El intento de homicidio del corredor inmobiliario Pablo Ferreyra y el robo del dinero que llevaba, abrió una herida en el núcleo de abogados, contadores y empresarios que vienen desarrollando inversiones millonarias en Paraná. Su socio Carlos Guillermo Torrealday, adscripto al Senado provincial, está bajo una sombra de sospecha y surgen sus negocios donde aparece vinculado a Alfredo Bilbao, uno de los principales imputados en la causa del histórico desfalco al Estado con los contratos truchos legislativos. Un caso que revela, junto al asesinato de Gonzalo Calleja, un infernal movimiento de dólares de origen desconocido. Una trama de jóvenes profesionales y empresarios que llevan una vida de lujo, dejando a muchos damnificados a sus espaldas.
J.A.M.
Como cada viernes a la mañana, Pablo Ferreyra llegaba en su auto Audi A5 a la empresa de su papá Raúl Oscar, el corralón Almafuerte, con una mochila repleta de dinero. Esta vez no eran los pesos destinados a los sueldos de sus empleados precarizados que trabajan en sus obras; llevaba (según la versión oficial) los 40.000 dólares correspondientes a una cuota de la compra de dos unidades de un edificio que un reconocido camarista penal de Paraná le había hecho.
Apenas bajó, dos hombres lo abordaron a punta de pistola. No quiso entregar la mochila, forcejeó y lo balearon. Tres semanas después, mientras el corredor inmobiliario se recupera en el hospital San Martín, la causa tiene a cinco detenidos: tres por autores materiales y dos por instigadores. Y sobrevuela la interna que explotó en un sector del hampa VIP de Paraná, donde otra vez el apellido Torrealday vuelve a aparecer en una causa penal grave.
Algunos códigos del ámbito delictivo empresarial parecieron haberse roto en las últimas semanas en Paraná con este atraco ocurrido el 16 de julio a la mañana. Los nombres que danzaron durante mucho tiempo alrededor de extraños negociados y fabulosas inversiones aparecieron en torno al sangriento asalto por encargue. Quienes delinquen en el rubro inmobiliario (entre otros) buscan saldar sus cuentas pegando en el bolsillo, sin acudir a asaltos ni balazos, para mantener a la Policía, la Justicia y la opinión pública lejos de su territorio. Pero esta vez cruzaron ese límite y parte de lo que ocurría en las sombras comienza a ver la luz: movimientos de dinero en negro; construcciones que se levantan con fideicomisos por todos lados en plena crisis; compra venta de propiedades con contratos usureros y de dudosa legalidad (y muchas familias damnificadas); cuevas de dólares visitadas por funcionarios de los tres poderes del Estado que perciben sueldos descomunales; lazos con el poder que los ubican en una situación de privilegio e impunidad.
(Más información en la nota de la edición gráfica número 1123 de la revista ANALISIS del jueves 5 de agosto de 2021)
