Por Juan Cruz Butvilofsky

(De ANÁLISIS)

Los abogados Milagros Serra Cullen y Emilio Fouces alegaron la defensa del exconcejal Pablo Hernández alrededor de dos horas frente al Tribunal compuesto por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El pedido de los representantes legales se basó en "orfandad probatoria" e irregularidades en algunos de los procedimientos, principalmente el allanamiento del 2 de mayo del 2018 en el domicilio de Lemos. 

"Pedimos la absolución lisa y llana de Pablo Hernández. No pedimos nada subsidiariamente porque nosotros no tenemos que abrir el paraguas respecto a ninguna conducta de Hernández. La fiscalía no ha podido ni siquiera tocar el estado de inocencia de Hernández", fustigó Fouces.

El comienzo del alegato defensivo estuvo a cargo de Serra Cullen que intentó derribar la teoría del caso de fiscalía prueba por prueba. Primero buscó rechazar la idea de que Hernández sabía que Daniel Tavi Celis se dedicaba al narcotráfico y citó la conversación entre el entonces concejal y el lider narco respecto a la publicación de la edición papel de ANÁLISIS "Los tentáculos del Narco" que motivó ese llamado: "'Te ensucian con cosas que no son tuyas Daniel', le dijo Hernández a Celis. En otra conversación, Hernández le dice a Celis 'te soy honesto, desde que te conozco en el año 2010, vi en vos un tipo que peleaba por su barrio, jamás yo vi algo extraño, jamás me contaste nada extraño'". 

"Hernández le dice que la nota de (exconcejal Santiago) Gaitán fue una operación de prensa y Hernández dijo: 'Vos jamás me propusiste nada indecente a mí, en la política tiran con mierda. Con lo poco que te conocí en estos 6 años, jamás vi una conducta despreciable y lo puedo gritar a los 4 vientos. A ver Daniel nadie desconoce que trabajaste en la campaña e hiciste un aporte importante en el barrio. Es la malicia de esta gente que vende la información como se le canta las pelotas', le dijo Hernández a Celis", aseguró Serra Cullen.

Después citó la conversación en la que Griselda Bordeira le recriminó haber "metido la droga en el partido" junto al intendente Sergio Varisco. En la continuidad de esa escucha, Hernández le dijo a Bordeira: "Yo desconocía lo que pasó  y vos nunca me dijiste nada, ni en campaña. Vos lo llevabas a comer a tu casa”, citó la abogada defensora.

La defensora aseguró que el acuerdo al que se refirió Celis en un mensaje a su pareja Fernanda Orundes Ayala desde el penal pudo haber tenido que ver con la contratación de la propia Orundes Ayala en el Municipio: "8 años te presté plata, no merezco que me hagas esto y menos con mi gente”, citó Serra Cullen a una conversación de Celis a Hernández y se preguntó: "¿Por qué el mensaje de ‘arreglé con el intendente’ no puede referirse a este pedido de contrato?".

Dijo que las anotaciones tanto del cuaderno de Luciana Lemos como las que tenía el entonces intendente Varisco no coinciden con las escuchas. En reiteradas ocasiones, Serra Cullen aseguró haber tomado en cuenta la totalidad de los cd´s de escuchas y no fragmentos descontextualizados. 

Después se refirió puntualmente al cuaderno de Lemos y el listado de funcionarios involucrados en esas anotaciones: "¿Qué dijo Lemos de este cuaderno? 'Celis me dio ordenes expresas de que no anotara los nombres. Celis se enojaba conmigo en lugar de con los funcionarios. Entonces eso lo escribí yo porque así realmente es. Ese día estaba enojada y por eso puse las cosas como son'", citó la abogada. 

Acto seguido refutó que esas anotaciones hayan sido sustentadas con otras pruebas: "¿Le creemos a Lemos? ¿No le creemos? ¿Les creemos unas partecitas? No, por eso necesitamos más pruebas y necesitamos otra investigación y otro trabajo. Es un delito gravísimo, no estamos hablando de otra cosa. Darle validez a los cuadernos de lemos es algo que hoy en día ha quedado superado".

Pidió la nulidad de la prueba recolectada en el secuestro del celular de Celis que se realizó en la Unidad Penal por haber sido irregular: "El análisis de esta info se hizo violando la constitución nacional que defiende la intimidad personal. Pido la eliminación de la prueba", aseguró tras haber enumerado paso por paso las actuaciones referidas a dicho secuestro.

Por su parte, Fouces fue muy duro con la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA) y aseguró que la investigación fue ralizada con "mala fe". "La PFA interpretó mal queriendo hacerlo, no pongo en duda la capacidad de los funcinarios, sino que hubo mala fe", fustigó. En esa línea, aseguró que las motivaciones fueron políticas sin especificar en nombres pero dijo que en esta causa "hubo intereses que excedían los límites de Paraná". 

Además, Fouces calculó el costo operativo de la banda de Celis en base a cifras vertidas por los propios imputados y lo comparó con el dinero que funcionarios de la municipalidad le dieron a Luciana Lemos intentando demostrar que no es posible que se haya configurado del delito de financiación de actividades vinculadas al comercio de estupefacientes. 

Dijo que la acusación se basa "en dos endebles pilares" que son las declaraciones del sargento Carlos Frías y la imputada Luciana Lemos. "Coincido con el fiscal que esta es la causa más importante de la historia de Entre Ríos, no por la cantidad de imputados sino por la gravedad institucional que aparejó. Es justamente la importancia de esta causa la que me hace ver con espanto la liviandad con la que se está llevando adelante la acusación", espetó Fouces. 

