Daniel Enz
Pocas veces un medio periodístico de Entre Ríos recibió tantas agresiones de parte de un sector político acotado, de abogados defensores, de periodistas que tomaron partido en defensa de la corrupción y de mercenarios de la pluma y el micrófono, que siempre cobraron por decir y por callar. Eso sucedió todo el tiempo en todo este tiempo que se juzgó a Sergio Urribarri y sus amigos.
No fue casual que mencionaran a ANÁLISIS, de modo crítico, en 22 oportunidades ni que Urribarri me dedicara, en modo personal, casi 20 minutos de un alegato de 90.
No fue casual que los abogados reclamaran al tribunal un castigo ejemplar a este medio por supuesto “hostigamiento mediático” hacia Urribarri y Aguilera. O sea, una figura que no existe en el Código Penal, pero siempre queda bien para descalificar a medios y periodistas que solamente hacen su trabajo de informar, investigar y revelar lo que se trata de ocultar, sobre hombres públicos que se cansaron de hacer negocios con el dinero del Estado entrerriano, como si la plata fuera de ellos.
Pero nuevamente se equivocaron. El tribunal no dijo ni una sola palabra sobre el supuesto castigo que imploraban en sus alegatos defensivos, cumpliendo órdenes expresas de los imputados que representaban. Al contrario: el tribunal, de alguna manera, reconoció todo lo que veníamos denunciando sobre los imputados, desde los inicios de la segunda administración de Urribarri, cuando comenzamos a revelar la estructura que iba armando Juan Pablo Aguilera. Después se sumarían las notas sobre el patrimonio abusivo de los Urribarri, los otros negociados de Aguilera y de Báez o el Parador de Mar del Plata para la campaña del “sueño entrerriano”, que se fueron sumando y la justicia fue investigando hasta llegar al Megajuicio.
En ese contexto recibimos los 32 años de la revista ANÁLISIS, creada a principios de abril de 1990. De nuevo la justicia dejó demostrado que escribimos y denunciamos con fundamentos; con documentación y testimonios que conformaron la base de notas periodísticas que le sirvieron a la sociedad y a quienes dictan sentencias, para que algo cambie. Para que no sigan las prácticas corruptas; para que el abuso de poder tenga límites y no sea una constante por años y más años, mientras la provincia sigue precisando más fondos para salud, educación, caminos, viviendas y asistencia social. Los condenados volvieron a mentirle a la gente. Porque prometían cosas, con recursos del Estado, pero no les alcanzaba con sus sueldos; la decisión era enriquecerse, llenar los bolsillos de toda su familia y ser nuevos ricos. Aunque todavía sigan diciendo que dejaron la vida por la militancia y la comunidad toda de Entre Ríos. Son los mismos que no pueden mirarse al espejo, porque allí ven reflejado lo perverso que fueron en todos estos años.
ANÁLISIS no mintió. Anticipó lo que iba sucediendo. Y la justicia volvió a ratificar lo que se advirtió y nadie o casi nadie quiso ver. Hicimos lo mismo de siempre con nuestro trabajo, que sigue siendo duro, con demasiados costos personales, pero no nos engañamos ni engañamos a nuestros lectores. Como hace 32 años.
