Antonio Tardelli
El empobrecimiento general, que hace más notorias las desigualdades que se toleran en ciclos de prosperidad, explica la enorme repercusión pública que alcanzó esta semana una discusión entablada en torno de las retribuciones que perciben los funcionarios de los diferentes poderes del Estado. Sobre el punto polemizaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Pero el entredicho de los salarios puede ser apenas la punta de un iceberg. Las afirmaciones de Castrillón, quien admitió su deseo de ganar tanto dinero como un síndico de Enersa, son por un lado la manifestación de una instalada disputa de poder que se verifica en el marco de los procedimientos procesales vigentes. Pero podrían ser también la exteriorización de un conflicto de aristas políticas y económicas donde proliferan los lobbystas, los intermediarios y los traficantes de influencias.
Un expediente que ha recorrido ya diferentes oficinas gubernamentales, referido a la suerte de una concesión que importa a empresarios gravitantes, es seguido por particular atención en esferas legislativas y judiciales. Su grado de influencia en las polémicas de estos días es mera conjetura. Pero en todo caso las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial, que tienen un plano institucional pero también una oculta dimensión de comunicaciones personales, atraviesan hoy uno de esos recurrentes momentos de tensión. En determinada instancia, razones de funcionamiento, antipatías añejas e intereses privados se conjugan para que afloren las enemistades latentes.
Seguramente las polémicas de estas horas darán paso a semanas de relativo sosiego. Fiel a su estilo, el gobernador Gustavo Bordet, comprometido por lo demás en la campaña nacional del Frente de Todos, rehuirá de conflictos que pueden acarrearle costos eventualmente considerables. Por tanto, habrá que aguardar que decanten los humores para saber cómo evoluciona esa relación que por estos días evidenció sus chispazos. Por el momento el Poder Ejecutivo observa con atención los movimientos del Superior, que en diciembre debe renovar sus autoridades. Por otra parte, hay quienes se han puesto a pensar si las restricciones financieras no obligan a revisar una medida del urribarrismo que en su momento fue muy celebrada en los tribunales: el enganche de las remuneraciones de los magistrados de Entre Ríos con las de la Justicia Federal.
(Más información en la edición gráfica 1105 de la revista ANALISIS del jueves 26 de septiembre de 2019)