Según el abogado, Frías fue la única persona "que se atrevió a decir que los funcionarios financiaban la actividad" y que lo dijo "no por lo que haya visto ni le haya constado, sino por lo que interpreta". "En tres renglones lo sienta al intendente, al concejal, a Bordeira y Viola. Interpreta que el dinero que le daba la municipalidad a Viola o Celis era para comprar material estupefaciente. Que en el momento donde empezaron a recibir ese dinero, ahí empezaron con los viajes de la droga traída de Buenos Aires. Esa es la estructura acusatoria por la que están sentados los cuatro", describió.

Se quejó de que hubo "falta de sentido común y lógica" en la acusación: "No puedo entender que fiscalía haya adquirido el fundamento de Frías. Está sobradamente probado que la actividad de narcotráfico de Celis y Lemos comenzó a principios de septiembre del 2017 y la única entrega de dinero por parte de los funcionarios que está comprobada en la causa es de abril del 2018, es decir, ocho meses despues".

Y aclaró: "Esa entrega no estuvo probada por la PFA sino que el propio Hernández la reconoció. Si fuera por la PFA estaría probado 0 pesos de entrega. Osea que con esos 20 mil pesos posibilitó un negoció de $2.000.000 semanales que viene desarrollándose ocho meses antes ¿Cuál era el ánimo de lucro de Hernández? ¿Para qué se iba a meter Hernández sin ganar nada? Testigos dieron cuenta de la calidad de vida del señor Hernández, un tipo humilde".

"Ahora ¿un financista de narcotráfico que viva en las condiciones de Hernández? Es una cuestión de sentido común", advirtió

Aseguró que Hernández le dio la plata a Lemos ese 27 de abril por dos motivos: "Para ayudar a quien fue su amigo y estaba pasando un momento complicado mientras estaba detenido con nueve hijos afuera y para evitarse problemas porque a ese momento, ya habiendo declarado como testigo en la causa de la narcoavioneta, era escrachado y difamado como narcotraficante". 

"La PFA nunca quiso investigar a los políticos, porque sabía que iban a pasar un papelón. Generaon el estado de sospecha en base a interpretaciones de tercera personas, porque no hay ningún dialogo propio de estos protagonistas. Frías estuvo cinco días tirado en el barro para ver si llegaba la avioneta y con respecto a Hernández sólo tiene interpretaciones. 'No teníamos tiempo', fue la respuesta que me dio Frías. Tenían la escucha directa de una entrega de un kilo y pico de cocaína de la mayor proveedora de droga de la zona a un concejal y no tuvieron tiempo de hacer el seguimiento. Es una vergüenza la labor de la PFA", expresó.

Para finalizar, aseguró que si bien la instancia superior confirmó los procesamientos recordó que instó a la instrucción a que amplíe la prueba para poder pensar en una condena: "¿En qué se profundizó después de esto? En nada". 

Pidió la nulidad del acta de allanamiento del domicilio de Celis donde vivía Lemos el 2 de mayo del 2008 porque "es un monumento a la irregularidad" dentro de la cual destacó la presunta falsificación de la firma de los dos testigos civiles. 

Además, dijo que los testigos no iban a declarar en contra de la PFA porque en los minutos previos de ser testigos uno de ellos fue tirado al piso como si hubiese sido integrante de la banda, algo que fue confirmado por el propio testigo durante el debate: "Despues de ese amable recibimiento de la PFA fueron testigos civiles. Absolutamente viciadas la voluntad de esas personas".

Los otros alegatos

Este viernes ocurrieron también los alegatos defensivos de los hermanos Ghibaudo, Alan Viola y Sergio Baldi. Este último fue defendido brevemente por su abogada Marta Böhm quien no se explayó demasiado para solicitar su absolución y se limitó a decir que su defendido no compartió pabellón con Celis al momento de la planificación de la llegada de la avioneta. Cabe recordar que a Baldi lo señala otro imputado, Marcos Velázquez, como el que le propuso buscar campos en distintos puntos de la provincia para una pista clandestina. 

Otro alegato corto fue el del abogado Juan Pablo Temón, abogado del exinspector de Tránsito Alan Viola. Su defendido es acusado de financiar actividades vinculadas con el narcotrafico siendo uno de los interlocutores del acuerdo entre Varisco y Celis celebrado en septiembre del 2017: "De todas las escuchas no surge con claridad que mi defendido haya cumplido los encargues que le hacía Celis, aunque no lo haya hecho por diversos motivos, el no cumplía con sus pedidos. No surge que mi defendido haya recibido dinero ni haya trasladado dinero". Pidió la absolución de Viola.

La que si detalló más su defensa fue Cintia Duarte, abogada defensora de los hermanos Omar y Raúl Ghibaudo, propietarios del campo donde aterrizó la avioneta con 317 kilogramos de marihuana. Sostuvo que ellos desconocían que la avioneta traía droga y que siempre sostuvieron la misma posición durante el proceso judicial. 

Aseguró que sus defendidos llegaron al lugar ya con la avioneta descargada y que no hubo tiempo para reclamos ya que la PFA procedió casi de inmediato. Apuntó contra Luis Céparo -el contacto entre Celis y los Ghibaudo- quien cambió su declaración para incriminar a los Ghibaudo. 

Pidió la absolución de ambos pero en carácter subsidiario solicitó que se le cambie la carátula si es que el tribunal considera que sus defendidos cometieron un ilícito y que en tal caso haya una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Además, cargó contra los fiscales por hacer mención a una cuestión personal que surgió de las comunicaciones. 

Las audiencias continúan el lunes, a partir de las 9 de la mañana, jornada donde está programado el fin de la ronda de alegatos y si el tiempo lo permite se dará lugar a las réplicas y dúplicas de cada una de las partes.