Pasaron 30 años del secuestro y crimen del escribano Rubén Calero, funcionario del IAPV. Hubo dos condenados a reclusión perpetua, pero nunca se pudo saber quién fue el autor intelectual del asesinato y quedaron más dudas que certezas. Aquí, parte de la reconstrucción de aquellos días de principios de los ’90.
D.E.
En los primeros días de junio de 1991 había un clima político muy raro en Entre Ríos. Faltaban escasos meses para la finalización del primer gobierno de Jorge Busti y el PJ estaba decidido a continuar en la Casa Gris, con la fórmula Mario Moine-HernánOrduna. En menos de seis meses se detectaron una catarata de irregularidades y de episodios confusos. Algunos hechos fueron aprovechados por los hombres de la oposición.
El senador provincial Alfredo Maffioly (UCR-Colón) denunció al director de la Imprenta Oficial, Carlos Lenzi, por diversos hechos de corrupción. Imprentero de oficio y hermano del Chiro Lenzi, a partir de 1987 se transformó en uno de los hombres más cercanos al diputado nacional José Carlos Conde Ramos. Maffioly lo denunció en julio de 1990; un mes después Lenzi también fue noticia en los medios de la costa del Uruguay. Tanto él como Omar Horacio Bregani y Jorge Fadil -ambos empleados de áreas de Salud- fueron detenidos por Gendarmería Nacional cuando se trasladaban en un Peugeot 505 familiar que había sido robado en Capital Federal. El fallecido juez federal de Concepción del Uruguay, Héctor Neyra, los procesó por falsificación de documentación nacional de la propiedad de un vehículo.
Tanto la oposición como el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos detectaron que Lenzi hacía hábiles maniobras para desviar fondos: depositaba cheques a nombre de la Imprenta Oficial, con su endoso, en una cuenta del Banco Aciso Cooperativo Limitado. En total llegaron a ser 72 los valores desaparecidos. Con el tiempo, Lenzi terminó procesado y condenado, aunque no cumplió prisión por los delitos.
Los diputados provinciales de la oposición Gabriel Ferro y CelomarArgachá cuestionaron una compra de alimentos saborizados, realizada en abril de 1989 por el Ministerio de Bienestar Social con destino al programa Copa de Leche. Hubo elevados intereses y la operación terminó costando cerca de seiscientos mil dólares. El arranque investigativo de los radicales motivó que varios de los auditores del Tribunal de Cuentas afinaran el ojo con respecto a las compras del Ministerio. Así fue como detectaron el armado de por lo menos seis empresas truchas para participar en las diversas licitaciones que se producían. El esquema tenía un denominador común: el contador Ricardo Baronetti era quien organizaba las operaciones, desde su lugar de director administrativo del Ministerio de Bienestar Social. Cada licitación no bajaba de quinientos mil pesos de esa época y las maniobras se realizaban en conjunto con un empleado de la Dirección General Impositiva (DGI), radicado en Capital Federal.
(Más información en la edición gráfica número 1121 de la revista ANALISIS del jueves 10 de junio de 2021)
