Desde hace diez días, los hermanos Tórtul están alojados en el penal de Ezeiza y se van adaptando a la dura rutina carcelaria. Allí soportan la suciedad, la humedad, el frío y la mala calidad de la comida que caracterizan a la prisión de máxima seguridad más grande de la Argentina. Tienen celdas individuales y están gestionando autorización para ingresar algunos elementos, como ropa de abrigo y utensilios para cocinar. Después de estar incomunicados, ya pudieron recibir visitas de familiares y amigos. Están en un pabellón de baja conflictividad con otros 60 presos por delitos económicos, tráfico de drogas y violencia de género. ANÁLISIS reconstruye el día de día de los otrora poderosos empresarios y revela detalles de los allanamientos en los que les secuestraron dinero, autos de alta gama, documentación y equipos informáticos.
Luciana Dalmagro
Los hermanos Tórtul llegaron hace diez días a la unidad penal más grande del país, que alberga a alrededor de dos mil hombres. Antes, desde su detención el 16 de abril, estuvieron en dependencias de Gendarmería, en la zona de Retiro. Hoy cumplen 50 días de la prisión preventiva que les impuso la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
A las 7 de la mañana arranca la jornada en los módulos del penal de Ezeiza. Es la hora del recuento de los presos. Terminado el trámite, se abren las puertas de las celdas y los internos pueden circular dentro del pabellón o por el patio del sector.
En el módulo en el que están alojados los Tórtul hay 60 presos. El espacio tiene forma de triángulo. En dos de los lados hay tiras de celdas individuales a doble altura, con su correspondiente escalera y pasillo.
En el lado restante hay cinco duchas, un televisor, parlantes desde donde se imparten instrucciones y una garita vidriada desde la que un grupo de agentes penitenciarios controla cada movimiento.
Todas las celdas dan a un salón principal, que es compartido por los reclusos del pabellón. Allí hay mesas y sillas de plástico en su mayoría rotas y arregladas de manera rudimentaria.
Los hermanos Tórtul están en celdas cercanas. Cada uno tiene un cubículo de 3 x 3 con una pequeña ventana enrejada por la que entra algo de luz, pero también mucho frío. Las aberturas tienen huecos que, con suerte, están tapados con algún cartón.
El frío es una de las mayores preocupaciones, según cuentan allegados a quienes recorrieron los 517 kilómetros que hay desde Paraná para visitar a los hermanos.
Con el correr del tiempo, los internos van ingresando elementos para mejorar un poco sus condiciones de detención y tener alguna comodidad. Son trámites engorrosos y lentos, con infinitos controles, que los familiares de los Tórtul están empezando a hacer.
Lo más necesario es ropa de cama abrigada, ya que las celdas cuentan con colchones en mal estado y una sola frazada. En los pabellones hay sistemas de calefacción que están desde hace tiempo fuera de servicio y las bajas temperaturas se hacen sentir.
También elementos de cocina para empezar a hacer su propia comida y alargadores para llevar luz de una celda a otra porque los enchufes escasean.
Las viandas de almuerzo y cena se reparten a las 14 y a las 19 en bandejas plásticas envueltas en film. La comida del penal es uno de los aspectos que más quejas motiva por su mala calidad. Es otro tema que preocupa a los allegados de los empresarios paranaenses. No sólo porque la comida es fea, sino porque cae mal y causa descomposturas.
Los presos que llevan más tiempo adentro están organizados y reciben por parte de sus familias alimentos para preparar su propia comida. Lo hacen en un sector del salón común en el que hay una heladera, un freezer, un horno eléctrico y algunos anafes. Todo está en mal estado, sucio y es insuficiente. No hay alacenas ni espacio de guardado, así que es usual ver alimentos en el suelo o acumulados en las celdas.
En el lugar hay luz artificial con varias luminarias rotas, ropa colgada en las barandas de escaleras y pasillos y mucha humedad. La escasa ventilación genera un olor que a veces es nauseabundo. En el piso hay desperdicios, charcos de agua, suciedad y todas las instalaciones están sin mantenimiento.
El amoblamiento de las celdas se compone de una cama, una mesa y un banco de metal atornillados al piso y un mueble con dos estantes empotrado en la pared. Tienen una letrina que generalmente está tapada y hay que descargarle baldes de agua.
