Narcotráfico en Rosario: en la última década hubo 2300 homicidios

El número es frío y parece distante: 2327. Pero encierra dolor. Es la cantidad de personas asesinadas en Rosario en los últimos diez años, un periodo en el que la violencia eclosionó a partir de 2012, a causa de la llamada guerra narco, y nunca logró detenerse y retornar a los niveles de 2010, cuando se cometieron 97 crímenes, una cifra un poco por encima de la de Córdoba.

Después de una década, este año la cantidad de asesinatos –hasta hoy, 221– puede superar la de 2013, cuando se produjeron en el departamento Rosario 264 crímenes. La tasa de homicidios puede volver a romper el valor de 21 asesinatos cada 100.000 habitantes, y situarla más cerca de los 30.

Una simple comparación expone lo escalofriante de las cifras rosarinas: en 2020, en todo el país hubo 2416 víctimas de homicidios dolosos; ese año, en Rosario hubo 213, un 9% del total argentino. La tasa de asesinatos cuadruplica la media nacional.

Desde hace tiempo aparece el clisé de comparar a Rosario con Medellín, por su historia centrada en la década del 90, cuando esa ciudad colombiana era escenario de la guerra de los carteles en pleno auge de Pablo Escobar. Una vieja postal que nada tiene que ver con la Rosario de hoy. En 1991 se cometieron 6809 asesinatos en Medellín, pero la situación es otra, actualmente. Luego de grandes cambios a nivel urbano y social, Medellín tiene una tasa de homicidios de 15,6 cada cien mil habitantes. En conclusión, si Rosario va a sobrepasar los 21 asesinatos cada 100.000 habitantes se podría interpretar que hoy está peor que la capital de Antioquia.

Si la lupa se amplía un poco más allá de la última década en Rosario se ve claramente el salto y el cambio que proporcionan las estadísticas. En 2010 se cometieron 97 asesinatos en Rosario. Era una cifra “tolerable” en una ciudad donde empezaba a crecer la inseguridad, y los casos sangrientos vinculados al narcotráfico comenzaban a aparecer en el radar, pero de manera esporádica.

Entre enero y abril de este año se produjeron 99 homicidios, según datos del Observatorio de Seguridad Pública. Es decir, en los primeros cuatro meses de 2022 fue asesinada casi la misma cantidad de personas que murieron por causas violentas en todo 2010.

La violencia empezó a crecer a partir de ese año, cuando comenzaron a producirse fenómenos nuevos, que advertían que con la violencia extrema se pretendía dominar un mercado de drogas ya consolidado. Once años antes de aquel 2010, el 27 de febrero de 1999, fue detenido por primera vez por una causa de drogas en Itatí, Corrientes, Máximo Cantero, El Viejo, que actualmente está preso en el penal de Piñero.

El fundador de Los Monos ya andaba comprando marihuana hace 23 años y le iba a hacer promesas a la Virgen de ese pueblo correntino, como declaró en la causa federal en ese momento. El Viejo hoy sigue en lo mismo. Volvió a ser detenido el 27 de abril pasado en su casa en la villa Vía Honda, donde a la par de la venta de drogas también manejaba el comedor comunitario Gauchito Gil. El viernes fue asesinado su nieto Nahuel, de 20 años, que había quedado como encargado del negocio narco tras su detención este año.

Y desde las primeras luces de hoy, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía provincial, la Gendarmería y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron, por disposición de la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro, 40 allanamientos contra la banda de Los Monos; en uno de ellos fue detenido uno de los hijos menores de El Viejo: Dyan Cantero.

Para esa hora todavía se hablaba del más reciente homicidio: el domingo a la noche, en una fiesta de cumpleaños en una vivienda ubicada en avenida Uriburu al 5200, del barrio Avellaneda Oeste, en el sudoeste rosarino, una discusión terminó con la muerte de Carlos Orellano, que recibió varios tiros de un revólver calibre .32; el asesino es un joven de 22 años que por estas horas es buscado por la policía.

Los orígenes del terror

El primer homicidio en 2010 se produjo el sábado 2 de enero, cuando en la llamada Villa Moreno, un lugar que dos años después se transformaría en el escenario emblemático de una masacre, con el crimen de los tres pibes que militaban en el barrio y fueron acribillados por “error” en un ataque narco, mataron a Sebastián Fernández. Este muchacho de 30 años, muy querido en la zona, era un vendedor ambulante. Fue asesinado por un sicario que se movía en moto.

En ese 2010 el entonces ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, un académico de larga experiencia en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que había sido designado por Hermes Binner cuando asumió la gobernación, en 2007, dejó el cargo, que fue ocupado por un hombre que nada tenía que ver con la seguridad: Álvaro Gaviola, quien era el titular del Registro Civil.

