El pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial contra la Trata de Personas, dispuesto desde 2014 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de generar mayor conciencia, promover y proteger los derechos de las víctimas. Un informe especial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró la realidad provincial en relación con este delito, el avance tras el cierre de prostíbulos y el trabajo en pos de su prevención y erradicación.

La trata de personas un delito muy difícil de cuantificar y de estimar su magnitud, puesto que obviamente, las transacciones se realizan de manera clandestina. Sin embargo, una estimación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2014 calculó que la trata de personas genera una ganancia de alrededor de 150 mil millones de dólares anuales en el mundo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “la trata de personas es un delito, que afecta a todos los países del mundo ya sea como países de origen, de tránsito o de destino de las víctimas”. Representa una grave violación a los derechos humanos y constituye el tercer delito en importancia mundial, detrás del tráfico de armas y de drogas.

Desde que se promulgó, a finales de 2008, la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y hasta el 31 de diciembre del 2018, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, rescató a 13.384 personas que eran sometidas a distintos regímenes de explotación sexual y laboral.

Las cifras oficiales revelan que de ese total cerca del 92% (12.258 personas) eran mayores, en tanto que poco más del 8% restante (1.090 víctimas) fueron menores de edad.

En Entre Ríos, en mayo de 2011 la ley 10.032 creó el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas; mientras que en noviembre de 2020 se sancionó la ley 10.852 que dispone de un Protocolo Interinstitucional de Trata.

Trabajo incansable

La coordinadora del Consejo Provincial de Trata, Silvina Calveyra, explicó ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que “en la provincia, desde 2018 en que se implementó la campaña “La trata existe” y otra campaña vinculada al grooming como otro método de captación, notamos que, de tener cero denuncias a la línea nacional 145 que depende del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con quien trabajamos articuladamente, empezó a oscilar el número de denuncias”. “En ese sentido, destacamos la campaña porque es evidente que la ciudadanía no conocía de la existencia de esta línea de denuncias anónimas, y por presunción de trata la cantidad empezó a oscilar en unas 36 denuncias anuales y una cifra similar de pedidos de orientación”, informó.

Planteó que “para nuestra provincia, que fue pionera en el cierre de los prostíbulos a nivel nacional a partir de 2012, hubo un antes y un después de esta decisión, más allá de que es un delito que cambia su modus operandi y va mutando a medida que se lo persigue y se lo combate. Por eso estamos siempre muy alertas, incluso con la colaboración de la ciudadanía muchas veces que, en esta mutación donde cambia la fachada de los lugares, nos pone en alerta para las primeras intervenciones o detecciones tempranas, y de este modo poder evitar la explotación en sí”.

En tal sentido, sostuvo que “en esa época cuando se cerraron los prostíbulos fue cortar el primer eslabón en esta cadena de vulnerabilidad y se redujo la explotación sexual, en una provincia que es de alto riesgo porque estamos ubicados geográficamente en un lugar estratégico para quienes llevan adelante el delito de trata, ya que tenemos pasos de frontera y los pasos internos como el Túnel Subfluvial”. “Todo esto se ha podido ver en los juicios del Tribunal Federal Oral de Paraná que es uno de los que más sentencias tienen a nivel nacional y con más montos de condena, y lo vemos en las declaraciones de los propios imputados”, ejemplificó.

Calveyra puntualizó que “había 108 prostíbulos de los cuales se cerraron 52, y luego con la ley provincial se cerraron todos, lo que fue poner una faja de clausura pero también saber qué pasó con esas 2.000 mujeres que estaban en situación de prostitución en esos lugares; la mayoría eran mujeres de otras provincias que las traficaban y las migraban cada tres meses aproximadamente y había un prostíbulo cada 15 kilómetros en el corredor de la ruta 14, en la costa del Uruguay”. “Por eso en esa época se planteaba que nuestra provincia era lugar de ablande y para nosotros fue un avance porque de esa manera se redujo la explotación”, valoró.

En este contexto, reveló que desde la Red de Alerta y el Consejo Provincial “hemos hecho denuncias por departamentos privados que funcionaban hace un tiempo atrás en lugares residenciales de Paraná; también hubo denuncias a otras fachadas porque detrás de una verdulería, una pinturería u otro comercio puede estar funcionando uno de estos lugares de sometimiento; y así en diversos lugares de la provincia también se han hecho denuncias y se ha detectado mujeres en situación de prostitución”.