Los Tórtul tienen el sistema de visita regular del penal: un día de semana y los fines de semana, no más de cinco personas a la vez.
Quienes pudieron ir a verlos en estos primeros días en Ezeiza cumplimentaron los trámites de rigor. Por separado, mujeres y hombres primero se identifican, luego soportan una exigente revisación y finalmente acceden a una sala de espera en que pueden estar horas.
Luego pasan a una sala cerrada con mesas y sillas donde pueden estar algunas horas con su familiar. Si no hace mucho frío, también pueden reunirse en el patio. Cada pabellón tiene su espacio al aire libre, donde los internos juegan a la pelota y hacen actividad física. En el salón común hay un metegol y una mesa de ping pong.
A las 22 de nuevo hay recuento. Los presos son encerrados hasta que se termina con el procedimiento y luego se vuelven a abrir las celdas hasta la medianoche. Los que tienen acceso a un velador y consiguieron dónde enchufarlo pueden permanecer con la luz prendida leyendo por la noche.
El principio del fin
A las 6.50 del martes 16 de abril sonó el timbre en la casa de Claudio Tórtul, ubicada en el barrio privado Puerto Urquiza, en la zona de Bajada Grande en Paraná. Una comitiva de ocho personas, entre funcionarios judiciales y oficiales de Gendarmería, llegaban a allanarlo y detenerlo.
La casa de Tórtul consta de dos pisos, un subsuelo y una cochera. Hace un par de años, estuvo publicada para la venta en la web de una inmobiliaria de Santa Fe. Con el lenguaje algo exagerado de los agentes de bienes raíces, se la promocionaba como “una de las propiedades más bellas de Paraná y la región”.
Con una superficie de 387 metros cuadrados en tres niveles “fue concebida con la premisa de obtener visuales constantes al río y su naturaleza”, se explicaba en la publicación. También se remarcaba estar “en presencia de una verdadera obra de diseño contemporáneo ejecutada con materiales muy nobles y de calidad premium”.
“Al ingresar nos encontramos con un excelso estar de doble altura que da a la terraza con piscina calefaccionada. Las luminarias de diseño evidencian la calidad de pisos, la escultórica escalera y el revestimiento de madera natural”, se detallaba. Una cascada, pocelanato italiano, losa radiante y grifería alemana completaban la descripción.
La casa tiene dos puertas de acceso y en una de ellas atendió Claudio Raúl Tórtul, argentino, 59 años, de profesión contador, estado civil soltero, a la comitiva que portaba la orden de Arroyo Salgado.
Eran seis miembros del Escuadrón de Delitos Complejos de Gendarmería -cinco hombres y una mujer-, la secretaria del Juzgado Federal de San Isidro, Marisa Madueña, el prosecretario de la Fiscalía Federal Nº2, Ignacio Macchi, y dos testigos.
El empresario les dijo que estaba solo y los hizo pasar al living. Allí, le leyeron la orden de allanamiento, secuestro, requisa y detención.
Tal como indica el procedimiento, se le preguntó si tenía elementos de valor, como dinero o joyas. Tórtul fue acompañado hasta la cocina y buscó un frasco en el que había 930 mil pesos y 150 euros.
Dijo también que en su dormitorio había dólares que una empleada había guardado, pero no sabía exactamente dónde, quizás en una valija.
Luego, se le preguntó por su teléfono celular. Tórtul explicó que estaba en su cuarto, en la planta alta, y todos subieron la escalera en busca del equipo, un iPhone 11 negro que el empresario entregó voluntariamente.
Los modelos de teléfonos iPhone son muy difíciles y hasta imposibles de desbloquear por los peritos informáticos, si no cuentan con la clave.
Si Tórtul no entregaba la contraseña, los efectivos estaban autorizados a realizar un “desbloqueo compulsivo con uso de la fuerza”. Es decir, que se lo podía forzar a realizar un reconocimiento facial, de iris o de toma de huella dactilar.
No fue necesario: el empresario proporcionó a los gendarmes el código de desbloqueo de seis cifras que los efectivos anotaron en una planilla y preservaron junto con el teléfono.
