico y emocional que padecen, y reducción horaria de la jornada laboral. Un grupo de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo detalló a ANÁLISIS los motivos de estos pedidos que consideran “urgentes”.
Por Ayelen Waigandt
La Ley N° 9.861 de Protección Integral del niño, el adolescente y la familia rige en Entre Ríos desde septiembre de 2008 pero aún no está reglamentada. Es la que cambió la nominación de lo que era el Consejo Provincial del Menor al actual Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y lo dispuso como máxima autoridad administrativa de protección de los derechos y garantías de niños, adolescentes y familias de la provincia.
La ley de administración pública encuadra a los trabajadores del organismo como empleados administrativos pese a que su tarea implica la responsabilidad de aplicar la Ley N°9861. Es decir, deben garantizar la protección integral de los menores y es el único organismo que está habilitado para decidir medidas de protección excepcional. Se trata de medidas extremas que significan retirar al niño en situación de vulnerabilidad del cuidado de sus padres para llevarlo a un centro de cuidado comunitario o dejarlo a cargo de otros familiares.
Estructura administrativa y problemáticas
El Copnaf cuenta con 17 coordinaciones; 83 áreas de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF); 89 centros de Infancia; 33 centros de día; 35 residencias socioeducativas (19 privadas y 16 públicas); siete servicios de protección distribuidos en Paraná, seis en Concordia y dos en Victoria; dos centros privados para tratamiento de situaciones penales de adolescentes; una Subdirección de Violencia y un Programa de salud mental.
Tiene 1.334 trabajadores, 179 con contratos de servicio y el resto en planta permanente. De ese total, 480 son profesionales psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, y otros.
Además de su parte netamente pública, el Copnaf cuenta con servicios tercerizados con entidades privadas (residencias socioeducativas, centros de día y centros de atención de la primera infancia). Esto se efectúa mediante la firma de convenios de trabajo y cooperación, por los cuales las ONG´s privadas reciben fondos del organismo que utilizan para su funcionamiento general.
Y aquí aparece uno de los temas que preocupa a los profesionales: en general, las ONG contratan a su personal –que son profesionales y promotores de derechos- con monotributos.
Como contraprestación, el Estado utiliza el servicio del privado para alojar niños, niñas y adolescentes, sabiendo que sus promotores de derechos tienen contratos precarizados y cobran en promedio 10.000 pesos. Y aunque se pueda plantear que el Estado provincial nada tiene que ver con la forma de contratación que utilizan las entidades privadas, en tanto y en cuanto tienen relación con el Estado ese tipo de prestación del servicio sigue siendo parte de la política pública y su responsabilidad indelegable.
La relación con la Justicia
Otra de las situaciones que plantean los trabajadores es “la responsabilidad profesional y la carga –y sobrecarga- de exigencias a nivel laboral, con la responsabilidad que implica garantizar la protección de derechos de niños, adolescentes y familias, trabajando en contextos de vulneración, y a su vez estando en una franca disparidad con aquellos organismos judiciales relacionados a la temática”.
Los organismos judiciales de familia lo que hacen es controlar el trabajo de los operadores del Copnaf. “Desde la derogación de la ley de patronato –que todos celebramos- los Juzgados o los jueces perdieron la patria potestad que tenían sobre las personas y la delegaron en el Estado administrativo –el Copnaf- pero no debe entenderse que somos empleados públicos generales que manejan papeles sino que lo administrativo tiene que ver con la aplicación de la ley”, explican.
(Más información en la edición gráfica 1105 de la revista ANALISIS del jueves 26 de septiembre de 2019)
