Natalia Buiatti
Un jurado técnico, bajo la órbita del Consejo de la Magistratura, lleva adelante los demorados concursos para el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. El organismo de control viene vapuleado en los últimos años, por la designación arbitraria de Guillermo Smaldone y cuestionamientos en la ocupación de vacancias. Actualmente, se definen nueve impugnaciones interpuestas en los cuatro concursos para ocupar la Presidencia, dos Fiscalías de Cuentas a cargo de abogados; un vocal contador y un fiscal de Cuentas contador. La lupa está puesta en la sumatoria de los antecedentes y las evaluaciones de los exámenes.
La conducción política entrerriana tiene en sus manos, por estos días, una situación clave para resolver: los concursos para conducir el Tribunal de Cuentas (TdC). La entidad es una piedra basal en cuanto al control de los fondos públicos, y al manejo de dinero en las más diversas reparticiones del amplio espectro estatal. El concurso que actualmente se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura por parte de jurados técnicos, podría marcar un antes y un después en la calidad institucional de Entre Ríos. O debería apuntar a eso, a mejorar el funcionamiento del organismo de control y, como consecuencia, la transparencia en todas las cuentas del Estado.
El proceso se ha hecho demasiado largo. En 2014, se desencadenó una serie de acontecimientos que decantaron en la situación actual. La designación al frente del Tribunal de Cuentas de quien era entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone. En ese momento, cuando ya estaba vigente la Constitución Provincial de 2008 pero no todos sus institutos reglamentados, se jubiló Hugo Molina, que encabezaba la entidad de contralor. El ex mandatario, Sergio Urribarri, envió el pliego de Smaldone al Senado provincial (entonces monocolor) que rápidamente dio el visto bueno a la propuesta. Smaldone fue designado mediante el Decreto Nº 1112/14.
El nombramiento despertó una polémica notable en la provincia. Smaldone iba a auditar en el TdC, su propia administración en el desaparecido Ministerio de Trabajo. En ese control, debía resolver sobre una contratación millonaria y cuestionada, que hizo la cartera laboral entrerriana a la empresa Relevamientos Catastrales SA.
(La nota completa en la edición 1112 de la revista ANALISIS del jueves 16 de julio de 2020)