De acuerdo a las instrucciones detalladas en la orden de allanamiento, al dispositivo se le extrajo la tarjeta SIM, fue colocado en modo avión y resguardado en una bolsa Faraday, confeccionada en una tela especial que impide el acceso remoto.
Los celulares de ambos hermanos fueron abiertos el miércoles 29 de mayo y el viernes 31 se comenzó con la extracción de los datos. Los investigadores entienden que será vital para la causa la información que allí se encuentre, que hasta ahora no se dio a conocer.
Pasadas las 7.15, cuando funcionarios y efectivos llevaban menos de media hora en la casa, llegó el momento de la requisa personal de Tórtul, siempre en presencia de los dos testigos, “respetando en todo momento el pudor del mismo”, según se dejó asentado en el acta de allanamiento. Se lo llevó a un lugar aparte y se ocupó del trámite personal masculino.
El momento de la detención
Gendarmes, testigos y funcionarios judiciales empezaron el recorrido por la planta alta, donde hay dos habitaciones, dos baños, un vestidor y una sala de estar. Siguieron por la planta baja, donde están la cocina, el comedor, el living, un baño y el lavadero. Y finalmente fueron a la cochera y al subsuelo, en el cual se está construyendo un depósito.
De cada ambiente se fueron seleccionado elementos para secuestrar. De la sala de estar se llevaron una computadora y un pen drive. Del dormitorio sacaron una computadora portátil Mac Book, otro iPhone que estaba en su caja y un segundo pendrive. Y en la parte superior del vestidor encontraron un morral negro Nike con una bolsa de papel madera dentro de la cual había 90 mil pesos y 49 mil dólares.
En el garage se requisó el auto de Tórtul, un BMW 540 color blanco modelo 2018 con 63 mil kilómetros. En el vehículo se encontró una nota dirigida a Enersa con fecha 24 de marzo firmada por el empresario en su carácter de presidente de la firma Tornell SA.
También se hallaron montos de dinero en distintos lugares del coche: 40 mil pesos sueltos en el asiento del acompañante, 6 mil en la puerta del conductor, otros 6 mil en el apoya brazos y en el baúl otro morral, marca Adidas, con los documentos de Tórtul, del BMW y un poco más de plata,. Además, se halló una caja de cartón con 4,7 millones de pesos.
En tiempos en que cada vez circula menos efectivo y las personas se manejan con tarjetas o billeteras virtuales, los investigadores no dudaron en señalar que la profusión de billetes indicaba una modalidad usual en quienes manejan plata negra derivada de la comisión de delitos.
En la cocina, en una alacena, se encontraron 51 dólares, 350 uruguayos, 114 mil pesos chilenos, 160 mexicanos y 320 libras esterlinas. Probablemente el cambio que sobra después de un viaje. Y adentro de una hielera había 500 mil pesos argentinos.
De distintos lugares de la casa se fue recolectando documentación considerada de interés para la investigación: boletas de impuestos de embarcaciones, documentación de varios vehículos, boletos de compra venta de lotes en el barrio, planos de viviendas, recibos de sueldo de Tórtul y contratos de locación.
Los investigadores también se llevaron 10 pagarés de distintos montos por un total de 34 mil dólares en favor del empresario, todos con fecha diciembre de 2023. Y documentación de cinco departamentos en un edificio de calle San Juan, un certificado de plazo fijo y boletos de compra venta de inmuebles en Cervantes 26, Santa Fe 266 y Nogoyá 69 de Paraná.
Al requisar el subsuelo, se encontró otro pen drive y un bibliorato negro con folios, donde Tórtul guardaba tarjetas personales, resúmenes de cuenta de varios bancos, tarjetas de crédito y una cédula azul para autorizarlo a conducir un Volkswagen Passat propiedad de Securitas Argentina SA.
Cerca de las 10.30 llegó a Puerto Urquiza el abogado Humberto Franchi, que se presentó como defensor de Tórtul. Pocos minutos después se retiró rumbo a casa de Marcelo Tórtul, donde el otro allanamiento estaba comenzando.
