En el marco de un amparo ambiental presentado por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF SA, se llevó adelante una instancia pública donde se dio a conocer un estudio de impacto ambiental sobre la actividad de extracción de arenas silíceas en el sur de la provincia. En esta instancia, el apoderado legal de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, presentó una impugnación a este informe elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuyo costo no ha sido informado, pero que extraoficialmente trascendió su presupuesto fue cotizado en varios miles de dólares. “Está plagado de falencias técnico científicas” y “contradice la verdad real”, apuntó a ANÁLISIS. Notificadas las partes de los cuestionamientos, aguarda una respuesta oficial al respecto por parte de las autoridades.
Por Silvio Méndez
El denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, es “un ramplón copia y pegue de Estudios de Impacto Ambiental presentados por algunas areneras y plantas de lavado de arena que fueron aprobados irresponsablemente por la Secretaría de Ambiente de la provincia y Municipio de Ibicuy en la gestión anterior, 2019 – 2023”. Así lo afirma, sin pelos en la lengua, Ricardo José Luciano, abogado litigante en causas que tiene en la mira a las mineras que extraen material que se usa para el fracking petrolero en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. El letrado es, además, representante legal de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, que ha demandado a las empresas instaladas en el sur entrerriano porque usan el vital elemento para limpiar la cotizada arena, extrayendo el insumo de las mismas napas subterráneas con la que se provee el servicio de red para los vecinos, con consecuencias desconocidas para la salud y el ambiente.
Ahora bien, en lo relacionado al estudio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Luciano se ha expresado respecto a una instancia abierta en otro expediente. En rigor, el aludido informe ambiental acumulativo que ahora se ve cuestionado, surgió como parte de una solicitud de amparo ambiental efectuada por Cauce y Agmer, y se tramitada en la Cámara Civil y Comercial, Sala III, a cargo de María Valentina Ramírez Amable. La entidad ecologista y el sindicato docente, iniciaron la demanda en abril de 2021, a partir de entender que la planta de lavado y clasificación de arenas “El Mangrullo”, de YPF SA, se encuentra en un área natural protegida, en cercanías a una escuela y a un barrio. “Se instaló sin haber finalizado el proceso de evaluación de impacto ambiental y no se garantizó el derecho de acceso a la información pública ambiental y a la participación ciudadana”, señaló en su momento la ONG, al considerar que “se actuó en desmedro de la salud humana y el ambiente y en abierta violación de todas las normas protectorias nacionales y locales”.
La petición de Cauce y Agmer obtuvo resolución en primera instancia el 30 de enero de 2023 y fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el 1 de enero del mismo año. En la misma se estableció que se obre mediante un mecanismo de participación para dar a conocer los del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) acumulativo “en el territorio afectado y para la ciudadanía entrerriana en general”, señaló la jueza en su escrito. Tras este lapso, la jueza Ramírez Amable determino recientemente que el Estado provincial haga público un trabajo encargado por la gestión pasada al Instituto de Recursos Minerales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. La magistrada convocó así para el 20 de febrero pasado a una reunión informativa. Esta audiencia pública se celebró en la ciudad Ibicuy para conocer detalles del estudio. Para tal fin, participaron las autoridades municipales y provinciales de Ambiente, así como partes interesadas.
Sin GPS
Fue tras esta instancia informativa que el representante legal de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, Ricardo José Luciano, efectuó la impugnación al estudio de la UNLP. Se trata de un trabajo costeado por el erario público provincial cuyo monto no fue informado públicamente. Fuentes conocedoras de este tipo de labores, indicaron que podría ubicarse en el rango de entre 10.000 y 15.000 dólares; de hecho, su cotización habría sido realizada en moneda norteamericana.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1148, del día 14 de marzo de 2024)
