Son varios los encumbrados dirigentes políticos, en especial del PJ, que estarán comprendidos en la segunda etapa de la investigación del Ministerio Público Fiscal, en la causa Contratos. La lista comprende a Guastavino, Laurito, Cresto, Cáceres, Bahl, Ballestena y otros grupos de recaudación, que también comprendería a legisladores de Cambiemos.
Daniel Enz
Nunca hubo tanta prueba documental en una causa por delitos de corrupción en Entre Ríos, desde el ’83 a esta parte. Las 546 páginas del pedido de remisión a juicio elevado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberri son contundentes y esclarecedores (ver nota aparte). Obviamente, los sectores involucrados salieron con los tapones de punta a descalificar o desvirtuar la investigación, como así también el foco del escrito. No podía ser de otra manera: estamos hablando de una defraudación al Estado entrerriano por unos 38 millones de dólares, durante diez años, pergeñada por una estructura cuasimafiosa, que contrató un grupo de abogados -entre los que hay excepciones- que, desde septiembre de 2018 hasta esta parte, dedicaron buena parte de su vida a defender a los imputados y reciben suculentos honorarios mensuales desde la mencionada fecha. Y tienen como objetivo embarrar la cancha, desviar los ejes de la discusión, descalificar a los investigadores, postergar fechas, plazos, audiencias, para confundir a la opinión pública y atemperar la gravedad del desvío de dineros aportado por los contribuyentes.
Obviamente, esos mismos letrados desarrollaron toda una estrategia de desgaste casi diario -desde hace por lo menos un año y medio-, con sectores mínimos de la prensa, que también apostaron a sostener ese eje propuesto. Algunos quizás por relación amistosa o cierta convicción con la tarea de ciertos letrados; otros porque aparecen beneficiados por los contratos de la Legislatura, en familia completa y en cifras millonarias anualmente, tal como se consignó en ediciones anteriores de esta revista y por ende es preferible meter miedo y acosar a los investigadores judiciales, sin ningún tipo de límite. Pero claro, siempre es bueno saber de qué lado está cada uno en esta historia. O se está a favor de los delincuentes y mafiosos o se está en la otra vereda. No hay que dar demasiadas vueltas.
Todos aquellos que leyeron en forma completa las 542 páginas del pedido de elevación a juicio (lo que hicieron solamente algunos pocos, porque es preferible seguir mirando Netflix y hablar por hablar) se molestaron porque “se ataca a una estructura delictiva”, pero no a sus verdaderos jefes políticos. En realidad, desde un primer momento se indicó que la investigación se dividiría en dos partes, por la magnitud y gravedad del desvío de dineros públicos.
(Más información en la edición gráfica número 1121 de la revista ANALISIS del jueves 10 de junio de 2021)