Minutos más tarde, el oficial a cargo se comunicó por teléfono con el Juzgado Federal a cargo de Arroyo Salgado e interiorizó a la secretaria Melanie Bauer de los resultados del procedimiento. La funcionaria ratificó la orden de secuestro de los elementos y confirmó el pedido de detención de Tórtul.
Diez minutos después, el oficial llamó al Juzgado Federal de Paraná, donde fue atendido por el secretario Juan Andrés Chaulet, a quien también informó de las medidas y, con anuencia del juez federal subrogante Daniel Alonso, se procedió a continuar con el operativo.
A las 11.20, cuatro horas y media después de iniciado el procedimiento, Claudio Tórtul fue detenido e incomunicado. Los efectivos se llevaron el dinero, las computadoras, los teléfonos, la documentación y el auto.
A Tórtul se le pidió que se lavara las manos y se le entintaron los dedos para tomar cinco juegos de fichas dactiloscópicas. También se le sacaron las clásicas fotos de frente y perfil.
Posteriormente, fue llevado en carácter de incomunicado a dependencias del Escuadrón Buenos Aires de Procedimientos Judiciales de Gendarmería en la zona de Retiro en la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, hace 10 días, fue traslado al penal de máxima seguridad de Ezeiza.
Un ingreso por la fuerza
A la casa de Marcelo Tórtul, ubicada también sobre calle Estrada, varias cuadras más adelante, los efectivos llegaron a las 9.50. Los atendió una empleada que los condujo a una oficina en la cual se encontraba el empresario de 53 años.
A los pocos minutos, apenas pasadas las 10, llegó al lugar la esposa de Tórtul, Gabriela Gómez Arpi, que pidió presenciar el procedimiento.
Los uniformados y los funcionarios judiciales recorrieron las cuatro habitaciones, la cocina-comedor, los cinco baños, el patio, el garage y la vinoteca de la casa.
En una de las habitaciones se encontró una memoria externa, un pen drive y 2 iPad. Entre la ropa de la mujer, se encontraron 150 dólares. Y se abrió una caja fuerte que contenía 75 mil dólares y 4 millones de pesos.
En la oficina de Tórtul se encontró su iPhone 14 gris con funda azul. Al igual que su hermano, el empresario proporcionó el pin de acceso. También se llevaron una computadora portátil.
En la cochera había tres autos que fueron requisados y secuestrados. Un BMW X6 a nombre de Tornell SA y otros dos vehículos a nombre de Marcelo Tórtul: una camioneta Ford Raptor y un pequeño auto eléctrico Smart Fortwo.
A las 10.20 se le comunicó a Tórtul su condición de detenido e incomunicado. A las 11.15 llegaron abogados: Franchi, que venía de la casa de Claudio Tórtul, y Gustavo De Barba. Estuvieron menos de 20 minutos y se retiraron.
La esposa de Tórtul entregó la llave de un departamento perteneciente al matrimonio, ubicado en el piso 14 de Catamarca 683. Llegó tarde: otro grupo de gendarmes con orden para allanar el inmueble ya habían ingresado por la fuerza al no obtener respuesta cuando llegaron.
En el lugar no encontraron elementos de relevancia, pero sí se llevaron de la cochera una camioneta Land Rover perteneciente a la familia. El departamento quedó cerrado y con fajas de clausura.
Los cinco vehículos de alta gama -uno de Claudio y cuatro de Marcelo Tórtul- fueron conducidos al Escuadrón Núcleo de Gendarmería en Paraná, ubicado en calle Almafuerte. Al día siguiente llegaron grúas para trasladarlos a provincia de Buenos Aires, donde permanecen en un depósito judicial a cielo abierto.
Horas de encierro
Apenas llegaron al penal de Ezeiza, los hermanos Tórtul fueron sometidos a estudios médicos en el Hospital Penitenciario Central que está dentro del complejo.
Luego, fueron alojados en un módulo destinado a mayores de 50 años con perfiles criminológicos considerados de baja conflictividad y con buena conducta. Hay acusados de delitos económicos, narcotráfico y de violencia de género, entre otros.
Pasan sus días en el mismo espacio en el que tiempo atrás estuvieron Amado Boudou, Carlos Zannini, Julio de Vido, Ricardo Jaime, Lázaro Báez y José López, entre otros ex funcionarios condenados por delitos de corrupción. Ya no queda ninguno: algunos cumplieron sus penas y otros obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria.
