Antonio Tardelli
Al examinar su comportamiento en el expediente de los Contratos Truchos, el fenomenal desfalco cometido durante una década en la Legislatura de Entre Ríos, los enemigos de la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, la acusan de haber favorecido a uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla. Le atribuyen un desempeño incorrecto supuestamente originado en la amistad que el profesional investigado mantenía con su esposo, el también contador Luis Sebastián Orlando Bertozzi, y al hecho de haber compartido con el acusado un par de inversiones inmobiliarias en sendos fideicomisos.
Le enrostran, por ejemplo, no haberlo enviado a la cárcel en determinado momento de la investigación, en diciembre de 2018, como sí ocurrió, por caso, con el funcionario del Senado de Entre Ríos, Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.
Lo curioso es que los imputados por la maniobra ilegal son 32 y sólo a 9 les fue dictada la prisión preventiva. ¿Es que la fiscal Goyeneche compartía fideicomisos con los otros 23?
Los críticos de la procuradora adjunta le apuntan también porque, en el marco de un allanamiento efectuado en la firma Integral Asesoría, un estudio de contadores fuertemente comprometido con el desfalco, no fue secuestrado el teléfono celular de Opromolla. La diligencia, a cargo de efectivos policiales, no pudo concretarse porque, al igual que otros integrantes del estudio, Opromolla no se hallaba en el lugar al momento del operativo. Fueron cinco en total las personas a las que no se les pudo retener el aparato. ¿Es que la fiscal y su esposo eran amigos también de los otros cuatro?
Integrado por magistrados, legisladores y abogados, el Jurado de Enjuiciamiento deberá revisar la conducta de Goyeneche, en su momento denunciada (a través dos escritos diferentes) por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, por un lado; y el letrado Carlos Guillermo Reggiardo por el otro. El tribunal tendrá que determinar si, en virtud de los meneados vínculos con Opromolla, la fiscal debió excusarse antes de la fecha en que finalmente lo hizo. En todo caso, en ninguna parte queda claro la clase de beneficio que habría usufructuado Opromolla en virtud del (supuestamente) incorrecto comportamiento de la investigadora.
Por el contrario, da toda la sensación de que a Opromolla no le fue nada bien en el trámite. Al defenderse de los cargos, en un texto de 92 carillas, Goyeneche escribió: “Se me atribuye haber beneficiado a personas que fueron allanadas, a quienes se les secuestraron todas las computadoras de su lugar de trabajo, y los teléfonos celulares, se las imputó y se les acusa de formar parte de una asociación ilícita y de colaborar con peculados reiterados cometidos durante 11 años”. De hecho, luego de que por propia determinación la procuradora adjunta abandonara el caso en abril de 2019, en el escrito de elevación a juicio los integrantes del Ministerio Público Fiscal exigieron para Opromolla una severa condena: seis años de prisión. “Los hechos hablan por sí solos”, añadió la fiscal en su descargo.
(La nota completa en la edición gráfica número 1129 de la revista ANALISIS del miércoles 13 de abril de 2022)
