Antonio Tardelli
Los tribunales de Paraná se convierten en teatro de un grotesco que describe acabadamente el deterioro institucional que seguramente la cúpula del Poder Judicial no acaba de advertir. Un grupo de mujeres porteñas, llegado desde Buenos Aires para manifestar su solidaridad con la destituida procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, agrede verbalmente a los abogados defensores del condenado ex gobernador Sergio Urribarri. La Policía, impotente, procura tranquilizarlas. Las manifestantes, que algunas crónicas presentan como “señoras”, gritan y agitan sus pancartas. En algo parecido a un paso de comedia, por demás exaltadas, persiguen a los profesionales hasta la vía pública. Un medio periodístico las identifica como “patota”. La patota está conformada, según se añade con espíritu de vigilancia, por “mujeres de entre 40 y 60 años”. Un cable de agencia las caracteriza como “un grupo de choque de la derecha libertaria”. Sus miembros, según resuelve la autoridad judicial, no podrán ingresar nuevamente a los sacrosantos recintos. El espectáculo se vuelve tragicómico. Una serie de sucesos se encadenan para entregar una imagen decadente del Poder Judicial de Entre Ríos.
Ese mismo día declara el imputado ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El jurista Emilio Castrillón alega que es un disparate que se lo lleve a juicio por haber desatado serios incidentes en un kiosco de la ciudad de La Paz donde la música sonaba a un volumen inadecuado para sus doctorales sueños. Por esos mismos días prescribe la causa que por violencia de género una ministra del Poder Ejecutivo, Sonia Velázquez, interpuso contra un ex diputado provincial y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende. Un juez considera que, en función del temperamento establecido por el Superior en el Caso Cozzi, que sobreseyó a un ex empleado de la Legislatura, Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, acusado de retener parte de las remuneraciones de un contratado, también debía ser sobreseído el ex gobernador Sergio Urribarri en una causa que además involucra al empresario proveedor de software Diego Armando Cardona Herreros.
Más o menos al mismo tiempo sobreseen al ex diputado radical Ricardo Troncoso, jefe del empleado sospechado. Pero a la vez otro juez hace lugar a un planteo de la Fiscalía y revoca el sobreseimiento. De paso, como para granjearse una simpatía superior, amonesta a una fiscal, Matilde Federik, que cometió la imprudencia de opinar que se asiste a un orquestado plan de impunidad. La presidenta del Superior Tribunal invita a una reunión al procurador general, Jorge García, para abordar temas de interés común. El Procurador la desaira y rechaza el convite. La jueza se enoja y redacta un comunicado furibundo. Luego manda a editar un monono video por el Día de la Bandera en el que sus participantes sonríen con patriótico espíritu. Antes, de gira por Nogoyá, el Superior Tribunal se retrata con jueces y fiscales de la jurisdicción. Todos, puntualiza la crónica, le agradecen al Superior por su virtuoso desempeño. En primera línea, más agradecido que nadie, posa con sus benefactores el funcionario judicial Blasón Lorenzatto, el ex empleado del diputado Troncoso absuelto por los beneficios del paso del tiempo.
Todo luce grotesco. El Larousse Conciso Ilustrado define lo grotesco como lo extravagante. Lo ridículo. Lo absurdo. Algo así como la imagen que en estas semanas devuelve el Poder Judicial de Entre Ríos.
(La nota completa en la edición gráfica número 1131 de la revista ANALISIS del jueves 23 de junio de 2022)