Hoy los presos más conocidos están vinculados al narcotráfico. Uno es el jefe narco Esteban Lindor Alvarado, que tiempo atrás protagonizó un cinematográfico y frustrado intento de fuga en helicóptero. Otro es Mario Segovia, el llamado Rey de la Efedrina, y hay varios secuaces de Guille Cantero, líder de la poderosa banda rosarina Los Monos, que está alojado en Marcos Paz.
Los condenados a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, Víctor Schilacci y los hermanos Lanatta, también están en Ezeiza. En el verano fueron acusados por el asesinato de un interno que fue apuñalado en uno de los pabellones al término de una requisa.
Las requisas son habituales y alteran la rutina del penal. La mayoría se originan en investigaciones que apuntan a presos que conducen organizaciones delictivas desde adentro. Estos procedimientos generan tensión y horas de encierro extra, dado que mientras transcurren se cierran las puertas de las celdas.
Los avances de la causa
A principios de mayo, los hermanos Tórtul fueron procesados y embargados en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de una presunta asociación ilícita dedicada al pago de sobornos para mantener contratos entre la empresa de seguridad Securitas y la distribuidora de energía entrerriana.
Arroyo Salgado consideró en ese entonces que ambos tenían que estar con prisión preventiva por su calidad de empresarios del rubro de la seguridad “con importantes medios económicos y aceitados vínculos con personal militar y de fuerzas de seguridad”.
También mensuró que los medios a su alcance podrían configurar peligros procesales. “Desde la óptica del riesgo de fuga existen elementos objetivos para considerar que poseen amplias facultades para abandonar el país o permanecer ocultos”, sostuvo. Además, aludió a la posibilidad de entorpecimiento e influencia sobre testigos, dado que muchos implicados fueron o son sus subordinados.
La magistrada les trabó embargos por 30 mil millones de pesos a cada uno y los procesó por considerarlos prima facie autores de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizadores en concurso real con cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el artículo 210, el Código Penal establece una pena de entre cinco y diez años para los organizadores de una asociación destinada a cometer delitos. El cohecho está tipificado en el artículo 258, que establece penas de dos a seis años. Y las negociaciones incompatibles con la función pública tienen penas de entre uno y seis años.
Por estas horas, se aguarda la decisión respecto de las apelaciones a los procesamientos que debe adoptar la Cámara Federal de San Martín, luego de que Arroyo Salgado hiciera lugar a las presentaciones de las defensas. Aún no se fijó fecha de audiencia y trascendió que el volumen de la causa y la abundante documentación a analizar es el motivo de la demora.
Los elementos secuestrados
De los allanamientos en los domicilios de los hermanos Tórtul, los gendarmes se llevaron:
-1 auto BMW 540
-1 auto BMW X6
-1 camioneta Ford Raptor
-1 auto eléctrico Smart Fortwo
-1 camioneta Land Rover
-124.298 dólares
-8.578.500 pesos
-3.125 euros
-675 libras esterlinas
-350 uruguayos
-160 mexicanos
-114 mil chilenos
-120 reales
-10 pagarés por 34 mil dólares
-1 iPhone 11 negro
-1 iPhone azul en su caja
-1 iPhone 14 gris
-2 computadoras de escritorio Apple
-2 computadoras portátiles Mac Book
-2 iPad
-5 pen drive
-1 memoria externa
-Notas, contratos, boletos de compra venta, resúmenes de cuenta, tarjetas personales.
-Documentación de inmuebles en Puerto Urquiza, Lomas del Golf, calle San Juan, Cervantes 26, Santa Fe 266, Nogoyá 69 y Córdoba 667.
-Documentación de vehículos y embarcaciones
Los otros procedimientos
El 16 de abril los efectivos de Gendarmería que llegaron a Paraná trabajaron a lo largo de toda la jornada.
Temprano a la mañana, pasadas las 6.40, llegaron al departamento de Alejandro Cis, gerente de Enersa jubilado el año pasado y procesado y embargado en la causa por ser presunto receptor de coimas.