Alertó asimismo que “hace falta profundizar en cuestiones de recursos; jueves y viernes se realiza el Consejo Federal y soy consejera en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos y llevamos algunas propuestas que tienen que ver con esto porque hace falta más recursos para la restitución de derechos de las víctimas lo cual tiene que ver con vivienda, con salud, con educación”. Mencionó que “en educación se ha hecho convenio con el Instituto Becario (Inaubepro) para garantizar becas a víctimas de trata y sus hijos; en lo que es la asistencia al momento de realizar un operativo hay convenios con el Hogar Yanina y el Hogar La Delfina, que son centros de atención integral en Colón y Villaguay, con equipos interdisciplinarios específicos que fueron capacitados en trata de personas, que cuentan con seguridad en la puerta”.

“Y también la asistencia tiene que ver con cuestiones como vivienda y trabajo digno, por eso hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados que se crearon con consenso del Consejo Provincial que es un organismo colegiado integrado también por las organizaciones e la sociedad civil. Un proyecto tiene que ver con vivienda y otro con la posibilidad de brindar inclusión laboral para las víctimas de trata de personas porque ellas no eligieron estar en esa situación y es necesaria una restitución de sus derechos. Por esto la Red Federal de Mujeres Abolicionistas de la Explotación que está formada por muchas ONG’s está juntando firmas para apoyar este proyecto de ley que llevó adelante el diputado Gustavo Zavallo y que para nosotros es muy necesario, porque las víctimas tienen urgencias”, informó Calveyra.

El trabajo policial, indispensable

Otra de las patas importantes para la detección de este gravísimo delito es la policía provincial. La subjefa de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, Eliana Galarza, explicó ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que “las denuncias que se reciben en la dependencia se comunican inmediatamente a la Justicia Federal y desde allí, luego de hacer una evaluación, designa a qué área le da intervención y qué organismo de seguridad, ya sea Policía provincial, Policía Federal, Gendarmería, será el encargado de llevar adelante la investigación”.

Advirtió en tal sentido que “es un delito sumamente complejo por eso hay que tener mucho recaudo al momento de ejecutar una investigación”.

Consultada por las estadísticas en relación con denuncias por trata, destacó la existencia “de la línea telefónica gratuita 145 que funciona las 24 horas y que recibe denuncias por este tipo de delitos y asimismo recibe pedidos de asistencia y consultas. Hasta 2018, en que se llevó adelante la campaña nacional denominada “La Trata sí existe. Denunciá al 145” eran muy pocas las denuncias que se recepcionaban y desde entonces hay una estadística que muestra que se reciben entre 30 y 36 llamados mensuales”.

Y puntualizó que “según las estadísticas que se manejan desde la creación de la ley en 2008, hay aproximadamente 17.000 personas rescatadas en el país y en lo que tiene que ver con la intervención del personal de esta área de trata de la policía, los últimos casos en que se trabajó fueron en 2021 donde se intervino en dos casos de trata laboral, una en la isla Lynch y otra en la ciudad de Nogoyá, y en 2020 hubo una intervención en el macrocentro de Paraná por explotación sexual”.

Finalmente, apuntó que “en 2012 hubo un arduo trabajo del personal policial de esta División porque se cerraron 56 prostíbulos en el territorio entrerriano, y luego de esto estamos permanentemente alertas y en contacto con todos los organismos y hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya otros lugares que pudieran estar funcionando como prostíbulos”.  

La importancia de la Justicia

Desde el Tribunal Federal Oral de Paraná se viene realizando desde hace varios años un trabajo minucioso e incansable para desarticular las redes de trata que se establecen en territorio entrerriano, a tal punto que es uno de los tres Juzgados Federales del país que dictó más sentencias por trata de personas, e incluso con condenas inéditas.

El fiscal Federal Ignacio Candioti le viene poniendo el cuerpo a este trabajo de un modo extraordinario dándole “absoluta prioridad” a la investigación de las denuncias por delito de trata de personas, las cuales llegan a través de “denuncias anónimas, denuncia que se efectúan ante Fiscalía, o ante la Policía”.

Actualmente hay varias causas por este delito en trámite en el Juzgado Federal de Paraná, y también hay audiencias de juicio fijadas y que se realizarán próximamente. 

Casos emblemáticos con condenas

- Caso Alfonzo

En marzo de 2017, el locutor y “publicista” de Concordia Gustavo Alfonzo fue condenado a 10 años de prisión por haber explotado sexualmente a una menor de edad en fiestas que organizaba en distintos lugares de la ciudad de Concordia. 

La grave situación salió a la luz a fines de 2014, gracias a una madre desesperada que buscaba a su hija de 16 años. Tras investigar ella misma, una comisión policial la acompañó hasta el departamento de Alfonzo en calle Monseñor Rösch, en Concordia, donde hallaron a la menor, que luego contó que era obligada a ejercer la prostitución.

Fue una causa que tuvo trascendencia nacional porque involucró políticos y empresarios provinciales, gente del poder, y hasta declaró la hermana Marta Pelloni (caso María Soledad Morales).