El 4 de febrero de ese año se produjo otro crimen que quedó en la historia por sus protagonistas. Tres colectivos de la barra brava de Newell’s, que lideraba en ese momento Diego “Panadero” Ochoa fueron emboscados sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de barrio Las Flores, y Walter Cáceres, un pibe de 14 años, recibió una ráfaga calibre 9 milímetros que lo mató. En el juicio fueron acusados varios integrantes de Los Monos, entre ellos Claudio “Pájaro” Cantero, pero el abogado Carlos Varela logró que la Justicia no encontrara pruebas para condenarlos. Los Monos fueron condenados por primera vez en 2018, esa deuda y demora de la justicia –sobre todo federal, que entiende en delitos vinculados al narcotráfico- provocó que esa banda rústica y marginal creciera y se expandiera por toda la ciudad.

El 19 de marzo de 2010 fue asesinado el jefe de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Camino. Este hombre que manejó la barra durante 14 años, que coincidió con la presidencia del fallecido Eduardo José López, contrató a Los Monos para ese atentado, aunque la Justicia nunca lo pudo probar. Uno de los condenados por el crimen de Pimpi fue René Ungaro, quien está preso actualmente en el penal federal de Ezeiza, luego de sumar varias sentencias. Ungaro, aliado hoy del clan de Alan Funes, un joven también preso en ese penal federal, está detenido desde 2011, pero nunca dejó de operar en la sombra de los pabellones, y 12 años después domina parte del engranaje narco del barrio La Tablada.

El futuro ya llegó

En 2011 la cifra de homicidios se elevó de 97 a 165. Comenzaba a quedar expuesta en la realidad la profecía que los agentes de la DEA Terry Parham y Christopher Macolini lanzaron el hotel Río Grande, de Santa Fe, 15 años antes: “Todavía en la Argentina viven una relativa calma en las ciudades con el delito de drogas. Pero esto se terminará ni bien empiecen a instalarse cocinas de cocaína. Eso creará un rubro nuevo en la economía local, dará empleo, abaratará la mercadería y también la multiplicará. Cuando eso pase, tengan por seguro que habrá dos efectos: se diseminarán las muertes violentas y la corrupción policial alcanzará niveles que jamás vieron”. El futuro había llegado.

El 31 de abril de 2011 fueron asesinados Oscar “Huevo” Ibáñez y Oscar Balbuena. El primero tenía una cocina de cocaína y un negocio incipiente de reparto de droga en todo el sur de Rosario. Ese año hubo varios asesinatos con sicarios –como los de Norberto Armanino, conocido como El Peligroso; Luis Alberto Medina, de la banda de Olga “Tata” Medina; Miguel Muñoz y Matías Iván Jatón, y Pedro Lencina- focalizados en la zona sur y norte de Rosario, donde comenzaban las fricciones por un negocio en alza.

Al año siguiente, en 2012, con Antonio Bonfatti como gobernador, se produjo un salto mayor, un quiebre en la cantidad de homicidios: 182 asesinatos. Pero no solo fue la cantidad, que era casi el triple que la de dos años antes, sino quiénes y cómo habían sido ejecutados.

En junio de ese año renunció al cargo de ministro de Seguridad Leandro Corti. El conflicto que afloró en ese momento fue que se había negado a avalar la decisión del gobernador de autorizar la realización en Santa Fe del partido entre Rosario Central y Patronato. Ese cargo fue ocupado por Raúl Lamberto, exlegislador socialista, que transitó hasta el final del mandato. Ese año fue clave en la historia reciente de la violencia en Rosario.

El 1º de enero, Villa Moreno fue escenario de una masacre narco. Jeremías Trasante, hijo de Eduardo, el exconcejal que fue asesinado en 2020; Claudio Suárez; y Adrián Rodríguez fueron acribillados por la banda de Sergio “Quemado” Rodríguez y otros cuatro jóvenes que actuaron en represalia por el ataque que horas antes sufrió Maxi Quemadito Rodríguez. Los tres chicos que tomaban una cerveza para recibir el año en una canchita fueron las primeras víctimas inocentes de esta locura.

El 8 de septiembre se produjo otro crimen que mostraba una escenografía nueva con los sicarios como protagonistas. En una tarde soleada, en 27 de Febrero y Entre Ríos, fue acribillado dentro de su flamante auto BMW Martín “Fantasma Paz”, quien estaba acompañado de su mujer y su hija. Ese crimen abrió el capítulo más importante en la historia reciente del narcotráfico: porque, como después se detectó en varias causas, entre ellas las de Esteban Alvarado, una década después, el Estado se intentó transformar en un regulador del mercado de las drogas, a través de la policía.

La llamada megacausa de Los Monos, principales acusados de matar a Paz, generó que la División Judiciales de la Policía se convirtiera en los perseguidores de los Cantero, porque eran, varios de ellos, socios de Alvarado, el enemigo de Los Monos, a quien sectores de la policía le habían dado, “llave en mano”, parte de la hegemonía de la venta de cocaína y marihuana con su socio Luis Medina.

La muerte empezaba a rediseñar el negocio de la droga, con el búnker como punto central del negocio, que marcaba algo simple y que iba a contramano de una actividad clandestina: estaba en un lugar fijo y a la vista de todos, incluso de la propia policía. En noviembre de ese año fue detenido el entonces jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, en una causa en la que fue absuelto seis años después. En 2015 fue condenado a seis años por encubrir a unos narcos, tras una denuncia iniciada por Norma Castaño.