Los efectivos tocaron el portero eléctrico, pero como nadie respondía, esperaron la salida de una vecina que les permitió el ingreso. Para entrar al 8º C hicieron uso de la fuerza.
Del departamento de un dormitorio se llevaron 9.300 dólares que estaban en una caja fuerte, una pistola Beretta con su cargador y una computadora.
Cis llegó a las 9.30, cuando los uniformados ya estaban terminando. Se le explicó la situación y se le pidió el celular, que entregó voluntariamente junto con el patrón de desbloqueo.
Los gendarmes también fueron a un estudio jurídico ubicado en Urquiza 165. El abogado Juan Pablo Marani les entregó dos carpetas con documentación de cuando, junto al letrado Gustavo Gaitan, eran apoderados de Securitas.
En la concesionaria Haimovich de avenida Uranga 612 los atendió una de las dueñas, Mayra Reiss, que les entregó dos facturas por la compra de dos vehículos por parte de Tornell SA en diciembre de 2018.
Otro lugar visitado fue la Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, ubicada en calle Montevideo esquina Pellegrini.
Allí los recibió el comisario general Ángel Ricle, titular de la repartición, y la responsable del área, comisario inspector Zulma Argañaraz.
Se les leyó la orden de Arroyo Salgado, mediante la cual se solicitaba toda la documentación vinculada con los trámites de habilitaciones de las empresas Segar SA y Tornell SA y el material fue entregado por Argañaraz.
La tarea más extensa fue la que los efectivos desplegaron en la sede central de Enersa en calle Buenos Aires. Allí llegaron a las 11. Los atendió la abogada Gabriela Ferri.
Los gendarmes tenían orden de recolectar documentación y hacer copias del contenido de los correos corporativos de Alejandro Cis y de los otros dos gerentes procesados: Juan Carlos Pimentel y Marcelo Morales. También de Hector Malmierca y de José Gervasio Laporte.
Se les informó que Laporte no era empleado de la empresa, sino miembro de la comisión fiscalizadora y que había fallecido y en el sector de servidores hicieron los back up de las casillas de correo. También se llevaron los legajos de los mencionados.
Desde la empresa tercerizada Servicios Documentales Entrerrianos les trajeron cuatro biblioratos con la documental relacionada a las licitaciones de Securitas y Tornell. Además, colectaron todos los contratos entre Enersa, Securitas, Tornell y Segar.
Morales se encontraba en la empresa y fue notificado por los gendarmes y citado a indagatoria. Lo propio se hizo con Pimentel, cuando llegó a las 13.45. Llamó la atención de los gendarmes que ambos se retiraron cerca de las 20 sin avisar, cuando el procedimiento estaba por concluir.
La obsesión inmobiliaria
Los hermanos Tórtul siempre tuvieron cierta obsesión con los negocios inmobiliarios y las relaciones de poder con la clase política. A fines de mayo, Claudio Tórtul compró para su hijo mayor la casa del exdiputado provincial José Angel Allende (PJ-Nogoyá), que estaba valuada en algo menos que un millón de dólares. Casualmente, dos departamentos de Allende también aparecieron a nombre de sus familiares directos en el coqueto edificio de Santiago del Estero 511 de Paraná, donde uno de los principales inversores fue Claudio Tórtul, dueño de varios inmuebles en dicha construcción. Incluso, en el piso 13 tiene un semipiso, donde tiene como vecino al senador nacional Edgardo Kueider. La particularidad del departamento del legislador bordetista es que está a nombre de la empresa Betail Sociedad Anónima, dedicada a la producción de pollos, que lo tiene como socio al concordiense.
Kueider vive en el departamento de 3 dormitorios. Allí reside cada vez que llega a Paraná. Betail tiene además otros dos departamentos y dos cocheras de estacionemiento. Uno de ellos es ocupado por la asistente de Kueider, Iara Costa, también de Concordia. El punto en cuestión es que los departamentos costaban 150 mil dólares el más barato y 350 mil dólares el más caro, que es parecido al de Tórtul y Kueider.
En el edificio también tienen departamento el exdiputado nacional Juan Domingo Zacarías (actual titular del EPRE); la diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos) y hasta hace algunos días -por lo menos hasta que estalló el tema de las coimas de los Tórtul- alquilaba Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación.