Quedó claro en el juicio que la organización que encabezaba Alfonzo se sostenía de la captación de menores en estado de vulnerabilidad y de la organización de eventos en los que los “clientes” pagaban buenas sumas de dinero para violar a las adolescentes, muchas de ellas menores de edad.

En la parte resolutiva de la sentencia los camaristas Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros adelantaron que al procesado le comprobaron que cometió los delitos de Trata de Personas con fines de explotación sexual en su modalidad de captación, acogimiento y traslado; agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad, por haberse consumado el acto sexual y por ser la víctima una menor de edad.

En este 2022, Alfonzo permanece detenido pero solicitó en reiteradas oportunidades el beneficio de salidas socio-laborales que le fueron rechazadas, y ahora también pidió la libertad condicional que rechazó el fiscal Candioti y está a resolución del Tribunal.

En noviembre de 2019 Cuestión de Fondo mostró un informe especial con la palabra de la joven víctima que desató la punta de una red de trata de personas en Concordia.

- Caso Martínez

En 2016 el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Carlos Martínez a la pena de 11 años de prisión, al encontrarlo culpable de los delitos de trata de persona con fines de explotación sexual y abuso sexual. Su víctima fue una adolescente de 15 años, que había sido raptada en la provincia de Salta, luego trasladada a Santa Fe y finalmente a la capital entrerriana.

Se trata de la pena más elevada que se ha dictado en la provincia por este delito, y una de las más altas que se ha dictado en el país. Excepto en causas por crímenes de lesa humanidad o por narcotráfico.

El 20 de agosto de 2014, la chica de 15 años salió de su casa a hacer unos mandados, en la localidad de El Quebrachal, Salta. Allí la secuestró una camioneta tipo traffic, donde iba Carlos Martínez, Gladys Ibáñez y un tal “Chileno”, quienes la trasladaron a Santa Fe capital, donde la sometieron a explotación sexual en una casa frente a la terminal de ómnibus.

Tiempo después, la cruzaron hacia Paraná donde la situación de trata y abuso siguió en un hotel cercano a la Terminal y en una carpa instalada en la plaza Carbó, detrás de la Casa de Gobierno provincial. En ese espacio público, por esa época había un campamento de ambientalistas que protestaban contra un proyecto de regulación de agroquímicos, situación que el hombre aprovechó para montar su carpa.

Finalmente, la joven fue rescatada en septiembre de 2014 cuando Martínez intentaba abordar con ella un micro rumbo a Rosario, tras cometer un robo por el cual lo buscaba la policía. En un primer momento, obligada por su victimario, la niña dijo que ese hombre era su padre. Luego pudo contar todo lo que había debido sufrir.

Tras el juicio, los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros aplicaron una dura condena y sin precedentes en la provincia, por los delitos de abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual en su modalidad de captación, traslado y alojamiento. Los agravantes fueron el uso de violencia, amenazas y engaño.

- Caso García

El 30 de marzo de 2021, el suboficial de la policía, Ángel Gerardo García, oriundo de La Paz, fue condenado a 10 años de prisión por explotar sexualmente a su pareja y madre de sus hijos durante una década, en modalidad de ofrecimiento y traslado.

La causa se había iniciado el 20 de abril de 2019, luego de una denuncia efectuada por la hermana de la víctima ante la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A través de este llamado, la mujer dio aviso sobre la situación en la que se encontraba su hermana, quien le había enviado un mensaje pidiéndole ayuda para salir de la situación de explotación en la que se encontraba por parte de su esposo.

En la sentencia el Tribunal Oral Federal de Paraná, el juez Roberto López Arango también había ordenado que García le restituyera a la víctima, a modo de compensación económica por el enorme daño causado, el auto que era del matrimonio y que el policía utilizó para trasladarla y explotarla sexualmente.

El condenado recurrió esta decisión judicial pero la Cámara de Casación rechazó el recurso dejando firma la sentencia, es decir que García debía entregar el auto. Pero el policía presentó un escrito en el que aseguraba que no sabía dónde se encontraba el vehículo.

Ante esta situación, el fiscal del Tribunal Oral Federal de Paraná, Ignacio Candioti, presentó un escrito para advertir que García estaba cometiendo un nuevo delito: desobediencia judicial.

Actualmente está preso en la Unidad Penal en Paraná.  

Caso Manzanares-Campoamor

En 2014 el Tribunal Federal Oral de Paraná condenó a Rubén Darío Campoamor, de 65 años, y a José Cándido Manzanares, de 70 años. Manzanares recibió siete años de prisión por ser encontrado penalmente responsable del transporte con fines de explotación sexual de una menor de 18 años con fines de explotación sexual en modalidad de traslado. Campoamor recibió tres años y seis meses de prisión por resultar partícipe secundario del mismo delito.