La corrupción policial se amplificaba a la par de los asesinatos de jugadores clave que tenían cocinas de cocaína, como Arturo “Carau” Quevedo y Roberto del Valle Padilla Echagüe, veterano hampón conocido como Tuerto Boli.

Hasta el crimen del Pájaro Cantero, el 26 de mayo de 2013, la causa por el homicidio del Fantasma Paz tenía unas pocas fojas con información dudosa de “inteligencia”, aportada por los miembros de la División Judiciales que jugaban para Alvarado, entre ellos Luis Quevertoque, condenado a tres años de prisión en 2020.

El impacto político de los crímenes narco

El homicidio del líder de Los Monos generó una estampida en la geografía criminal. Los Monos salieron a matar sin piedad en venganza de la muerte de Pájaro. Por primera vez, los narcos arrinconaban al poder político con el impacto que provocaba el uso de la violencia.

En 2013 se cometieron 264 crímenes, el año con mayor cantidad de muertos por hechos de violencia de la historia reciente. Las venganzas eran a plena luz del día. El primero fue Diego Demarre, asesinado por Ariel “Guille” Cantero, y le siguieron, el 28 de mayo, los familiares de Milton César, joven al que por entonces vinculaban con el crimen del Pájaro. Murieron un hermano, Nahuel, y la madre de Milton, Norma, además de un amigo, Marcelo Alomar.

Este contexto inédito en la Argentina se completó con otro hecho aún más grave: el atentado contra el gobernador Bonfatti en su casa. Uno de los tiradores fue Emanuel Sandoval, soldadito de Alvarado en ese momento, que confesó haber participado en el ataque al firmar un juicio abreviado. Increíblemente el gobernador, asesorado por el exministro de Justicia Héctor Superti, desistió de acusarlo.

Sandoval, convertido en un narco pesado, fue asesinado en 2019 por un grupo comando en la mansión donde vivía, en el barrio La Florida. Ese año marcado por la sangre se completó con el doble crimen del socio de Alvarado, Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli. La investigación dejó expuestos varios puntos oscuros, como la desesperación que tuvieron, horas después del homicidio, funcionarios del Ministerio de Gobierno para abrir la computadora, la famosa Mac de Medina.

Ese 2013, que mostró la cara más sangrienta del narcotráfico, con 264 asesinatos, y dejaba a flor de piel las complicidades y las zonas oscuras que aparecían en torno a este negocio ilegal, se puede repetir en 2022.

Más células, más muerte

Durante los últimos meses, el escenario empezó a mostrar que los grupos criminales están cada vez más fragmentados. Y esto, que podría leerse como una debilidad, lo que en realidad manifiesta es una violencia más extrema, capitaneada por segundas y terceras líneas de las bandas que sueñan ser narcos poderosos, con una moto y una pistola en la cintura.

Desde 2012 hasta ahora la cantidad de homicidios se mantuvo en lo alto, con respecto a otras provincias y a la media nacional, que es de 5,3 crímenes cada cien mil habitantes, cuatro veces menos que en Rosario. Si se observan las cifras globales de la última década aparecen años en los que los crímenes descendieron, como en 2017 (165), la cifra más baja, y 2019 (169). Pero ¿cómo se explica que en 2018 la cantidad de asesinatos haya sido mayor, con 204 hechos? Ese descenso efímero en la cantidad de crímenes en esos dos años se rompió otra vez en 2020, con 213 asesinatos, y con 240 al año siguiente.

Uno de los últimos informes del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe aporta como dato relevante que cada vez es mayor la incidencia de crímenes con planificación previa, lo que deja en claro que están vinculados al mundo criminal. Tres de cada cuatro homicidios tienen una preparación previa, aunque muchas veces esa planificación sea rústica, al igual que los perfiles de los sicarios que usan las bandas y que se transformaron, en sí mismos, en un nuevo mercado de la muerte.

A la par de los números de homicidios hay otros factores que complican aún más el panorama y alimentan el reguero de sangre, como la aparición, a partir de 2018, de las extorsiones. En el primer semestre de este año se realizaron 796 denuncias por extorsiones, en las cuales más de 400 se usaron métodos violentos para reclamar un pago, sobre todo con armas. No solo se atomizó el poder del narcotráfico, fragmentado en pequeñas bandas conducidas desde las cárceles, sino también se expandió una sensación de terror que se hace visible en la mayoría de los barrios, con las balas incrustadas en las paredes.

La persecución de estas organizaciones criminales llevó a que las prisiones estén repletas, saturadas, y se transformen en un nuevo peligro, porque pueden ser incontrolables. Según cifras oficiales, el número de personas privadas de la libertad durante 2021 ascendió a 8270, lo que elevó la tasa de encarcelamiento a 232 personas cada 100 mil habitantes. El número de detenidos cobra mayor dimensión si se lo compara con 2008: en ese entonces había 3794 personas detenidas en cárceles y comisarías de la provincia.

(La Nación)

 

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