La Corte Suprema anunció como una epopeya en una acordada del mes pasado que daría a conocer las declaraciones juradas patrimoniales de sus integrantes, algo que está previsto por ley desde hace dos décadas.

Lo hizo ante un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que llevaba siete años reclamando acceder a ellas. Finalmente, el día llegó, y los supremos decidieron mostrar un monto global de lo que poseen sin muchos detalles, y lo limitaron a los años 2015, 2016 y 2017.

Se puede saber, por ejemplo, que Carlos Rosenkrantz es el más rico de todos, con bienes por 39.501.973,58 de pesos, pero ni en su caso ni los otros es posible entender por qué aumentó su fortuna, a excepción de Horacio Rosatti, que decidió hace tiempo difundir sus bienes detallados en una página web personal. Todos los integrantes del tribunal incrementaron su riqueza según estos datos, publicó el diario Página/12.

De todos modos, no se sabe con la información disponible si, para los que llevan más de una década en el cargo, ese aumento tiene relación con su salario o se debe a otras circunstancias. Al no existir tampoco precisiones sobre trabajos y sociedades anteriores quedan ocultos los posibles conflictos de interés.

“Más allá de que la respuesta de la Corte es un avance en transparencia y acceso a la información pública en el Poder Judicial, hoy por hoy sus integrantes son los funcionarios de todos los poderes que menos información proporcionan sobre su patrimonio. Secretarios y jueces de otras instancias incluso tienen que detallar mucho más, porque el Consejo de la Magistratura exige llenar otro tipo de formulario, más acorde a las normas vigentes”, dice Sebastián Pilo, co-director de ACIJ.

Lo que sucede es que en 2014 los supremos decidieron poner sus propias reglas en una acordada y establecieron que la información que harían pública respecto de sus bienes es la que figura en los formularios de las declaraciones de bienes personales e impuesto ganancias ante la AFIP, que sólo exhibe montos generales, a contramano de las exigencias de las leyes de Ética Pública, la de Publicidad de las Declaraciones Juradas y la de Acceso a la Información Pública. También incorporaron un reglamento de consulta para la ciudadanía a través de la página web del tribunal, donde hay que explicar el interés y el uso que se le dará a la información. No se conocen casos en que hayan respondido a esos requerimientos por internet.

El tribunal solo hizo una excepción con la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, y le dio el mismo tipo de información que ahora le proporciona a ACIJ, pero en 2016. Esta cronista hizo el pedido en dos oportunidades, una en 2015 y otra en 2019. La única respuesta obtenida fue, este año, de parte del juez Rosatti.

El ranking supremo

Así, los ministros del máximo tribunal entregaron finalmente a ACIJ la información contenida en sus formularios 711 y 762 ante la AFIP, pero tampoco presentaron lo que corresponde a todos los años que llevan en la Corte. Juan Carlos Maqueda integra el tribunal desde 2002, mientras que Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco juraron en 2004.

Pero, proporcionaron datos entre 2015 y 2017, por lo que la ONG hará una nueva presentación reclamando los datos restantes. “Un problema adicional –añade Pilo– es que en 2017 la propia AFIP cambió los formularios de bienes personales y hay muchos menos detalles que antes. Y hay que recordar que los bienes inmuebles no se declaran al valor de mercado, sino al valor fiscal, lo que reduce”.

Según lo que volcaron en su declaración de bienes personales, que es la más gráfica para entender la situación patrimonial, este es el ranking de la riqueza de los supremos.

* Rosenkrantz: 19.196.698 pesos (2015), 32.118.646,83 (2016) y 39.501.973,58 pesos (2017). Según analizó ACIJ en base a los datos disponibles, la distribución de los bienes es de 27,8 %en inmuebles, 6,7% automotores, 6,6% créditos, 2,1% depósitos, 1,2% depósitos en el exterior, 4,7% en bienes personales y bienes muebles, 6,5% otros bienes y 44,6% de dinero en efectivo. En el exterior tiene 0,4% del patrimonio.

