Las víctimas de delitos no solo tienen derecho a que se haga justicia por el hecho que sufrieron, sino también a que su opinión sea tenida en cuenta durante el proceso judicial y mientras el autor responsable cumpla la condena. Esto es ley desde mediados de 2017, y ahora podría ser aplicado en un caso muy impactante sucedido en Entre Ríos. Se trata de Gustavo Alfonzo, quien fue condenado hace más de dos años a una década de prisión por haber explotado sexualmente a una menor de edad en fiestas que organizaba en distintos lugares de la ciudad de Concordia. El hombre, a través de su defensora pública, pidió recientemente un permiso para salir a trabajar, y la Fiscalía General planteó que primero debe consultarse a la víctima su consideración acerca del planteo antes de dar el permiso.

Alfonzo, a través de su defensora oficial Noelia Quiroga, realizó el requerimiento al Tribunal Oral Federal de Paraná. Los jueces Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango corrieron traslado al fiscal general, José Ignacio Candioti.

El fiscal sostuvo que, en el marco de la vigencia de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, resulta necesario informar a la víctima de trata para que exprese su opinión acerca del pedido de Alfonzo, lo cual debería ser valorado previo a decidir otorgarle el beneficio al condenado, publicó Uno Entre Ríos.

En este marco, ahora se espera conocer la resolución del tribunal respecto del planteo realizado por ambas partes. Primero se evaluará si corresponde otorgar el beneficio de salidas laborales a Alfonzo, ya que aún no alcanzó el tiempo de cumplimiento de la pena que le permita lograr salidas transitorias.

En el caso de que se considere hacer lugar al pedido, se analizará si se consulta a la joven que fue víctima de explotación sexual respecto de tal cuestión.

Claro que este no es el único derecho que tiene la víctima, sino otros que se deberían estar cumpliendo, como recibir “medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés”, así como tener “asistencia especializada que favorezca su recuperación psíquica, física y social”, según lo publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El juicio a Alfonzo transcurrió en febrero de 2014 y terminó en la condena de 10 años de cárcel, que cumple en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

En el debate y en la sentencia quedó claro que la organización que encabezaba el otrora conductor de radio y publicista se sostenía de la captación de menores en estado de vulnerabilidad y de la organización de eventos en los que clientes pagaban altas sumas de dinero para violar a las adolescentes, muchas de ellas menores de edad.

También se demostró que el hombre gozaba de una impunidad que le permitió captar menores para que sean supuestamente promotoras y ganarse unos pesos para no pasar tantas necesidades. Esa era la puerta de entrada para caer en la droga y prostitución.

La declaración de la víctima fue fundamental para conocer la verdad, al recordar la promesa de trabajo por parte de Alfonzo y que una noche debió ir a un departamento y la obligó a quedarse ahí, donde la explotaba sexualmente con hombres, y la llevaba, junto a otras chicas, a fiestas privadas en quintas.