La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el viernes 14 de febrero y desde entonces todos los días se suma un juez, un fiscal o un secretario judicial a la lista de renunciados,  pues no quieren perder el principal beneficio que tienen hoy: percibir una jubilación con el 82% móvil del último sueldo como juez.

El proyecto que envió el Gobierno prevé que los jueces que se jubilen de aquí en adelante percibirán el 82% móvil, pero del promedio de su salario de los últimos 10 años, ajustado, además, por un índice que no está especificado en el texto legal. Nadie quiere arriesgarse y cortan por lo sano. Los jueces en actividad de más de 60 años y con la jubilación concedida prefieren irse ahora antes que perder después.

El proyecto oficial prevé otras modificaciones: el aumento de la edad jubilatoria de los 60 a los 65 años y el aumento de los aportes. Actualmente, los jubilados del régimen general aportan el 11% de su sueldo. Los jueces aportan el 12% sin tope, pero el proyecto eleva esa cifra al 18%.

La reacción institucional de los jueces fue de rechazo, enfático y público. Ahora trabajan tratando de sensibilizar a los legisladores del oficialismo y la oposición para que sean permeables a introducir cambios en el proyecto. El oficialismo exhibe dureza, a tal punto que cuando los jueces conversan ahora con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, no encuentran la misma apertura que hace una semana.

Los jueces dicen que están dispuestos a ceder en la edad jubilatoria y en el aumento de aportes, pero es posible que ya sea demasiado tarde. La agenda legislativa prevé que el próximo miércoles el proyecto entre en comisión y que el jueves pueda ser tratado en el recinto.

Por ahora, los jueces confían en la palabra de Julio Piumato, el líder del gremio de empleados judiciales, que les jura que la norma no llegará a aprobarse. Pero hay dudas y algunos prefieren renunciar ahora.

Ante la avanzada del Gobierno, el gremio de los judiciales convocó el jueves 27 a un cese de actividades desde las 10 de la mañana y a una movilización nacional con concentración en el Palacio de Tribunales, bajo la consigna "en defensa de una jubilación igualitaria".

En la Procuración ya se formalizaron las renuncias de Marcelo Retes, Marcela Sánchez y Mario Sabas Herrera, entre otros. Sin embargo, la preocupación llegó al punto de que en el área de recursos humanos de la Procuración se recibieron consultas  de otros 38 fiscales que están viendo con sus abogados si les conviene irse ahora o esperar. La actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño, renunció a su cargo de fiscal en enero, mucho antes de que se trazara el proyecto. Prefirió cobrar la jubilación y trabajar ad honorem en la AFI.

En la Cámara de Casación hay caras largas. Ya renunció la secretaria de Jurisprudencia y al menos cinco de los camaristas, casi la mitad, tiene la jubilación acordada y analiza qué hacer. Hay al menos tres jueces de tribunales orales federales y ordinarios que están evaluando también si renuncian.

En total, son 300 los magistrados que tienen la edad para jubilarse y ya dicen - medio en broma y medio en serio- que la semana próxima se encontrarán haciendo la cola en la puerta del Ministerio de Justicia, para renunciar. Otros, como Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal, y en la mira del Gobierno, prometen quedarse.