* Lorenzetti: 20.058.088,29 pesos (2015), 22.418.557,50 pesos (2016) y 25.720.397,73 (2017). El primer año tenía según la proyección de ACIJ el 34,4 % de su patrimonio en depósitos el exterior, 56,2 % de dinero en efectivo, 3,1% bienes personales y muebles, 0,8% créditos en el país y otros bienes 5,6 %. Para 2017, su patrimonio en el exterior trepó al 43,5 %.

* Highton de Nolasco: 4.860.251,62 pesos (2015), 7.967.048,71 pesos (2016) y 13.215.094,5 pesos (2017). Según una estimación de ACIJ el 74,9 % es dinero en efectivo, el 7,9 % son depósitos, 7,6 % automotores, 2,9 % inmuebles, 4,8 % bienes personales y muebles y 2 % otros bienes. No registra bienes en el exterior.

* Maqueda: 2.925.099,81 pesos (2015), 4.273.070,02 pesos (2016) y 6.717.140,09 pesos (2017). Según el análisis de ACIJ, Maqueda mantuvo esta distribución de bienes: 17,6% en inmuebles, 7,2% en créditos, 32,3% de dinero en efectivo, 4,8% bienes personales y muebles y 38,2 % de otros bienes. No tiene bienes fuera del país.

* Rosatti: 1.154.486,69 pesos (2015), 3.646.642,46 pesos (2016) y 6.985.504,82 pesos (2017). La distribución 22,6% en inmuebles, 9,1% en bienes personales y muebles, otros bienes 0,8%, 34% de dinero en efectivo, 31,1% en automotores, 2,2% en créditos. Según ACIJ, en 2015 tenía 12,8% en el exterior, al año siguiente 47,9 % y en 2017, 6,7%.

Ocultamientos

La ONG elaboró un informe con algunas conclusiones preocupantes, más aún, teniendo en cuenta que la Corte es la máxima autoridad judicial y no es la que predica con el ejemplo de apertura y transparencia, publicó el diario Página/12.

Por empezar, dicen en ACIJ, los formularios entregados tienen “un nivel de información considerablemente menor al exigido por la Ley de Ética Pública (...) los anexos carecen de información detallada sobre los bienes, situación que impide controlar el contenido de las declaraciones juradas (...) no es posible conocer la titularidad, superficie ubicación, valuación y fecha de ingreso al patrimonio de los bienes, sino que la información se presenta en forma sumamente agregada”.

La falta de esa información, sumada a que los formularios de AFIP utilizan valores históricos y fiscales “impide inferir si los incrementos patrimoniales se encuentran justificados con los ingresos del magistrado/a”.

Desde 2017, además, la AFIP dejó de exigir distinción acerca de si los bienes están dentro o fuera del país. Es imposible determinar qué tipo de bienes integran el patrimonio de los supremos.

La Corte, además, no informa sobre cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años, que cualquier investigación judicial sobre presunto enriquecimiento suele revelar que se convierten en parte de los mecanismos habituales para camuflar la riqueza de los poderosos.

Tampoco ofrece información referida a empleos y actividades laborales anteriores, participaciones societarias o emprendimientos propios. Por ende, no se pueden detectar conflictos de interés. PáginaI12 detectó en el caso de Rosenkrantz más de una decena de fallos que firmó donde eran parte clientes (grandes empresas, como YPF y Claro, entre otras) de su estudio privado de abogados, que figuraban listado que había presentado en el Senado antes de la audiencia pública para su designación.

Pero, se trata de que sea información fácilmente accesible, que permanece en las sombras. La reglamentación del Consejo de la Magistratura, dicen en ACIJ, también impide hacer ese cotejo.

Aun dentro del Poder Judicial, dice el texto, los funcionarios de cargos inferiores a los supremos son notablemente más completos ya que incluyen buena parte de los detalles exigidos por la ley de Ética Pública. Lo mismo sucede en los poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero los supremos, en este terreno, se resisten a renunciar a sus arcaicos privilegios. El resultado de todo esto es que es imposible conocer su patrimonio real y detectar posibles casos de corrupción, ya que viven con un manto de protección permanente.