“Bajarla no será una tarea sencilla; no será fácil. Yo estaría muy contento si al cuarto año terminamos con un dígito de inflación”, decía Alberto Fernández en 2019 pocos días después de ganar las elecciones internas. Hoy la tarea no es pensar en esa cifra lejana con la que celebraría terminar su mandato, sino sostener lo previsto en el Presupuesto y repetido una y otra vez por los funcionarios en los últimos días: en el 2021 la inflación será del 29 %. Con la mayor preocupación del Gobierno puesta en el salto de los alimentos que marcaron una suba de precios del 4,8 por ciento en enero, ahora se suma al control la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Agentes de este organismo saldrán a la calle para montarse a los operativos de control que encabeza la secretaría de Comercio Interior. En pleno año electoral, el Gobierno debe contener la inflación que el ministro de Economía, Martín Guzmán, define como “multicausal”. La suba de precios será una de las categorías a las que el Gobierno busca poner un freno con acuerdos empresariales, pero también con una fuerte fiscalización en góndolas, publicó el diario Perfil.

Inspectores

Para ello, el Gobierno planeó que la AFIP le otorgue a la secretaría a cargo de Paula Español mayor poder de fuego al momento de avanzar con las inspecciones a lo largo de todo el país. Sus inspectores recorrerán hipermercados, supermercados y comercios de proximidad para el cumplimiento de los Precios Máximos y Precios Cuidados que contienen productos de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería. A ello se sumará el acuerdo de carnes mientras que pocos días atrás se creó también el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) que sumará mayor intervención en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial y competencia desleal.

El viernes, los organismos realizaron la primera prueba de este trabajo conjunto. Según pudo saber el diario Perfil, se realizaron un total de 53 inspecciones en el área metropolitana. Del operativo surgieron 14 actas por infracciones a la normativa de Precios Máximos por “valores abusivos” en distintos artículos, y se pudo comprobar algunos faltantes de productos del programa Precios Cuidados.

La actuación de la AFIP en estos operativos ya había sido probada en las primeras semanas de la cuarentena. En marzo de 2020 las amenazas de desabastecimiento y suba de precios hicieron que el organismo saliera a la calle por denuncias de aumentos desmedidos y faltantes de alcohol en gel, guantes y barbijos.

Ahora, las inspecciones consistirán en una verificación ocular para corroborar que los precios indicados en caja y góndola coincidan con los valores correspondientes según los listados oficiales. “En caso de que un comercio incumpla con estos parámetros se les exigirá que reduzcan esos precios y se labrarán actas. Y si las infracciones involucran a más de 10 productos, los inspectores tienen la potestad de realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas, durante las cuales los comerciantes deberán corregir los valores de góndola”, explicaron fuentes oficiales. Aunque la AFIP aportará agentes y participarán activamente de los operativos, la Secretaría de Comercio es la autoridad de aplicación para las sanciones.

Durante este fin de semana, el ministro de Producción, Matías Kulfas, la secretaría de Comercio, Paula Español y a titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont terminaron de definir los operativos para ya estar en la calle el lunes.

Movimientos

Durante este fin de semana hubo otros operativos que no fueron coordinados por estas carteras. Voluntarios de las organizaciones sociales Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) relevaron los valores de los productos que integran el programa Precios Cuidados en hipermercados y supermercados de todo el país.

Los funcionarios se enteraron de la participación de los movimientos sociales en la fiscalización a través de las redes sociales, cuando las organizaciones lo hicieron público. El propio Guzmán aclaró días atrás que el organismo encargado de los controles es la Secretaría de Comercio a la que ahora se suma la AFIP. Mientras se avanza en acuerdos con empresarios, en la Casa Rosada preferirían que las imágenes de la supervisión sean institucionales y que no sean las organizaciones denunciantes mediáticos de incumplimientos a los que el propio Gobierno deberá responder.

“Modelo chavista”

La incorporación de voluntarios de movimientos sociales al programa de control de precios que dispuso el gobierno nacional generó la inmediata reacción de la oposición, que cuestionó la metodología para frenar la inflación. “Usar a los piqueteros para controlar precios es inaceptable. Solo genera rencor, enfrentamiento social y le da a un grupo una herramienta de poder típica del modelo chavista”, advirtió a través de las redes sociales la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien pidió que “no dejemos que estas metodologías avancen: van contra nuestra libertad”. La ex ministra de Seguridad dejó además un mensaje para Alberto Fernández y le dijo: “Presidente, no agigante la grieta”.

Por su lado, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro se sumó a la embestida y lamentó que haya “centros de vacunación en unidades básicas y locales de La Cámpora. Control de precios con organizaciones piqueteras y sociales. ¿El Estado?, bien gracias”, ironizó.