La propia víctima, entonces de 16 años, reveló durante el juicio: “Campoamor me vendió a Manzanares a los 13 años. Él me dijo que ahora Manzanares era dueño mío. Que él me había comprado y que yo tenía que hacer lo él me dijera”.

La causa había comenzado por una intervención que hizo Gendarmería Nacional el 5 de diciembre de 2011 en el puente Victoria-Rosario, y en el control vehicular detectó a dos personas oriundas de Gualeguaychú, uno de apellido Manzanares y otro Campoamor, que trasladaban a una niña menor de edad hacia la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, con la idea de venderla a un prostíbulo.

Llamó la atención al personal de Gendarmería la presencia de la niña en el auto, les pidieron documentos a todos los ocupantes y muy nerviosa la nena respondió que eran amigos, pero poseía el DNI de su madre. Allí fueron detenidos los dos hombres, que terminaron siendo condenados.

En 2015 la Cámara Federal de Casación Penal rechazó todos los planteos de los defensores y, en consecuencia, dejó firme el fallo.

Pero aquella investigación reunió los testimonios de otras víctimas, por los cuales estos dos hombres de Gualeguaychú fueron nuevamente llevados a juicio. Esta vez fue un abreviado, en el que acordaron distintas penas. Manzanares finalmente cumple una condena total de 10 años y medio de prisión, y Campoamor seis años.

Testimonio

En ese primer juicio, el abogado Alfredo Vitale actuó en representación de la joven víctima menor de edad y habló con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) de esa experiencia y de la aberración que representa este delito. “Esta gente que comete estos actos que son muy perversos, lo hacen con criaturas de 11, 12, 13 años aprovechándose de la vulnerabilidad y de su condición humilde. Justamente esta niña contó en Cámara Gesell que en su momento, Campoamor la captó ofreciéndole un helado y ella no sabía lo que era un helado, nunca había tomado un helado lo que para cualquiera de nosotros puede ser algo tan simple”, contó.

“Después de que Campoamor abusó sexualmente de ella cuando era muy pequeña, forzándola en reiteradas oportunidades, se la vendió a Manzanares como si vendiera un auto u otra cosa, y ahí es Manzanares quien la hace hacer todo ese raid donde la obligaban a tener relaciones sexuales con mayores de edad, todos de una franja etaria de entre 60 y 70 años, algunos de Gualeguaychú y otros de Buenos Aires donde a veces la trasladaban a esta niña y a otras más a mantener jornadas de explotación sexual”, relató.

Reveló el abogado que “también venían desde Buenos Aires a Gualeguaychú en época de carnaval donde le ofrecían una especie de turismo sexual con menores, como se hace en Asia o en Oriente, con alojamiento, entradas al carnaval, y pensión completa,  incluido el servicio de explotación sexual de estas menores”.  

En este marco, Vitale advirtió que según su opinión, “en Gualeguaychú todavía existe la trata de personas, pero nunca más se investigó, nunca más se hizo nada, y creo que debe haber personas del poder implicadas que por eso la investigación no se realizó, el juicio no se hizo porque en ese momento intervenía el Juzgado de Menores o de Familia, vamos para 10 años y hasta hoy no se ha llevado a cabo el juicio”.

También advirtió por la falta de recursos y las falencias en la asistencia a la víctima: “Creo que acá hay una clara violación y vulneración a los derechos humanos y nunca más se investigó, ni se hizo nada. Tampoco desde la contención a la víctima; en su momento tuvimos ayuda de la Procuración General de la Nación de la parte de derechos humanos e incluso tuve la oportunidad de comunicarme telefónicamente con la hermana Marta Pelloni porque requeríamos ayuda y contención. La Dirección de Ayuda a la Víctima de la provincia de Entre Ríos que en ese momento estaba a cargo de Marcia López siempre destaqué la labor de ese organismo pero eran tres o cuatro personas que tenían que recorrer la provincia sin medios”.

Alertó que “para que esto funcione se necesita que haya una connivencia con el poder político, la policía o fuerzas de seguridad y con el Poder Judicial, de lo contrario no podría existir” y consideró que “hay un doble discurso en esta sociedad, uno donde se habla de defender los derechos humanos pero para determinados elegidos, pero no todos tenemos una defensa de los derechos humanos”. “Hay un doble discurso y en la medida en que no se transparente, no se unifique y no nos pongamos en el lugar de la víctima, no va a cambiar. Debemos tener empatía. Yo no puedo asegurar que esto vaya a desaparecer pero sí buscar la forma de evitarlo”, concluyó.

Estadísticas 2021

Tipos de Explotación

Explotación Laboral 57

Explotación Sexual 02

TOTAL 59

Cantidad de Víctimas

Mujeres 11

Hombres 33

Niños/Niñas 15

TOTAL 59